El auge del cohecho internacional obliga a las empresas a mejorar sus programas de ‘compliance’ y a estudiar mejor sus riesgos

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, recordó este jueves el papel fundamental que desempeña la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE) en la lucha contra el cohecho internacional: “Es muy importante saber qué camino ha transitado el delito de cohecho internacional para poder combatirlo”. También avisó que la Fiscalía Anticorrupción internacional es la que investiga los delitos de cohecho internacional.

Juristas de diferentes empresas y sectores abordaron tanto esta problemática como otros temas relacionados con la corrupción en mercados de riesgo, en un encuentro celebrado en Madrid y organizado por la firma Círculo Legal y la red internacional In Law Alliance of Lawfirms.

Felipe García, socio director de Círculo Legal, comentó que «es evidente, como se ha visto en los debates de estas jornadas, que el rol del compliance officer a la hora de analizar y detectar riesgos para sus organizaciones es clave en este tipo de negocios internacionales de riesgo, analizando algunas metodologías que se vienen utilizando donde parece hasta lógico realizar ciertos pagos en países como Angola, Camerún o Brasil. Eso se conoce y son normas no escritas”.

Desde su punto de vista, el papel de estos profesionales de cumplimiento en las empresas privadas y públicas es estratégico: “A través de sus informes podemos conocer realmente el grado de riesgo que hay por encima de la media a la hora de hacer negocios en determinados países. En el caso de que se impute a un directivo de la firma y tenga sus créditos sindicados, se pueden resolver las pólizas de préstamo y de financiación. Eso supondría que esa empresa pudiera colapsar en 24 horas por corrupción”.

Este jurista aclara que “en este tipo de situaciones, el Banco Mundial está atento para evitar este tipo de situaciones y muchas multinacionales pueden tener un problema serio. Ahora habrá que ver el funcionamiento de la AMLA, Agencia Antiblanqueo, al que optó nuestro país pero que ha acabado por ubicarse en Frankfurt. Esto va a ser como un Gran Hermano, sabemos que habrá tecnología de inteligencia artificial (IA) para filtrar y cruzar datos. Normalmente, si la Audiencia Nacional no imputa por cohecho internacional porque no se puede demostrar, lo hace por blanqueo de capitales porque al final hay movimiento de capitales”.

Alejandro Luzón explicó el papel de la Audiencia Nacional en la tramitación de estos asuntos. (Imagen: Círculo Legal)

Qatargate, un precedente

El tema del cohecho fue de plena actualidad en el ya famoso Qatargate. El escándalo de corrupción de Qatar en el Parlamento Europeo, llamado por la prensa Qatargate, Moroccogate o Marocgate, es el escándalo político de 2022 en el que se alega que políticos socialistas, miembros del personal político, cabilderos y sus familias recibieron pagos indebidos del estado de Qatar, Marruecos y Mauritania a cambio de influencia en el Parlamento Europeo.

Las autoridades belgas, italianas y griegas llevaron a cabo una operación policial el pasado 9 de diciembre de 2022, que resultó en la incautación de más de 600.000 euros en efectivo, ordenadores y teléfonos móviles, y la detención de ocho personas, cuatro de ellas acusadas de corrupción, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

Aquella noche, tanto la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, como otros implicados en la trama durmieron en prisión, donde permanecieron varios meses.

Según ha podido confirmar Economist & Jurist, un año y medio después de aquella jornada de infarto y de semanas de titulares sobre sobornos e injerencias de potencias extranjeras –el asunto afectaba a Qatar pero también aparecía Marruecos–, el escándalo permanece en barbecho y ha desaparecido de la conversación pública, incluyendo de la tradicional trifulca partidista preelectoral.

Para García, “muchos de esos sobornos salen de cajas negras. En España, estos temas pasan por la Fiscalía Anticorrupción que dirige el fiscal Alejandro Luzón, quien estuvo en este evento explicando de forma práctica este tipo de delitos y cómo funciona esta fiscalía con otras de distintos países para, a través de la cooperación internacional, frenar esta lacra. Si un directivo soborna en Panamá o Brasil, va a ser juzgado en la Audiencia Nacional y la personación de la acusación pública será a través de esta Fiscalía Anticorrupción”.

A lo largo de este evento, expertos juristas de diferentes organizaciones expresaron la necesidad de seguir implementando mecanismos de control e invertir en planes de compliance efectivos para luchar contra la corrupción. “Durante los años de la crisis de la zona euro, muchas empresas españolas, algunas de ellas sin ninguna previa experiencia internacional, se lanzaron, empujadas por la necesidad, a la búsqueda de mercados nuevos en las economías emergentes y se encontraron con escenarios empresariales donde la corrupción era la regla de oro para el acceso a los grandes contratos, especialmente a los contratos públicos”, recordó el socio director de Círculo Legal y presidente de In Law Alliance of Lawfirms, Diego Cabezuela, en el discurso inaugural de la jornada.

Mesa de debate donde Felipe García conversó con Néstor Aparicio, presidente de la World Compliance Association, y Edmundo Bal, abogado del Estado. (Imagen: Círculo Legal)

Ante esta situación de clara desventaja en los llamados ‘mercados de riesgo’, el experto se muestra optimista y afirma que han empezado a “encenderse algunas luces importantes” gracias a iniciativas de la banca y determinados gobiernos “deseosos de deshacerse de la lacra” de la corrupción: “Queda un largo camino por recorrer; ninguna norma jurídica puede desterrar este problema de la noche a la mañana, pero es un hecho que se debe y se puede competir y triunfar en los negocios desde la ética y la legalidad, incluso en estos mercados difíciles”.

En este sentido se ha pronunciado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien ha señalado la importancia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “pieza clave” en la lucha contra el cohecho internacional.

“Se trata de un organismo que está muy pendiente de los programas de compliance de las empresas”, ha explicado Luzón, quien recuerda que “es muy importante saber qué camino ha transitado el delito de cohecho internacional para poder combatirlo”.

Un complicado clima internacional

En la primera parte del evento también intervino la diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Teresa Mínguez, quien puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha nuevos “mecanismos de control”, al considerar que la corrupción “dice mucho de la ética de un país y de sus ciudadanos; ya que va más allá de un soborno a un funcionario y se debe mirar desde una perspectiva global y desde su impacto económico y ético”.

Del mismo modo, el presidente del ICEX Alumni, Félix García Giralda, recordó cómo, al entrar en el mercado internacional, las empresas deben ser conscientes de que cada jurisdicción regula y fiscaliza de forma diferente, por lo que siempre han de evitar operar bajo un clima de incertidumbre: “Desconocer la legislación de un mercado puede convertir una oportunidad de negocio en una ruina”.

En la primera de las mesas redondas de este encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio Cecabank de Madrid, se abordó la dificultad de hacer negocios cumpliendo las leyes en mercados de riesgo. En esta conversación, moderada por el abogado y socio director de Círculo Legal, Felipe García, se puso en valor la función de cumplimiento en el estudio y análisis de este tipo de negocios internacionales en países de riesgo, destacando los distintos roles que tienen los compliance officers en los programas de cumplimiento a la hora de estudiar estos negocios jurídicos internacionales.

Diego Cabezuela explicando el origen de estos negocios fraudulentos en la crisis inmobiliaria de 2008. (Imagen: Círculo Legal)

García manifestó que hay compliance officers que autorizan o no este tipo de contratos, incluso con capacidad de veto, pero que la mayoría de los compliance officers solo informan al órgano de gobierno sobre los riesgos que se asumen, teniendo que analizar las leyes, costumbres, recomendaciones de la OCDE y las normas no escritas en el país donde se vaya a ejecutar el contrato.

Edmundo Bal, abogado del Estado y presidente de la plataforma Cree, destacó su experiencia en este tipo de procedimientos penales, diciendo que “el compliance officer no debe tener responsabilidades ejecutivas para poder tener independencia empresarial y técnica real, y hacer de ‘policía’ dentro de su propia compañía”.

El director general de la World Compliance Association (WCA), Néstor Aparicio, aportó otro punto de vista al asegurar que el verdadero líder del compliance dentro de una empresa debe ser su CEO: “Su autoridad no puede depender de los resultados de la compañía y de cómo van las ventas. El compliance officer no mitiga riesgos, los controla”.

Acto seguido, se abordaron los indicadores de riesgos del cohecho internacional en una segunda mesa redonda integrada por el director de cumplimiento y riesgos de Ferrovial, Pedro Montoya, la directora de auditoría interna, cumplimiento y riesgos de Cepsa, Cristina Fabre, y el socio de In Law Alliance, Luis Fernando Rincón, quienes lanzaron un mensaje claro: “No deben condenarse ni determinados sectores ni países”, pues el fraude y la corrupción existen cuando se dan elementos de motivación alrededor del dinero y la codicia.

“Hay que conseguir que la empresa tenga una cultura de compliance real, no solo los nueve primeros meses del año para después desatenderla los últimos tres meses para cuadrar cifras”, critica Fabre, y añade: “El compliance ha de ser preventivo, detectar y gestionar esas oportunidades para realizar delitos de corrupción”.

Julio Bacio, de la OCDE, por su parte, destacó que, si bien España obtiene los mejores resultados en el cumplimiento de conflicto de intereses, todavía tiene un largo camino por recorrer y debe colaborar con el sector privado para establecer políticas adecuadas, pues considera que “no existe una estrategia de anticorrupción definida en el ámbito del soborno nacional”.

El cierre de la jornada corrió a cargo del vicepresidente de In Law Alliance, Francisco Santillán: “Aquellos que dicen ‘vamos a acabar con la corrupción’ o van a sacar a relucir los réditos de la corrupción o serán cómplices tolerantes con esas prácticas corruptas. Esa forma de proceder no puede ser un proceder generalizado”.