La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ve «inadmisible» ser directivo público sin ser funcionario

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ve «inadmisible» ser directivo público sin ser funcionario y reivindica la autonomía de la Agencia Tributaria en materia de Recursos Humanos. Así lo ha señalado en un comunicado publicado hoy, en el que muestra su «preocupación» por dos órdenes publicadas en el BOE el pasado 30 de abril por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, por «traslucirse vulneración de las competencias de la AEAT y un peligro claro de politización de las condiciones que se exigen para acceder al puesto de directivo público».

Una de ellas es la orden TDF/380/2024, con normas y directrices sobre la elaboración de los planes e instrumentos de planificación estratégica de RRHH en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). Esta asociación considera que, «de acuerdo con la norma de creación de la AEAT (Ley), existe una autonomía para la elaboración y aprobación de su oferta de empleo público, así como para el régimen de acceso a los cuerpos, escalas y especialidades que se le adscriben, autonomía que se vulnera por la normativa recientemente aprobada».

La otra es la orden TDF 379/2024 sobre regulación de la figura del directivo público profesional, en desarrollo de lo que contempla el Real Decreto-ley 6/2023. La IHE denuncia que «no es admisible que se utilice la figura del Real Decreto-ley para la regulación de una cuestión tan importante como es la reforma de la Función Pública, y con ello, la figura del directivo público». «No sólo no hay razones que justifiquen la extraordinaria y urgente necesidad para la publicación de una norma de este calado, tal y como exige nuestra Carta Magna, sino que con ello se impide el adecuado debate parlamentario», manifiesta.

Además, señala que la figura del directivo público se ha regulado «sin cumplir los estándares mínimos de la OCDE en materia de dirección pública, pues no sólo deja fuera a quienes tienen la categoría de directores generales, secretarios de Estado o subsecretarios, que podrán seguir siendo nombrados con arreglo a criterios políticos y no técnicos, sino que amplía aún más el abanico de la politización de la Administración al contemplar como directivos a quienes tienen el rango de subdirector que ahora, podrán también ser elegidos entre personas que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial, algo inédito en nuestra Administración pública».

Entrevistas y un cuestionario de “autoevaluación”

En cuanto a la forma de elección y requisitos que se exigen para ser directivo público, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado juzga «muy negativamente» que el acceso a estos puestos se haga a través de entrevistas y de un cuestionario de “autoevaluación”. A su juicio, «dará lugar a la arbitrariedad en la selección de quien va a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la Administración pública».

También considera «inadmisible» que el marco básico de competencias para este personal directivo «sean capacidades en las que no se aprecia la necesidad de especialización que, por ejemplo, debería exigirse sin duda alguna en el ámbito de los puestos directivos de la Administración tributaria (Agencia Tributaria, Dirección General de Tributos y Tribunales Económico-administrativos)». «En definitiva, nada de claridad, especialización y concreción y mucha opacidad en los criterios que se exigen para ocupar cargos directivos», sentencia.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado advierte que «una vez más observa que España se aleja de la necesaria objetividad y preparación que deben tener nuestros funcionarios y quienes ocupen los puestos de mayor responsabilidad en nuestra Administración y, en particular, en la Administración tributaria, pudiendo entrever ya que la reforma de la función pública va encaminada hacia una desprofesionalización y una absoluta falta de competencia, lo que va a generar un retroceso en la prestación de los servicios públicos y una desconfianza de los ciudadanos en nuestras instituciones públicas».

Esta asociación también ha alzado la voz contra la ley de amnistía. Está entre los firmantes del Pacto de Profesionales en defensa del Estado de Derecho, suscrito por jueces, fiscales y empleados públicos en contra esta ley, que han denunciado en el Parlamento Europeo el «peligroso antecedente» de amnistiar la corrupción.