Solicitud de adopción de medidas judiciales de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y constitución de curatela contra la madre

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Que debo ESTIMAR y ESTIMO íntegramente la Demanda interpuesta y, en consecuencia:

1- DESIGNO como medida de apoyo judicial para el adecuado ejercicio de la capacidad jurídica de DOÑA ESTELA la CURATELA REPRESENTATIVA, en el aspecto personal, asistencial, así como jurídicoadministrativo-económico, contractual y patrimonial de la demandada.
2- DESIGNO como CURADOR a su hijo DON PEDRO habida cuenta que es la persona más idónea para ello, sin que conste estar incurso en causa de inhabilidad y habiendo aceptado el mismo este cargo que de común acuerdo han decidido entre los tres hijos de la demandada.
El curador intervendrá en los siguientes ámbitos y con la siguiente extensión:
a- Asistirá al discapaz en los siguientes actos:
b- en el ámbito ECONÓMICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO y CONTRACTUAL:
-para conocer su situación económica,
-para tomar decisiones de contenido económico: seguimiento efectivo de sus cuentas,
de sus ingresos, gastos, etc.
-para administrar sus ingresos, incluso manejo de dinero de bolsillo.
-para realizar actos de carácter económico o administrativo complejos como
préstamos, enajenaciones, donaciones, etc…
c- en el ámbito de la SALUD, para consentir la realización de intervenciones quirúrgicas.
d- REPRESENTARÁ al discapaz en el ámbito de la SALUD:
a- para consentimiento de tratamiento médico.
b- para suministro de medicación pautada.
El curador tomará posesión de su cargo ante la Letrada de la Administración de Justicia de
este Juzgado.

1- En el ejercicio de la curatela, estará obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar apoyo, a desempeñar las funciones encomendadas con la diligencia debida, a respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, a procurar que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio deseo de toma de decisiones.
2- El curador informará al Juzgado sobre la situación personal y patrimonial de la persona con discapacidad afectada por la medida de apoyo, cada año y, además, siempre que sea requerido al efecto.
3- Esta medida de apoyo será revisada en el plazo de 3 años, sin perjuicio, de que proceda en otro momento anterior dicha revisión ante cualquier cambio de la situación del discapaz, que pueda requerir un cambio en dichas medidas.

No procede realizar pronunciamiento sobre costas.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
PRIMERO. -El artículo 249 del Código Civil modificado por el artículo segundo de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica dispone que: “Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y
valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación.

La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera”

Además de la entrevista con la persona presuntamente afectada de discapacidad ordenada por el artículo 759 de la L.EC modificado en virtud de artículo cuarto de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad , es preciso que el Juzgado investigue diligentemente acerca de la enfermedad que se afirma padece la persona sobre la que se instan medidas de apoyo, disponiendo el
número 3 de dicho precepto que el Tribunal :
“Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la Demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho dictamen preceptivo se contará en todo caso con profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, y podrá contarse también con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso”.

SEGUNDO– Teniendo en cuenta esto y con base en el dictamen emitido por la Médico Forense adscrita a este Juzgado de fecha de 4 de Enero de 2024 que determina que la demandada de 84 años de edad, está diagnosticada de “deterioro cognitivo senil con patología soática asociada. Tal condición es crónica y sin posibilidad de recuperación o reversión”, de modo que necesita asistencia, ayuda y guía importante de terceros o institución para su cuidado y el de sus intereses, teniendo afectada su capacidad intelectiva y volitiva, por lo que es procedente adoptar medidas de apoyo en función de su grado de discapacidad a fin de evitar que pueda ser víctima de personas no escrupulosas moralmente y ello, conforme a lo solicitado por los demandantes y el Ministerio Fiscal, en atención a la grave enfermedad que padece y, en aras a lograr una mayor protección de la misma.

Circunstancias que han quedado acreditadas además a través de la exploración judicial de la demandada realizada por esta Juzgadora. Habiéndose especificado en los hechos probados los límites de la capacidad conforme a lo dispuesto en la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España en el año 2008 teniendo además en cuenta la reciente reforma operada por Ley orgánica 2/2018 de 5 de diciembre para la modificación de la Ley orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen electoral general.

TERCERO.- Conforme al art. 760 de la L.E.C. ha de fijarse en la presente resolución las medidas de apoyo en función del grado de discapacidad apreciado. En este sentido es preciso establecer una curatela y el artículo 269 del CC dispone que: “La autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.

En este sentido, es procedente acordar que DOÑA ESTELA, necesita de medida de apoyo judicial que complemente su capacidad, y no existiendo escritura pública de autocuratela, de conformidad con los establecido en el Art 271 del Código Civil, es procedente acordar una medida de apoyo judicial de CURATELA REPRESENTATIVA, tanto en el aspecto personal, asistencial, así como jurídicoadministrativo-económico, contractual y patrimonial, debiendo recaer el cargo en la persona de su hijo DON PEDRO, habida cuenta que es la persona más idónea para ello, toda vez que es quien viene ejerciendo su guarda de hecho desde hace 9 años, sin que conste estar incurso en causa de inhabilidad y habiendo aceptado el mismo este cargo que de común acuerdo han decidido entre los tres hijos de la demandada, pese a la inexistencia de relación entre los demandantes y el hermano propuesto como curador, pero sin que tampoco conste probado que no haya desempeñado su cargo de guardador de hecho de su madre de forma correcta como alegan sus hermanos.

CUARTO– En el caso de autos la medida de curatela representativa es la más acorde a fin de que queden adecuadamente salvaguardados los intereses de la persona discapacitada, requiriendo autorización judicial para los actos a que se refiere el artículo 287 del CC, asumiendo facultades representativas en los actos que se reflejan en los hechos probados de la presente resolución.

QUINTO– Dada la naturaleza de este procedimiento no se hará pronunciamiento sobre costas procesales.