Ruptura entre Gobierno y patronal a cuenta de las pensiones

Las hasta ahora más o menos buenas relaciones entre el Gobierno y la patronal CEOE han saltado por los aires a cuenta del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones. Este mecanismo debe sustituir al factor de sostenibilidad y permitir financiar el gasto extra en pensiones que va a suponer la llegada de jubilados nacidos en el baby boom.

El Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos CC OO y UGT han llegado a un acuerdo a dos bandas que supone un incremento de las cotizaciones de 0,6 puntos de 2023 a 2032. Este incremento se hace de acuerdo con el reparto ahora en vigor de las cuotas sociales, con lo que la empresa abonará 0,5 puntos y el trabajador 0,1.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado tras la consecución del acuerdo que esta medida supondrá un incremento mensual de los pagos sociales “que no llegan a 12 euros”. En este sentido, destacó que con esa cotización extra se pretende recaudar alrededor de 50.000 millones de euros, que servirían para engordar el Fondo de Reserva (conocido como hucha de las pensiones) para costear el sobrecoste previsto al que tendrá que hacer el sistema de pensiones desde 1033 a 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación con más población del país.

El ministro ha subrayado que el incremento de las cotizaciones será “contingente, temporal, finalista”. Considera, demás, que hay margen para este aumento de cotizaciones dado que el coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios españoles está dos o tres puntos por debajo de la media europea. En este sentido, y en un intento por loar lo que opina que son las virtudes del acuerdo, Escrivá ha defendido que el aumento de cotización no dañará la creación de empleo porque “en España no hay un problema de costes laborales”.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (Foto: La Sexta)

Oposición de la patronal

Los representantes de los empresarios tienen una visión totalmente opuesta a la del ministro. De hecho, una de sus reivindicaciones históricas es la bajada de cotizaciones, que según afirman son las más altas de Europa. En un comunicado tras la reunión de su comité ejecutivo se asegura que la medida “va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”.

Redundando en esta cuestión, el vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuevas, ha señalado que actualmente el país está «en un periodo de reactivación» tras la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, por lo que considera que es un «error» esta reforma. «Va en contra de lo que España necesita«, dice y apunta que «al final, la variable que el Gobierno está planteando nunca busca incrementar la actividad económica».

Cuevas, en una entrevista en Onda Cero, ha señalado que el Ejecutivo «pone una barrera durísima al empleo» cuando lo que se debería hacer es «apoyar a la empresa para que se incremente la actividad». Además, defiende que no se pueden mirar los números por separado, sino en un conjunto en el que se suman los 15 euros más del salario mínimo interprofesional, el 0,5% de las pensiones, etc. que al final tiene que pagar la empresa.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. (Foto: Google).

Los empresarios no han sido los únicos que se han opuesto al incremento de cotizaciones. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha señalado en una entrevista en Radio Nacional que el Gobierno ha creado un “impuesto al empleo” con este acuerdo sobre pensiones al que ha llegado con los sindicatos. Justifica esta afirmación en el hecho de que, a su juicio, “a partir de ahora todos los trabajadores van a tener menos renta disponible en sus nóminas debido a la subida de la cotización social», lo que le ha llevado a llamar al incremento de cotización “impuesto por trabajar”.

Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que la reforma genera un agujero futuro anual de “entre el 4% y el 5% del Producto Interior Bruto”. Es decir, unos 50.000 millones. Hernández de Cos instó al Gobierno a presentar medidas de ingresos o de reducción de gastos en el sistema de pensiones “que sean suficientes” tras su intervención en la Convención de la Asociación de Mercados Financieros.

Otros puntos de fricción

La negativa de la CEOE a suscribir el acuerdo para el incremento de las cotizaciones no ha sido el único choque con el Gobierno. Esta es la cuarta vez esta legislatura que se produce una ruptura entre el Gobierno y la patronal. Ya había ocurrido con los reglamentos de igualdad retributiva, la ley del teletrabajo y la última subida del salario mínimo. Sin embargo, llega en un mal momento para el Gobierno. La reforma de las pensiones es uno de los requisitos pactados con la Unión Europea dentro de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación. El cumplimiento de estos requisitos es condición ineludible para que España reciba las ayudas previstas en el Fondo Europeo de Recuperación.

En esta ocasión no va atener foto en Moncloa con todos los agentes sociales. (Foto: Google)

La Unión Europea pide al Gobierno que las modificaciones que haga en pensiones se basaran en el “respeto al diálogo social” y también un mecanismo de equidad intergeneracional que asegure la sostenibilidad de las pensiones. El comunicado publicado por la CEOE rechazando el acuerdo es un duro golpe para el Gobierno. Los empresarios señalan que el Gobierno incumple lo que le pide la UE, porque no es ni diálogo social ni mecanismo eficaz. “Es insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema y necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad”. “Además” resalta,” la propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes”.

Este podría no ser el único punto de desencuentro entre la Patronal y el Gobierno en una cuestión fundamental. Es el caso de la reforma laboral, en la que ha encontrado también la oposición de los sindicatos.

Bruselas exige al Gobierno español que el número de modalidades de contratos que hay en España se queden reducidos a tres: indefinidos, temporales y de formación. Además, incluye la mejora del modelo de negociación colectiva; la regulación de las subcontratas; la actualización del Estatuto de Trabajadores y el diseño de los nuevos ERTE ligados a formación quede publicada en el BOE antes de final de año. En el caso de los nuevos ERTE ligados a formación, los conocidos como RED, pide un informe previo que garantice su sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo bajo distintos escenarios.

Precisamente la propuesta realizada por el Gobierno sobre los ERTE ha sido rechazada con vehemencia tanto por sindicatos como por la patronal. En el caso de las centrales sindicales temen que no se cuente con ellas en los procesos que se abrirán en empresas en dificultades, mientras que los representantes de los empresarios se critica la rigidez que establece la propuesta a la hora de tener que acometer despidos, así como los costes que supone.

Los problemas puestos por ambas partes pueden retrasar la aprobación de la nueva normativa, lo que puede hacer que no esté aprobada por las Cortes el 1 de enero, tal como se ha comprometido el Gobierno con Bruselas.