Igualdad, abogacía y posverdad: que hablen los hechos

Ha pasado más de un lustro desde que el Diccionario Oxford, el más erudito y completo de la lengua inglesa, eligiese como palabra del año el término posverdad, en referencia a las “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Era 2016, el año del Brexit y la victoria electoral de Donald Trump, y apenas 12 meses después aparecía en forma de neologismo en el Diccionario de la lengua española como una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

Recientemente, el Colegio de Abogados de Madrid ha sido testigo directo de uno de esos momentos tan recurrentes en este tiempo, donde la polarización afectiva convierte cualquier debate en una batalla cultural entre bloques y el rechazo hacia quienes tienen opiniones distintas impide el intercambio de ideas, fomentando a un lado y a otro la cultura de la cancelación. El ruido generado antes, durante y después de la participación de la ministra de Igualdad en el Foro Justicia del ICAM ha alejado la discusión de unos hechos que vale la pena recordar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el Foro Justicia del ICAM (Foto: ICAM)

La igualdad, consagrada constitucionalmente, es un pilar básico del sistema democrático y del Estado social y de derecho, y se configura como uno de los valores superiores cuya vigilancia y garantía de cumplimiento incumbe a los poderes públicos.

Como referente de la sociedad civil, la Abogacía está implicada al máximo en la consecución de la igualdad de oportunidades y en la conciliación familiar efectiva. Por ese motivo, en 2018 se constituyó en el ICAM una Comisión Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión que viene trabajando de forma incansable para lograr ese objetivo.

La presencia de las mujeres en la abogacía es mayoritaria en la base, pero siguen sin estar representadas de forma igualitaria en los estratos superiores, donde apenas ocupan el 20% de los puestos de mayor responsabilidad

Fruto de ese esfuerzo, en febrero de 2019 vio la luz el primer Plan de Igualdad de Género para la abogacía de Madrid, un proyecto pionero en la abogacía institucional de nuestro país que incluye 17 medidas concretas para combatir la discriminación y potenciar las buenas prácticas en materia de igualdad tanto internamente en la Institución como en el ámbito del sector legal. Entre otras actuaciones, incluye el establecimiento de un Sello de Buenas Prácticas en Igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de la abogacía que, hasta la fecha, ha sido otorgado a 18 despachos y departamentos jurídicos de empresa que se han distinguido por mantener una correcta relación en materia de igualdad con sus profesionales. También se puso en marcha el Premio del ICAM al compromiso con la igualdad, que anualmente reconoce a las personas físicas o jurídicas que más han destacado en este ámbito, y que en sus tres primera ediciones ha recaído en el Cuerpo de la Guardia Civil, en la patronal madrileña CEIM y en la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Como en el resto de profesiones jurídicas, la presencia de las mujeres en la abogacía es mayoritaria en la base, pero siguen sin estar representadas de forma igualitaria en los estratos superiores, donde apenas ocupan el 20% de los puestos de mayor responsabilidad. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es un derecho y una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y sin embargo no hay una regulación legal plena que garantice ese derecho a los y las profesionales de la abogacía en su ejercicio ante los tribunales.

(Foto: E&J)

Ante la ausencia de modificaciones legislativas más garantistas, el Colegio de Abogados de Madrid lleva tiempo proponiendo la aprobación de un Protocolo de Buenas Prácticas, de implantación en la Comunidad de Madrid, a efectos de promover y facilitar la adopción de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional mediante acuerdos suficientes y homogéneos y a fin de alcanzar la efectividad de los derechos y garantías reconocidos en nuestra normativa a favor de nuestras colegiadas y colegiados. El texto, elaborado en 2020, se ha vuelto a remitir recientemente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Desde hace nueve años, el ICAM convoca anualmente la Cumbre de Mujeres Juristas, en cuyas conclusiones se incluyen medidas y propuestas concretas tendentes a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además, el Colegio de Abogados de Madrid ha estado siempre muy implicado en la lucha contra la violencia de género, siendo una prioridad en la formación impartida por la institución, especialmente entre quienes están adscritos al Turno de Oficio.

Esta es la realidad de una institución y una Junta de Gobierno comprometidas con la necesidad de avanzar en igualdad, convencidos de que la defensa de los derechos de las mujeres es la defensa de los derechos de la sociedad.

Cesado el ruido, que hablen los hechos.