Alberto García Barrenechea, nuevo decano de los procuradores de Madrid

El Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) ha renovado su Junta de Gobierno después de las elecciones celebradas ayer. La candidatura encabezada por Alberto García Barrenechea como decano, y Carmen Giménez Cardona como vicedecana, se hizo con la victoria.

Según los datos facilitados por el propio Colegio, de los 690 votos emitidos de un censo total de 2.080 electores, la candidatura encabezada por Alberto García y Carmen Giménez obtuvo el respaldo de 492 votos, el 71,58% de los sufragios, frente a la de Luis de Argüelles, que alcanzó 198 votos, un 28,3% del total.

Alberto García sustituye en el cargo a Gabriel María de Diego, que cuenta con una larga trayectoria en el ICPM, ya que ha sido durante siete años decano más, con anterioridad, tesorero de la institución los ocho años anteriores.

Una vez conocido el resultado de las elecciones, De Diego ha dado la enhorabuena y su reconocimiento a la otra candidatura, y ha agradecido a los procuradores madrileños «haber acudido a votar para lograr, entre todos, una mejor procura”. En su mensaje, ha señalado que “este colegio lo hacemos todos. Ahora más que nunca hay que defender esta profesión.” Añadió que para él ha sido “un honor y un orgullo haber formado parte durante 15 años de un equipo y un proyecto excepcionales.”

La nueva Junta de Gobierno ha anunciado que defenderá prioritariamente el arancel, creará un Fondo de Contingencia para ayudar a los profesionales en situación de necesidad, y consolidará la buena situación económica del colegio, entre otras iniciativas.

Carmen Giménez Carmen Giménez y Alberto García. (Foto: ICPM)

Arancel mínimo

Precisamente esta semana el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad el informe al proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 1373/2003 por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, que fija un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite mínimo.

El proyecto de Real Decreto persigue adecuar el Ordenamiento interno español a la normativa europea, en respuesta a las objeciones que la Comisión Europea ha formulado en el procedimiento de infracción 2015/4062 acerca del vigente sistema de aranceles de la procura, al considerar que la existencia de un arancel de mínimos con un margen de descuento como el vigente en España constituía una restricción a la libre prestación de servicios sin amparo real en supuestas razones imperiosas de interés general como la protección de los consumidores o la buena Administración de Justicia.

La supresión de los aranceles mínimos y la estipulación de un techo máximo de 75.000 euros ha puesto en pie de guerra los procuradores, ya que consideran que esto va a deteriorar una situación que a su juicio ya es mala. Varios colegios de procuradores, entre los que están los de Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana, han expresado públicamente su rechazo al nuevo sistema de aranceles.

Una de las cuestiones en las que más inciden es que en los últimos 19 años, los aranceles han permanecido congelados, cuando la inflación ha subido un 44,5% (de febrero 2003 a febrero 2022). «Es inasumible introducir ahora modificaciones a la baja sin aplicar previamente, como mínimo, una actualización de los aranceles en base al IPC oficial», denuncia la procura gallega, mientras que el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores ha destacado que “el trato que pretende darnos el Ministerio de Justicia es absolutamente injusto y denigrante, puesto que el mantenimiento de los topes máximos y la eliminación de los mínimos, de hacerse realidad, contribuirá a deteriorar un mercado que ya lo está desde hace muchos años”.

Asimismo, señalan que de seguir adelante con la normativa se pone en duda la garantía de la prestación del servicio del procurador con una mínima calidad y la cobertura de los gastos de funcionamiento de cualquier profesional. A este respecto, el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña ha pedido que “se apruebe una nueva regulación completa de los aranceles. Para ello, el Ministerio tiene que reformularlos, tanto en lo que se refiere a sus rúbricas como en sus diversos conceptos, para que resulten adecuados a la realidad actual y lo sean con la debida consideración hacia los profesionales de la procura y los ciudadanos para que puedan recibir un adecuado servicio profesional”.