Reforma de la Lecrim en materia de prisión provisional

La norma se centra en el concepto de excepcionalidad de la prisión provisional. Así deberán concurrir los siguientes requisitos (artículo 503):

a)      Que la pena prevista para el hecho imputado supere los dos años de prisión o bien inferior si tuviera antecedentes penales

b)       Que en la causa aparezcan motivos  bastantes para creer responsable criminalmente del delito

c)       Que se persigan con la medida los siguientes fines:

–          asegurar la presencia del imputado en el proceso. Así se acordará la prisión provisional para  aquellos que no hayan comparecido en los dos años anteriores después de dos requisitorias

–          evitar  la ocultación alteración, o destrucción de pruebas

–          evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (casos de violencxia doméstica)

–          evitar el riesgo de nuevos hechos delictivos

Duración (artículo 504):: Se limita la duración máxima a 2 años (delitos con penas superiores a tres años de privación libertad) y 1 año (delitos con penas igual o inferior a tres años de privación libertad), atendiendo a los requisitos mencionados anteriormente. Cabe que el juez prorrogue los anteriores plazos a  2 años y 6 meses más, respectivamente, si se estimare que no podrá ser juzgada la causa en estos plazos. La prisión provisional será  de 6 meses como máximo si el único riesgo es la ocultación de pruebas por parte del imputado.

Procedimiento (artículo 505 a 507): La prisión provisional sólo podrá ser acordada  a instancia del Ministerio Fiscal o parte acusadora, y previa celebración de audiencia en las 72 horas siguientes  desde la puesta a disposición judicial del detenido. En la audiencia se oirá a las partes, Ministerio Fiscal y se practicarán las pruebas pertinentes. La resolución acordando prisión provisional adoptará forma de auto, motivado. El auto será apelable, en los términos del 766 (procedimiento abreviado)

Por último, en cuanto a las modalidades de prisión provisional se mantiene la atenuada y se reforma la incomunicada en los artículos 509 y 510, con una duración máxima de 5  días, prorrogables a otros cinco para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia las personas presuntamente implicadas, que se oculten, alteren o destruyan pruebas  o que se cometan nuevos hechos delictivos