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Proyecto de Ley de Acceso a la profesion de Abogado y Procurador

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Proyecto de Ley de Acceso a la profesion de Abogado y Procurador

El Congreso se estructuró en varias mesas redondas que abordaron temas cruciales para el arbitraje. (Imagen: ICAB)



 

Para evitar una oposición firme del colectivo de estudiantes de Derecho en España a la nueva norma sobre acceso a la profesión, la Proposición de Ley contempla a través de su Disposición Transitoria Segunda un período de cinco años en los que no será necesaria la obtención de la citada acreditación de capacitación profesional para ejercer como abogado.



Los representantes de CREDE rechazan la tramitación y aprobación de una norma que, entre otros aspectos, supondría un atentado a la autonomía universitaria, ya que serían los Colegios de Abogados los encargados de llevar a cabo el Curso que serviría para el acceso a la profesión.

Asímismo, los estudiantes de Derecho españoles no entienden el porqué ahora se quiere aprobar una Ley de Acceso a la profesión que establece una prueba y un Curso que se pondrían en marcha en un período de cinco años vista, cuando en estos momentos se discute la convergencia de la universidad española con el especio europeo de enseñanza superior y la consiguiente transformación de los Planes de estudio ahora aplicados.

Hay que recordar  (ver E & J NÚM 72) que la Proposición de Ley, prevé dos vías para obtener la aptitud profesional:



a) Superar una prueba específica convocada por el Ministerio de Justicia

b) realizar y superar cursos organizados por los Colegios de Abogados y Procuradores o centros universitarios  o de postgrado, homologados por el ministerio de Justicia

La acreditación de aptitud profesional será oficial y estará expedida por el Ministerio de Justicia, asumiendo de esta forma la Administración del Estado la tutela de los principios inspiradores del proceso de selección para Abogados y Procuradores en todo el territorio nacional.

Los representantes de CREDE esperan mantener, en los próximos meses,  reuniones similares con la Conferencia de Decanos de Derecho y con la de Rectores de las Universidades Españolas, además de con el propio Ministerio de Justicia.