El sector legal, un importante motor económico

Que la abogacía es un importante motor económico es algo que nadie duda. Sin embargo, no hay muchos informes en los que esta importancia queda cuantificada en euros contantes y sonantes o en aportación del sector al PIB. La inmensa mayoría de los análisis que se realizan sobre aspectos económicos de la abogacía se circunscriben a la clasificación de los principales despachos por facturación.

Existe, no obstante, algún dato que puede ayudar a hacerse una idea de la aportación del sector jurídico a la economía española, si bien aproximada, ya que no solo incluye el sector legal.

Según la Estadística Estructural de Empresas del sector servicios publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), referida a 2020, las actividades jurídicas y de contabilidad registraron una cifra de negocio de 21.954 millones de euros, lo que representaría, según el INE, un 4,8% del sector servicios en España. Esta rama de actividad ocupaba en 2020 a 365.253 personas.

Afinando un poco más, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), José María Alonso, ha dado datos en alguna ocasión sobre la abogacía como sector económico. En la presentación de Spain Legal Expo el pasado mes de febrero, aseguró que solo en la Comunidad de Madrid, el sector de la abogacía genera una facturación de más de 2.000 millones de euros al año, lo que, a su juicio, le convertiría en un sector estratégico para la atracción de inversión y clave para alcanzar la seguridad jurídica que permita un entorno de armonía económica.

En el marco del Foro Justicia ICAM celebrado en enero de 2020 en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, y que tuvo como invitado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, Alonso defendió el papel de los servicios jurídicos como motor de la economía española, a la que aportan, según manifestó, entre el 1% y el 1,5% del PIB. “Ya no podemos seguir pensando que solo somos abogados, que solo ejercemos el derecho, también somos actores en la economía española”, subrayó.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, José María Alonso, decano del ICAM y la periodista Marta Robles. (Foto: ICAM)

En términos absolutos, y según la apreciación del decano del ICAM, el sector jurídico, esta vez sin las actividades de contabilidad incluidas por el INE, aportaría a la riqueza nacional entre 12.000 y 18.000 millones de euros.

A priori, parece que estos datos muestran una evolución favorable de la facturación de la abogacía en España. Según el libro Impacto de la abogacía en la economía, publicado en 2012 por encargo del Consejo General de la Abogacía Española, la facturación del sector legal rondaba los 9.000 millones de euros. Esta cifra, sin embargo, tiene que ser explicada.

Esa cantidad tomaba en consideración los 5.695 millones de euros de facturación de la Encuesta Anual de Servicios de 2005 publicada por el INE y que el crecimiento de la actividad se cifró en el 15% (2006), 16,17% (2007), 11% (2008). Para el resto de los años hasta 2011 consideran que la actividad se encuentra estancada, lo que, según las explicaciones que dan los autores del estudio, los lleva a dicha cuantificación.

Aunque el Consejo General de la Abogacía Española no ha vuelto a hacer estudios sobre la aportación del sector legal al PIB, en la Memoria de la Abogacía sí se incluye el número de abogados que hay en España, un elemento importante a la hora de valorar la pujanza de un determinado sector económico. Según la Memoria de 2021, en España había ese año 247.197 abogados, de los que 154.314 eran ejercientes, un 62% del total. Comparativamente, esta cifre representa más de la cuarta parte del total de personas empleadas en España por el sector primario.