Impugnación de la decisión de una junta de vecinos sobre una plaza de garaje

Demandante:

Revocar la decisión de la junta sobre la servidumbre de paso.

Demandado:

Solicitan mantener la decisión por ser proporcionada.

Demandante:

La representación legal de Don A. y Doña I. aduce que la junta de vecinos, mediante la decisión de imponer a los demandantes una servidumbre de paso en su plaza de garaje, han vulnerado las disposiciones legislativas contenidas en la Ley de Propiedad Horizontal, en concreto en los arts. 17.6 y 24.3, apartado b). Dichos preceptos señalan:

17.2. «Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1 b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, así como la solicitud de ayudas y subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación, siempre que su coste repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de nueve mensualidades ordinarias de gastos comunes. El propietario disidente no tendrá el derecho reconocido en el apartado 4 de este artículo y el coste de estas obras, o las cantidades necesarias para sufragar los préstamos o financiación concedida para tal fin, tendrán la consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas establecidas en la letra e) del artículo noveno.1 de esta ley.”

24.3 b) “Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal efecto, se requerirá que el título constitutivo de la nueva comunidad agrupada sea otorgado por el propietario único del complejo o por los presidentes de todas las comunidades llamadas a integrar aquélla, previamente autorizadas por acuerdo mayoritario de sus respectivas Juntas de propietarios. El título constitutivo contendrá la descripción del complejo inmobiliario en su conjunto y de los elementos, viales, instalaciones y servicios comunes. Asimismo fijará la cuota de participación de cada una de las comunidades integradas, las cuales responderán conjuntamente de su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales de la comunidad agrupada. El título y los estatutos de la comunidad agrupada serán inscribibles en el Registro de la Propiedad”.

Por último, la parte actora se muestra disconforme con la demandada, que alega que la justificación de la servidumbre se haya en la existencia de una puerta junto a la plaza de garaje de los demandantes. Sin embargo, la representación legal de la actora considera que no existe relación entre los objetos del mobiliario del edificio y la constitución de derechos reales.

Demandado:

La representación legal de la junta de vecinos argumenta que han tomado la decisión ajustándose a derecho y de forma proporcionada, además, que no había ninguna alternativa posible a la instauración de una servidumbre para que los vecinos pudieran acceder a la puerta que se halla tras el aparcamiento de los demandantes. Por último, que en todo momento fueron informados de las causas de la decisión y fueron parte de la toma de la misma, sin poder llegar a un acuerdo ya que los demandantes estaban cerrados a uno de cualquier tipo.