Posible trama de corrupción urdida por policías y altos cargos en torno a la detención de Sandro Rosell

La semana pasada nos encontramos con la presentación de una querella del expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra el excomisario José Manuel Villarejo y otros miembros del Cuerpo Nacional de Policía, incluido un agregado del FBI adscrito a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid por los hechos que tuvieron lugar en la “Operación Catalunya”.

La querella les atribuye presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detención ilegal.

Los altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía querellados, además de Villarejo, son el excomisario Marcelino Martín-Blas, el exinspector Antonio Giménez y el inspector Alberto Estévez. Junto a éstos, el que fuera agregado del FBI en la Embajada estadounidense en Madrid, Marc L. Varri.

El ex comisario José Villarejo declarando en la Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)

Como consta en la propia querella, la defensa, “de momento”, ha decidido no dirigirse contra la senadora Alicia Sánchez- Camacho Pérez, ya que hacerlo implicaría atribuir la competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en virtud de su aforamiento, si bien, deja a “criterio del Ilmo. Sr. Instructor” tal posibilidad en función del material incriminatorio aportado.

La “Operación Catalunya” respondería al supuesto plan elaborado por mandos del CNP, miembros del Gobierno y dirigentes del Partido Popular, con la ayuda de periodistas y medios de comunicación, contra el movimiento político independentista.

La estrategia consistía en “obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar” a personas relacionadas con dicho movimiento.

Los responsables de esta supuesta trama político-criminal consideraron a Sandro Rosell como persona vinculada al movimiento independentista, y fue incluido en la “lista negra” – como señala la defensa de Rosell- que la ahora senadora Alicia Sánchez Camacho Pérez facilitó al excomisario Villarejo sobre las personas que debían ser perseguidas policialmente.

Así comenzó una investigación supuestamente prospectiva contra Sandro Rosell -en aquel entonces, presidente del F.C. Barcelona- que a través de falsos hechos incluidos en informes policiales le acabaría llevando a “dormir” durante largos años en la prisión de Soto el Real.

Como pretexto para iniciar la investigación policial que daría lugar a una investigación secreta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el Sr. Rosell, supuestamente se relacionó al mismo con el asunto “Fifagate” – corrupción en el fútbol-, para lo que el excomisario Villarejo requirió la ayuda de Marc L. Varri – agregado del FBI en la Embajada estadounidense en Madrid-, que había sido designado por el Departamento de Justicia americano como interlocutor en el requerimiento de información dirigido a las autoridades españolas por vinculación del Sr. Rosell con dicho caso de corrupción. Investigación, que años más tarde acabó con la presentación de una querella contra el expresidente del FC Barcelona.

Excomisario Martín Blas (Foto: EP)

El principal motivo de investigación resultó ser unos supuestos sobornos al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Sin embargo, a pesar de la supuesta investigación en EE.UU., Sandro Rosell nunca fue procesado en aquel país, por lo que el requerimiento de información solo sirvió para justificar la investigación que la Policía y Fiscalía española estaban realizando.

El comisario Villarejo podría haber contado contó nada más y nada menos con la ayuda de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a los que encargaba la realización de informes sobre la “Operación Cataluña”, correspondiendo en el caso del Sr. Rosell al inspector Alberto Estévez, bajo las órdenes del Jefe de Brigada José Luis André Vega.

El culmen de este supuesto plan político-criminal fue la detención del Sr. Rosell y su socio Joan Besolí, para quienes la jueza instructora acordó prisión preventiva y sin fianza, prisión que se prolongó como digo de forma anómala e inexplicable durante casi dos años, todo ello para acabar finalmente en una absolución acordada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y sin que el señor agente del FBI compareciera como testigo y sin justificación alguna a juicio oral.

Todos estos supuestos hechos fueron consecuencia del montaje policial en torno a la Operación Cataluña como así se está poniendo de manifiesto a través de las diferentes noticias y audios sobre conversaciones grabadas por el propio comisario Villarejo de los querellados, publicadas en diversos medios de comunicación, que de ser ciertos como parece que lo son, supondría un grave escándalo, a todos los niveles.

Dejemos a la justicia trabajar para que los responsables, si es que los hubiere, respondan por estos hechos lamentables que nunca se debieron permitir y que daña nuestro sistema de libertades y nuestro sistema político y judicial.