Todos los colegios de abogados implantarán protocolos de acoso contra letrados del turno de oficio

A finales del mes de julio, Victoria Ortega Benito, como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, se reunía con María Amparo Martínez Marián, abogada, vicepresidenta de la Asociación en Defensa de la Abogacía en España (Defenda) y víctima de acoso, coacciones, amenazas y malos tratos psicológicos de mano de uno de sus clientes del turno de oficio.

En aquel encuentro, la primera se comprometió a someter varias de las reivindicaciones de la letrada del turno de oficio en el próximo Pleno del Consejo que se celebró el pasado 16 de septiembre. En concreto, entre las distintas peticiones, destacaban la necesidad de que se implantase un protocolo de detección precoz de acoso en todos los colegios profesionales de abogados de España contra los letrados del turno de oficio con un servicio de atención integral a la víctima.

Pues bien, en la jornada del pasado martes, Ortega Benito y Martínez Marián volvían a encontrarse para compartir los últimos avances. Consecuencia de lo anterior, según ha podido saber Economist & Jurist, todos los colegios de abogados, por unanimidad, han decidido implantar unos protocolos de acoso y de detección precoz contra los letrados del turno de oficio. Asimismo, respecto a la forma en que se ejecutará tal documento, con casi total seguridad, se apostará por elaborar una guía de buenas prácticas.

“Este primer paso puede ser la antesala a su imposición vía legislativa”

A día de hoy, la Abogacía institucional cuenta con unos escasos protocolos repartidos por nuestra geografía para afrontar este tipo de denuncias por parte de letrados hacia clientes o terceros relacionados.

“Si son del turno de oficio, se les libera de la defensa. También hacemos un acompañamiento al letrado en todo el proceso que incluye apoyo psicológico. Además, designamos a un diputado de la junta para que lleve la defensa”, explicaba Victoria Espejel Cabello, encargada de la sección de Defensa del Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, a El Confidencial antes de verano.

Este protocolo de actuación en situaciones de acoso, amenazas y/o agresiones a abogados del ICAM nacía en julio de 2019 bajo la única intención de dar visibilidad a este desagradable escenario cada vez más común en la profesión y con el compromiso de asesorar y proteger a cualquier abogado madrileño que se viese envuelto en situaciones que pudiesen atentar contra su integridad individual. Eso sí, como apunte, E&J ha podido comprobar que el aludido servicio de apoyo psicológico no se detalla (ni se proporciona en la práctica) en ninguna de las cuatro páginas que componen el mencionado protocolo.

Por su parte, a modo de ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona también presta un apoyo similar a lo descrito en líneas anteriores a través de su Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia.

María Amparo Martínez Marián. (Foto: Agemfis Asesoría)

“El haber conseguido que en todos los colegios de abogados se implante unos protocolos de acoso y detección precoz contra letrados, aunque sea a través de unas guías de buenas prácticas, es un primer paso para la protección de nuestros derechos y conseguir que se nos respete”, confiesa Martínez Marián en conversación con E&J.

Tras mostrar su satisfacción con la reunión de esta misma semana, la vicepresidenta de Defenda reconoce que, “obviamente, todo es mejorable y lo deseable es que no fueran unas simples recomendaciones, sino que fueran por imperativo legal, pero este primer paso puede ser la antesala a su imposición vía legislativa”, añade.

«Lo deseable es que no fueran unas simples recomendaciones»

Por último, en relación la reivindicación de que los abogados del turno de oficio puedan ser considerados como autoridad en el ejercicio de sus funciones, Martínez Marián ha evidenciado su decepción tras haber sido rechazada su enmienda al Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia pero, a la vez, se muestra esperanzada “al lograr que la Abogacía Española haya propuesto una modificación del Código Penal en su art. 464 para regular sanciones ejemplares contra quienes cometan algún acto de intimidación o agresión contra un profesional actuando en el ejercicio de la abogacía”, concluye la representante de Defenda.