King & Wood Malleson elige a España para implementar el área de derecho tecnológico, antes de extenderlo al resto de Europa

La transformación digital que asumen las empresas y la necesidad de contar con tecnología de primer nivel para ser más competitivo ha hecho que muchos despachos de abogados hayan apuntalado su área de derecho digital y de nuevas tecnologías.

Despachos como Squire Patton Boggs en España  con la llegada de Bartolome Martín implementaron a primeros de año este área digital y de protección de datos y una firma de servicios profesionales como RSM en España integraba en su estructura la boutique tecnológica Letslaw para dar estos servicios jurídicos digitales, como últimas operaciones en este área de derecho tecnológico y de propiedad intelectual e industrial.

En este mercado tan competitivo, donde coexisten grandes firmas como boutiques legales, se quiere posicionar el despacho internacional King & Wood Mallesons  (KWM) poniendo esta práctica en marcha de la mano de Samuel Martinez, abogado experto en nuevas tecnologías, avalada por una trayectoria de quince años en firmas como Osborne Clarke o Garrigues.

La idea de la dirección de la firma ubicada en Asia, donde ya cuentan con un área tecnológica importante asi como notables desarrollo al igual que en EEUU donde se está trabajando en este entorno, lo que le convierte a este despacho internacional en uno de los líderes mundiales de la tecnología, es la de implementar ahora esta actividad en Europa, empezando por la oficina de Madrid que dirige el abogado Carlos Pazos. Esta es una de las oficinas de mayor importancia en el Viejo Continente.

Para Martinez “se trata de actuar de puente entre Europa y Asia y prestar este tipo de asesoramiento legal que se demanda cada vez más por el propio entorno digital en el que nos encontramos. Es un reto apasionante, no cabe duda para cualquier abogado especializado en nuevas tecnologías”.

Carlos Pazos, socio director para España y Samuel Martínez, counsel que se va a ocupar de impulsar el área de derecho tecnológico (Foto: K&WM)

La idea es que en cinco años esta práctica de derecho digital se haya desarrollado en todas las oficinas que esta firma internacional tiene en Europa  “ahora la coyuntura económica es compleja, en un entorno de crisis, lo que no sabemos es cómo va a afectar el desarrollo de estos negocios digitales. Lo que sí está claro es que las necesidades de asesoramiento legal se van a mantener para cumplir con la normativa vigente o aquella otra que está por venir en los próximos años”.

El reto es importante porque esta práctica es una de las actividades que cualquier despacho competitivo tiene ya implementada “queremos que se nos identifique en el medio plazo como una alternativa válida en el asesoramiento en todo lo concerniente al derecho tecnológico. Es un objetivo ambicioso pero pemsamos que  está a nuestro alcance lograrlo”.

Por su parte Carlos Pazos, socio director de KWM en España, destaca que “con esta práctica, KWM da respuesta a una de las necesidades actuales del mercado: el asesoramiento en la implantación de nuevas tecnologías y la evolución que en muchos casos esto supone en los sectores más tradicionales”.

En relación con la incorporación de Samuel, Carlos destaca que “Samuel cuenta con una destacada trayectoria en IT y Fintech. Ha trabajado en importantes proyectos a nivel internacional y su metodología de trabajo y valores profesionales se adaptan perfectamente a KWM”.

El objetivo está claro “crear una práctica legal a nivel de derecho tecnológico, propiedad industrial e intelectual en toda Europa y que permita asesorar a los clientes en los que nuestra firma ya trabaja con ellos en otras jurisdicciones, al igual que abrir el servicio a otros clientes que están en otras industrias para que tengan la posibilidad de ayudarles en todos los procesos que tengan de transformación y digital y de cumplimiento de la normativa digital, ahora con cambios legales importantes”.

A medio plazo, “la idea es que las principales oficinas de esta firma internacional en Europa cuenten con esta práctica de asesoramiento legal. La idea es actuar como una especia de hub para Europa en estos primeros momentos y poder coordinar desde Madrid el asesoramiento para el resto de los mercados donde nuestros clientes estén ya operando”.

Este experto nos aclara que “la necesidad de contar con una práctica fuerte de derecho tecnológico es evidente, desde España para dar servicio a toda Europa es algo que ya está en marcha. Se trata de responder a las necesidades actuales de los clientes de la firma que cada vez estos asuntos tecnológicos, tanto a nivel local como en  su expansión internacional. El derecho digital está ahí y su regulación es cada vez más compleja”.

Marco normativo más complejo

En este contexto, para este experto la aprobación del reglamento europeo Digital Markets Act (DMA) ya se ha publicado en el Diario Oficial de la UE, abriéndose así el plazo de 20 días para su entrada en vigor y de hasta seis meses para la aplicación efectiva de sus obligaciones, a partir de abril de 2023.

Junto con el reglamento DSA, que previsiblemente se publicará antes de final de año, la Data Act y el futuro Reglamento de IA, estas normas van a contribuir a rediseñar el Mercado Único Digital, atajando, entre otras cosas, la asimetría regulatoria existente entre algunos de los actores del mercado. El level playing field, como palanca para la competitividad, es uno de los principales valores que persigue la asociación DigitalES.

Es evidente que la aprobación de la DMA, Digital Market Act va a generar nuevas obligaciones digitales para las empresas tecnológicas (Foto: Archivo)

Este jurista nos aclara que los reglamentos DMA y DSA representan dos piezas fundamentales de las bases jurídicas de la Europa digital del futuro. En este sentido, estas dos normas van a jugar un papel muy importante en el objetivo de que Europa ostente una mayor autonomía tecnológica, entendiendo como tal una autonomía tecnológica abierta y asentada en los valores europeos.

Desde su punto de vista “hay una tendencia europea de intentar establecer normativa que creen un marco jurídico que ofrezca garantías a los consumidores teniendo en cuenta el profundo desarrollo de estos modelos de negocios digitales. Lo importante es buscar el equilibrio entre dicha protección legal y el desarrollo de dichos modelos de negocios digitales en Europa, impulsados en muchos casos por tecnología emergente”.

Para lograr impulsa dicha práctica, nuestro interlocutor ya esta organizando un equipo de trabajo de abogados especializados en derecho tecnológico, “en principio la práctica va a contar con unos cinco profesionales para luego ver la evolución natural del negocio y las cuestiones que surjan de la actividad de asesoramiento legal que ofrezcamos tanto a empresas clientes como a compañías interesadas en este derecho digital de forma puntual.

En su opinión, “todo lo que tiene que ver con el derecho tecnológico y la propiedad intelectual e industrial esta creciendo de forma notable en este contexto de economía global en la que vivimos. Eso está haciendo que la normativa que lo regula crezca, tanto a nivel comunitario como en cada jurisdicción local. En el caso español hay distintos proyectos y anteproyectos de ley que tendrán impacto en el sector de la tecnología. Se trata de dar una respuesta legal desde nuestra firma a estos desafíos legales”

En este contexto “el asesoramiento se va a prestar a todo tipo de compañías, desde grandes empresas, entidades que están en el sector industrial o incluso inversores que están pensando en estas nuevas tecnologías y en las oportunidades de negocio que pueden existir a corto y medio plazo, como es el caso del Metaverso. Sobre este nuevo entorno digital habrá que ver como se desarrolla sus modelos de negocio y que tipo de necesidades jurídicas pueden surgir “.

Samuel Martinez recuerda que “el uso de tecnología de inteligencia artificial que en muchos casos conlleva la implementación de algoritmos genera problemas legales a las empresas que una firma como la nuestra les va a ayudar a resolver. Al mismo tiempo hay que tener muy en cuenta la normativa de protección de dato y las políticas de ciberseguridad para que estos negocios digitales sean seguros y minimicen sus riesgos legales”.