María Emilia Casas, expresidenta del TC: “La ley de violencia de género debería haber sido más efectiva”

María Emilia Salas, directora de la Unidad de Derechos Fundamentales de Ejaso ETL Global y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, esta segunda parte de la entrevista realizada por Economist & Jurist TV, recuerda alguna de las cuestiones que llegaron al Tribunal de Garantías cuando ella lo presidió y habla de algunos elementos relacionados con lo que es su especialidad: el Derecho Laboral.

Una de las sentencias más sonadas dictadas por el Tribunal Constitucional cuando ella era su presidenta fue la que declaró constitucional la ley orgánica de protección integral frente a la violencia de género. El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra realizó unas declaraciones en 2019 en las que decía que la norma es inconstitucional y que la admisión del recurso de amparo sobre esa ley era prevaricación.

Salas no entra a valorar esa afirmación, aunque sí defiende la actuación del Constitucional. Afirma que “es una sentencia muy matizada que no declara la conformidad o la no disconformidad con la Constitución de la ley, sobre todo en el distinto tratamiento penológico atendiendo al sexo por el 14 segundo inciso, por discriminación, sino por derecho a la igualdad, 14 primer inciso”.

La jurista reconoce que la ley de violencia de género “debería haber sido más efectiva”, si bien “que la ley no haya sido efectiva no quiere decir que la ley no haya sido necesaria”. Destaca que todos los ordenamientos jurídicos han avanzado hacia el reconocimiento de normas internacionales contra la violencia contra las mujeres y las niñas.

En cuanto a su especialidad, el Derecho Laboral, en la entrevista se ha puesto sobre la mesa la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de modular la indemnización por despido para aumentar el número de días para la base de cálculo para las indemnizaciones por despido.

Sobre esta cuestión explica que hay una serie de cuestiones a resolver en el derecho español del trabajo. “Una es el valor del despido, porque ahora hay una petición por parte de los sindicatos mayoritarios ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales acerca de si una indemnización tasada como es la que nosotros tenemos de 33 días por año de servicio cumple la Carta Social Europea, que exige indemnizaciones disuasorias de la producción del despido y si eso tiene capacidad para valorar el daño producido”. “Nosotros hemos optados desde hace muchísimos años por una indemnización que valora objetivamente el daño, es para todo el mundo. Lo que está en cuestión ahora es si eso es válido”, afirma.

Este planteamiento le sirve para hacer un interesante análisis sobre la situación actual y los movimientos que se están produciendo en Europa en este campo.

Otro elemento que se trata en la entrevista es la ley whistleblowing. Relacionado con la misma, Salas estima que “España tendrá que aprobar una ley de acoso moral o acoso en el trabajo porque al contrario de otros acosos no está regulado. Nuestra tarea en la directiva sobre denuncias puede ser muy importante porque es ponerla en práctica y dotar a las empresas de un buen canal de denuncias”.

Por último, apoya la petición de Maria Luisa Segoviano, hasta hace unos días presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que ha pedido la modificación del recurso de unificación para la doctrina ante casos como el de la propia Sala Cuarta del Alto Tribunal, que acumula un atasco de 6.000 casos.

Sobre este asunto se muestra taxativa al afirmar que “a quien maneja el recurso y sostiene la necesidad de su modificación hay que atenderle porque tiene un conocimiento muy justificado de la petición que formula”.