Foro Judicial Independiente pide a los candidatos a vocales al CGPJ que retiren su candidatura para frenar la politización

“Veinte años después, la situación de la justicia sigue siendo la misma en cuanto a la politización y la falta de medios. Creo que la puesta en marcha de una asociación como es Foro Judicial Independiente (FJI) está plenamente justificada”. Son palabras de Fernando Portillo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. º 3 de Melilla, juez decano de dicha ciudad y sexto presidente de esta asociación judicial, la más joven de las cuatro existentes.

En la actualidad, la Comisión Gestora de esta asociación judicial está compuesta por los magistrados Fernando Portillo, presidente, Cristina de Vicente, vicepresidente, Juan Montero, secretario, Iván Oliver, tesorero y los vocales  Roberto Garia, María Victoria Muñoz y Francisco Hazas.

La celebración reciente de este Congreso en Alicante ha sido el colofón a una serie de actos que FJI ha venido desarrollando durante este año. Acudieron un tercio del total de los 335 asociados de esta institución.

Una de las más importantes conclusiones alcanzadas en este XVIII Congreso ha sido la siguiente: “Dada la situación actual en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial y los reiterados intentos de renovación en flagrante incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 108/86, FJI solicita a los jueces candidatos a vocal que renuncien a su candidatura y que aquellos que hayan avalado candidatos que tengan el gesto de retirar sus avales, todo ello como forma de poner de manifiesto que el Poder Judicial no está dispuesto a seguir siendo utilizado con fines políticos”,

La asociación, para celebrar su veinte aniversario, cambió su identidad corporativa y organizó distintos eventos, uno de ellos en la Escuela Judicial de Barcelona para dar a conocer el ideario de esta entidad a los jueces en formación.

“Otro de los actos que realizamos fue una jornada sobre Estado de Derecho en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de septiembre, donde participaron letrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional. También organizamos una mesa-debate con representantes de los cinco partidos políticos más importantes en materia de justicia: Ciudadanos PP, PSOE, Vox y Podemos”.

Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial independiente entre Luis Barcala, alcalde de Alicante y Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana. (Foto: FJI)

Portillo considera que el mensaje de FJI sigue estando vigente en la actualidad. “La asociación se crea hace veinte años como entidad desvinculada del poder político y preocupada sobre todo por los problemas profesionales de la carrera judicial. Por desgracia en estas dos décadas hemos avanzado poco”.

Desde su punto de vista, da la sensación de que el resto de asociaciones judiciales está más preocupada por controlar el CGPJ y los propios nombramientos que realiza este órgano judicial en la carrera judicial.

“Nosotros seguimos luchando por evitar la politización de la carrera judicial y por mejorar las condiciones laborales de nuestro colectivo profesional. Se ha avanzado muy poco y la carga de trabajo y las propias condiciones laborales son inasumibles para muchos de nosotros”.

En la actualidad, recuerda que, en marzo del 2021, se modificó la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando éste se halle en funciones, por no haberse podido renovar en el plazo establecido por la Constitución. “Eso ha hecho que muchos nombramientos se hayan paralizado y afectado a la composición del Tribunal Supremo y a sus distintas Salas. Sin embargo, pese la normativa aprobada, sigue el CGPJ pendiente de su renovación”.

Nuestro interlocutor es un juez vinculado al FJI en los últimos 10 años. Lleva un año como presidente. “Antes estuve tres años como vicepresidente y, en otra época, estuve cuatro años como vocal. Al mismo tiempo estuve como secretario de la territorial andaluza de esta asociación”, puntualiza.

La politización del CGPJ es evidente: “Ahora ya no se hace con disimulo”

A su juicio, la situación se ha cronificado peligrosamente. “Llevamos dos décadas denunciando el sistema tan politizado de nombramiento de los vocales del CGPJ, Están más preocupados por los nombramientos de altos cargos de la judicatura que por los derechos de nuestro colectivo y de nuestra independencia”.

En su opinión, “este sistema debe cambiar, se está demostrado que no es viable. Cuando haces depender la renovación de un órgano constitucional de una negociación política, al final la política entra en la negociación y ésta se hace depender de materias e intereses partidistas”.

«Este sistema debe cambiar, se está demostrado que no es viable»

Este jurista señala que “la Constitución lo que dice que a los cinco años debería haber renovación siempre y cuando se lograse la mayoría de 3/5 en el Congreso. Y eso exige negociar con otros partidos políticos. Esta negoción política hace que este sistema de elección de los vocales del CGPJ sea inviable, con lo cual se llega al bloqueo”.

A su modo de ver, “si los jueces votásemos a los 12 vocales judiciales, los jueces no negociaríamos nada. Se abriría un proceso electoral y votaríamos las candidaturas que se presentasen. El problema es que la política ha entrado en esta negociación y el sistema está bloqueado”.

Al mismo tiempo cree que “asistimos a un espectáculo bochornoso aireado por los medios de comunicación que deja claro la quiebra del sistema actual de elección de los jueces del CGPJ. Ahora ya no se hace con disimulo. Nosotros pensamos que lo primero es reformar el CGPJ para luego afrontar su renovación”.

Preocupan las posibles reformas del Código Penal

Pese a que aún FJI no tiene una postura oficial sobre las reformas que ha esbozado el Gobierno sobre el Código Penal, señala que “son reformas importantes no para proteger los intereses de la sociedad sino para contentar intereses partidistas”.

Este magistrado recuerda que “la importancia del Código Penal es evidente. Podemos decir que es la Constitución en negativo. Establece los bienes que hay en la sociedad y los castigos que se plantean cuando se atacan a ellos mismos. El Código Penal debe tener vocación de permanencia y de generalidad y tratar por igual a todos los ciudadanos”.

Momento del Congreso donde, entre otras cuestiones, se aprobó plantear una reforma en profundidad de la Ley de Retribuciones, ya que, pasados casi 20 años desde su aprobación, resulta manifiestamente insuficiente para afrontar la actual configuración de la Carrera Judicial. (Foto: FJI)

En su opinión, “esta reforma que se plantea del delito de malversación de fondos públicos atiende a necesidades políticas específicas de algunos grupos. Esto implica que el uso que se hace del poder legislativo no es el adecuado. No responde al interés general y sí a determinados intereses políticos”.

A su juicio, “la reforma de estos delitos de corrupción es lógico que generen cierto debate y preocupación y alarma en la sociedad por el modo en que se hace”.

En la misma línea, en palabras de Portillo, “en el caso que fuera necesario modificar la malversación de fondos públicos para diferenciarnos de aquellos que se lucran personalmente, de aquellos que no, habría que introducir una agravante para aquellos que se lucrasen, pero lo que se plantea es rebajar la pena de los que no se lucran. Es una opción legislativa, pero como ciudadanos estamos preocupados por esta regulación”, concluye.