La senadora que alertó a Montero que la «ley del solo sí es sí» rebajaba algunas condenas, pregunta ahora al Gobierno si cree que es propaganda machista

Mientras el Gobierno, a través de las declaraciones de Angela Rodriguez Pam, secretaria de estado de Igualdad y Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, intentan justificar lo injustificable y creen que el problema de las rebajas de las penas, por la aplicación de la «Ley sí solo es sí» es culpa de los jueces, la senadora navarra Ruth Goñi, que alertó del problema, ha vuelto a manifestarse sobre la controversia suscitada.

En una pregunta hecha al Gobierno, al que ha tenido acceso Economist & Jurist firmado con el diputado del grupo mixto Emilio Argueso, Goñi  recuerda que ya se han rebajado a la baja tres condenas penales mientras que el Ministerio de Igualdad no reconoce fallos en la ley.

Ambos senadores preguntan al Gobierno tres cuestiones: “¿sigue manteniendo el Gobierno aquella afirmación de que la posibilidad de rebajar las penas de condenas penales es propaganda machista”; ¿Sigue diciendo el Ministerio de Igualdad que es un bulo la posibilidad real de que se rebajen las penas por delitos sexuales?; y ¿Qué cree que Gobierno que desincentiva mas, las denuncias, aquellos supuestos bulos o propaganda machista o la realidad de las sentencias”.

«Si Irene Montero, ministra de Igualdad y Ángela Rodríguez no dimiten, deberían ser cesadas por el presidente del Gobierno» (Foto: EP)

Desde su punto de vista, es evidente que esta situación debe generar responsabilidades políticas. Si Irene Montero, ministra de Igualdad y Ángela Rodríguez no dimiten, deberían ser cesadas por el presidente del Gobierno. No es de recibo que digan que el problema es que los jueces son machistas”.

A su juicio, ”es una ley que no se ha hecho con rigor técnico, mucho más ideológica que necesaria. Si se hubiera hecho bien no tendríamos ahora estos problemas. Falta una disposición transitoria y por eso el condenado puede acogerse a una situación de condena más favorable. Tienen derecho a hacerlo”.

La senadora navarra Ruth Goñi fue la primera que alzó la voz el pasado mes de julio cuando en la Cámara Alta manifestó que la nueva ley de libertad sexual, «que nace con único fin, el político, señala a los hombres, reduce las penas de los delitos sexuales más graves, no persigue el proxenetismo y, sobre todo, derriba la presunción de inocencia«.

Esta senadora recuerda que no se aceptó nada. Y cada portavoz tuvimos la oportunidad. Con posterioridad la secretaria de Estado, Angela Rodriguez, compareció en el Senado el pasado mes de septiembre: “Le comenté lo que se leía, y que la ley no suponía la protección y una bajada de penas de agresores sexuales, pero no hizo caso”.

En su réplica, Goñi recuerda que Rodríguez “habló de que todo era bulo propiciado por abogados machistas, también aludió al abogado de La Manada. No daba crédito a lo que se decía en un tono bastante prepotente”.

«La ley se carga la presunción de inocencia por la nueva definición del consentimiento expreso, que trae consigo la inversión de la carga de la prueba»

Esta senadora se nuestra sorprendida por ciertas declaraciones que se han vertido en las últimas horas. Incluso un diputado de Podemos ha llamado a los jueces “fachas con toga, utilizan argumentos de toga con manifestación. Sin embargo, la situación es grave: hay 150 casos que solicitan esa revisión”.

En cuanto a la solución, “hay que corregir lo que han hecho mal. Como han señalado algunos juristas, esta ley no tiene disposiciones transitorias. Incluir una en la que se acote las penas mínimas, creo que con eso donde procede la revisión de condena, el tema estaría solucionado”.

Desde su punto de vista, “el problema es que el Gobierno esta dividido en si se reforma o no la ley. Por eso primero tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Ya sabemos que a estas altura de la legislatura costará bastante”.

Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad; e Irene Montero, ministra de Igualdad (Foto: EP)

Mientras tanto, recuerda que “pasa el tiempo, se van revisando sentencias y se van cometiendo más injusticias. Junto con esto, ya lo dije hace unos meses que la ley se carga la presunción de inocencia por la nueva definición del consentimiento expreso, que trae consigo la inversión de la carga de la prueba».

Con ello, la persona denunciada tendrá que demostrar que ha habido consentimiento y no a la inversa. Ahora, si no te pronuncias, te estás negando, lo que traslada el foco a los hombres, que se deben asegurar de que la otra persona consiente. ¿Dónde queda la presunción de inocencia?», cuestiona la senadora del grupo mixto.

Un cambio que, en opinión de la senadora, «no evitará sin embargo la revictimización de la víctima en los diferentes interrogatorios, donde tendrán que presentarse las pruebas del consentimiento o la falta de las mismas».

Por otra parte, Goñi criticó el hecho de que «desaparezca la tipificación como abuso sexual de las conductas menos graves» y «se convierta todo tipo de comportamientos en agresión sexual», de forma que «cuanto más leve sea el delito, mayor será la pena propuesta, y cuanto más grave, más se reducirá el castigo».

La senadora navarra también censuró que la norma «no contenga ni una sola referencia a la prostitución, cuya vinculación con la violencia es muy clara», recordando que los artículos que penalizaban a los proxenetas «fueron retirados de la ley a través de una enmienda del PNV».

De este modo, a su juicio, «han desaparecido el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa (lucro por alquiler de espacios destinados a la prostitución), así que quienes se lucran con la prostitución ajena continuarán con su habitual impunidad».

Otra cuestión que indico esta diputada es que esta nueva ley ya en vigor es «famosa por su contenido, por su larga tramitación y por ser lo único que ha hecho una ministra y su ministerio en toda la legislatura, así como el enfrentamiento social que ha provocado”.

Desde su punto de vista, la «Ley del solo sí es sí» ha pasado de querer proteger y defender la libertad sexual de las mujeres y atender al grave problema de la violencia sexual en España a ignorar los derechos constitucionales de todos los españoles«.