El futuro de 200.000 pymes y autónomos peligran por la alargada sombra de la morosidad

La Ley Crea y Crece es “un buen punto de salida, pero por sí sola no soluciona; es necesario que se implementen ya sus novedades: que se ejerza de forma previa un control de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas como a la contratación pública, y que las grandes empresas compartan públicamente todos los datos sobre los que están dejando de informar”, ha manifestado Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que este miércoles celebró su Asamblea abierta y una reunión con los partidos políticos.

En dicha Asamblea, Cañete explicó a los diputados Miguel Ángel Castellón (PP), Txema Guijarro (UP), Pedro Casares (PSOE), Joan Capdevila (ERC), Miriam Nogueras (Junts) y Ferrán Bel (PdeCat) la necesidad de agilizar los trámites de la norma y de su Reglamento para que entre vigor lo antes posible.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Desde esta corporación empresarial se alerta de que el futuro de 200.000 empresas y autónomos está en peligro: “No podemos consentir que se alarguen los plazos de pago, el coste financiero también se incrementa y el riesgo de cobro crece con lo cual aumenta la posibilidad de impago. Con estos pasivos, la posibilidad de financiarse de esos pequeños empresarios es complicada”, ha destacado Antoni Cañete.

Antoni Cañete, reunido con representantes de los distintos partidos políticos para analizar la Ley Crea y Crece (Foto: Luisja Sánchez/E&J)

Al mismo tiempo, destacó que “la inflación beneficia al que tiene deudas. Es más barato pagar más tarde. Eso significa que 1000 euros que se deben en el mes de enero si se pagan en diciembre serían 900 con una inflación del 10%. Lo más barato es financiarse a través del proveedor. Todo esto perjudica al pequeño empresario”, aclara.

Necesidad de un régimen sancionador

Cañete recordó que esta norma se aprobó en septiembre pero que necesita de un desarrollo reglamentario para poder implementar el Observatorio de la Morosidad y el futuro listado de morosos que será publico, así como “el régimen sancionador que venimos reclamando desde hace años y que no acaba de implementarse”.

Este economista, que fue uno de los veinte profesionales citados por la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, donde en septiembre del 2020 ya alertó del problema de la morosidad, subrayó que “en el ámbito privado, donde se sabe que algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días), la única solución es implantar el régimen sancionador que multe a las empresas morosas”

En dicha Comisión, Cañete puso de manifiesto la necesidad de resolver el problema de la morosidad para la reconstrucción del país y volvió a reclamar la necesidad de un régimen sancionador que penalizase a las empresas morosas en sus pagos. De hecho en las conclusiones de dicha Comisión esta petición de la PMcM del régimen sancionador se aprobó. Con posterioridad hubo una proposición de ley en el Congreso que tomó por unanimidad  en consideración dicha medida.

Con posterioridad, este experto intervendría en la Comisión de Reconstrucción de Industria y Turismo, en esa intervención señaló que “nos habíamos dirigido a la presidenta del BCE, la Sra. Lagarde, porque Europa había creado un mecanismo masivo de activos financieros. Inyectó por el Covid mucho dinero a empresas cotizadas, como el ICO para las pymes. Le escribimos sobre esta medida y nos dijo que gracias al pago a las grandes se beneficiarían las pymes comercialmente”.

Cañete acudió a la CNMV y “ahí descubrimos que las grandes empresas teniendo el doble de liquidez que tenias antes del Covid-19 estaban pagando peor, ahora subía a 200 días los pagos existiendo 83.000 millones de euros fuera del plazo legal que marca la ley de 60 días”.

Nuestro interlocutor aclara que “estas intervenciones en sede parlamentaria fue lo que le hizo que Europa le dijera a España que para poder continuar con los recursos que le estaba facilitando tenía que preparar una ley el que estuviera cobrando dinero público pagara bien. A partir de ahí, sale la Ley Crea y Crece”.

Sobre el debate parlamentario, recuerda que “el anteproyecto era bastante flojo y así se lo dijimos a la vicepresidenta Calviño. Nos reunimos con ella y le cuestionamos que solo pedir una declaración responsable de que la empresa está al día de pagos no es suficiente”

Al mismo tiempo, este experto reconoce que “en la tramitación de la ley se le ha dado la vuelta de forma considerable. Se hace un proyecto de ley donde cambia cuestiones importantes. Ahora las grandes empresas deben hacer público su volumen de facturas y la media de pago de esas facturas. Eso genera mucha más transparencia. Creemos que cuando se implemente el Observatorio de la Morosidad podremos conocer más datos de este tipo”.

Otra cuestión que indica el presidente de la PMcM: “También se modifica lo que se entiende por competencia desleal, cuestión que no es menor, porque eso significa que la CNMC puede entrar porque al pagar tarde se genera competencia desleal. También es importante la factura electrónica en cuanto a los pagos”.

Gestionar mejor los pagos

Desde su punto de vista, hay dos cuestiones que se consiguen en dicha Ley Crea y Crece que son importantes: “A partir de la aprobación de la ley, la empresa que reciba una subvención pública por encima de 30.000 euros tiene la obligación de presentar un documento que está pagando bien. No vale la auditoria. Debe ser un documento donde no vale utilizar el confirming o el pagaré”.

Cañete con la vicepresidenta Calviño en septiembre en el Congreso (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo, dicha Ley Crea y Crece introduce otro elemento importante: “El contratista principal, que recibe la obra, contrata pymes y autónomos. En esa cuestión pedimos que se pague con agilidad a estos subcontratistas. Con cierta dificultad conseguimos modificar la Ley de Contratos del Sector Público y a partir de ahora para contratos de cinco millones es obligatorio para pagar al contratista principal pagar también a sus subcontratistas”.

Así, recordó que en un país como Francia pagan sus empresas en treinta días porque hay un control financiero importante, “pero en España se llega a pagar a 180 días porque las grandes compañías saben que no les va a pasar nada.

A pregunta de Economist & Jurist, Cañete recordó que las reuniones con los partidos políticos son habituales, “pero de momento solo hay buenas palabras y necesitamos que se implemente la citada Ley Crea y Crece que tiene elementos buenos. El desarrollo de la factura electrónica ayudará a conocer la trazabilidad de los pagos, con lo cual entendemos que puede ayudar a una mejor gestión de los pagos”.

Respecto a este punto, cabe recordar que según el último informe de Oriescon relativo a 2020 no se estaba haciendo el control de pagos de los principales contratistas: de los 1.259 en los que se estaba obligado a comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas, tan solo 27 contenían la información pertinente.

“Es sorprende que la administracion se quede en evidencia y que no controle que el contratista principal pague a sus subcontratistas.  También resulta imprescindible que las grandes empresas compartan públicamente todos los datos sobre los que están dejando de informar”.

El presidente de la PMcM advierte que hay 200.000 empresas y autónomos en riesgo de cierre por las insolvenicas (Foto:PMcM)

Observatorio de la Morosidad también e marcha

Ante esta situación, la PMcM ha anunciado que seguirá muy de cerca cómo se va aplicando la normativa, fiscalizando el cumplimiento de la Ley Crea y Crece.

En esta línea, ha exigido la puesta en marcha lo antes posible del Observatorio de la Morosidad, en el que la PMcM espera tener un papel activo, y ha alertado de que no debería permitirse que esta institución se constituya de forma sesgada desde un sector interesado, que está dando “informes alterados sobre morosidad”, denuncia Cañete.

En cuanto al ámbito privado, donde se sabe que algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días), Antoni Cañete, presidente de la PMcM, ha aludido como solución a una de las reivindicaciones históricas de la entidad: el régimen sancionador.

De hecho, recordó que el año pasado, cuando se exigieron que se pagaran 11.000 millones a proveedores se mejoraron en tres y cuatro días los plazos de pagos.

Es “absolutamente necesario que la ley se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado; no se entiende que lleve más de dos años en trámite”, explica Cañete. Su puesta en marcha ayudaría a mitigar la previsible falta -y encarecimiento- de liquidez a la que se enfrentarán en un futuro próximo las pymes y autónomos en nuestro país.

La PMcM también está trabajando en facilitarle a la Unión Europea información sobre las malas prácticas habituales que continúan produciéndose en nuestro país, documentación que la institución tendrá presente de cara a la revisión que está realizando de la Directiva Europea sobre morosidad. En este sentido Cañete ha valorado muy positivamente la posición de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respecto a la Directiva Europea sobre morosidad.