«Se está creando un escenario jurídico en el que los Derechos Humanos son violados sistemáticamente»

Se están creando normas que desvirtúan los tratados internacionales. “Hay normas inferiores que están vaciando de contenido el derecho de asilo, la condición de refugiado y la protección internacional. A través de la Convención de Ginebra, la Comunidad Internacional se comprometió a respetar estos derechos y estas normas de menor rango dejan los están dejando sin efecto”. Lo dice el magistrado Luis Carlos Nieto, coordinador de las Jornadas sobre Derechos Humanos y Migraciones que se están celebrando en Motril (Granada) y que reúnen a jueces, fiscales y abogados, entre otros colectivos.

Los Derechos Humanos tienen una cobertura jurídica a nivel internacional. Por citar solo algunos de los ejemplos más relevantes: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Euro de Derechos Humanos, la Convenio Europeo de Derechos Humanos. “Cobertura hay. El problema es la aplicación práctica a través del concepto tradicional de frontera que colisiona con los Derechos Humanos, que nosotros pretendemos poner en el centro”, señala el magistrado.

Foto: Migrantes procedentes de Libia llegando a Italia (E&J)

Nieto considera que “existe una contradicción entre lo que se establece en los tratados y convenciones y legislación interna y esa trampa jurídica que se hace, a través de normas internas, que entran en colisión con los tratados.” Hace referencia el magistrado al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía para hacer frente a la situación migratoria que se desencadenó en 2015 tras la guerra de Siria, a las deportaciones a Ruanda de los demandantes de asilo en Reino Unido, que la justicia interna acabó avalando. O al último decreto del ejecutivo italiano en materia de migración. “Se está creando un escenario jurídico en el que los Derechos Humanos son violados sistemáticamente”, subraya.

Un ejemplo es lo sucedido con los centros de internamiento de extranjeros (CIEs), que  “son un agujero negro para los Derechos Humanos. La privación de libertad está vinculada a la comisión de un delito y creemos, por tanto, que no deberían existir.”, subraya el también miembro de la asociación Juezas y jueces para la democracia. “La deriva de Europa en esto es significativa. En 2008 se acordó la Directiva de Retorno en la que se ampliaban los plazos de internamiento en estos centros. En España pasó de 40 a 60 días el tiempo máximo de retención en este tipo de centros”. En el caso del CIE de Madrid, los juzgados de instrucción 16,19 y 20, tras conocer el análisis llevado a cabo por varias organizaciones requirieron, por medio de un expediente gubernativo, en 2021 que se “elabore a la mayor brevedad posible un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad en el centro de internamiento de extranjero de Madrid, en el que se incluyan que tanto pronto se tenga conocimiento de que una persona interna en el mismo ha podido sufrir malos tratos, se pongan los hechos en conocimiento del Juzgado que acordó el internamiento, juzgado de guardia y juzgado de control , debiendo asimismo informar del tiempo máximo de internamiento pendiente, así como de la fecha prevista de expulsión o repatriación, si se conoce en el momento de la primera comunicación, o bien posteriormente si se determina durante la tramitación del eventual procedimiento penal, con el objeto de que se puedan tomar las decisiones oportunas respecto de la paralización de la expulsión por el Juzgado competente para ello”. También instó a que “las notificaciones de las resoluciones que se dicten en esta materia también deben realizarse a los letrados designados para la representación y defensa, con el fin de agilizar los trámites”.

Jornadas Derechos Humanos y Migraciones. Foto: Juezas y jueces para la democracia.

Más de un 3,5% de la población mundial está migrando y las migraciones no van a parar. La cifra de personas que huyen de persecuciones o de guerras, con la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, ha superado los 100 millones de personas. Y este fenómeno, sostiene Nieto, “no se puede abordar desde una perspectiva de concepción tradicional de fronteras”, que causa miles de muertes cada año. “Cuando se violan los Derechos Humanos de las personas migrantes, debemos asumir que también se violarán los nuestros. Los derechos o son de todos o no son derechos. Si no son de todos, son privilegios”, concluye el magistrado.