Justicia sigue sin presentar una oferta a los sindicatos de funcionarios, que hoy se concentran frente al Ministerio

El Consejo de Ministros ha aprobado en la reunión de este martes la contratación de servicios tecnológicos para la Administración de Justicia por valor de 99,1 millones de euros en tres lotes diferenciados. Esta circunstancia se produce precisamente cuando el Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, sigue sin dar respuesta a las reclamaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia, que se van a concentrar este miércoles en la puerta del Ministerio convocados por CSIF, CCOO, UGT Y STAJ.

“Sabemos que hemos quedado el día 13 a las 12 horas para definir los servicios mínimos como el Ministerio”, aclara Javier Jordán, portavoz nacional y presidente de CSIF Justicia, “pero realmente no sabemos si nos van a trasladar alguna oferta. Por el momento, la huelga, primero parcial y luego general el 19 de abril la mantenemos”.

Desde su punto de vista “las inversiones en tecnología están siendo cuantiosas, pero no deben olvidar que realmente detrás de ellas está personal especializado que las gestiona, tanto LAJs como funcionarios de la Administración de Justicia. Pese a esas inversiones no se ve una mejora en el día a día de la Justicia, los programas no están interconectados. Tenemos quejas diarias en los órganos judiciales”, señala este funcionario.

En su opinión, “el Ministerio de Justicia tendrá que hacer una reflexión sobre esta cuestión e intentar solucionar un conflicto, como éste que ya está abierto, que desde hace meses sabía que se podría producir, porque ya conocían nuestras reivindicaciones, que les volvimos a presentar el pasado 30 de marzo”.

Jordán recuerda que en el acuerdo que se suscribió en diciembre del 2021, con subidas para todos los cuerpos de funcionarios de Justicia, también la situación fue tensa y el colectivo de funcionarios tuvo que convocar una huelga que al final se desconvocó por la presencia de Hacienda en la mesa de negociación “este acuerdo se lo saltó el Ministerio negociando con los LAJs recientemente, sin consultarnos”, aclara.

En este contexto, se avanza en la cuenta atrás para una nueva huelga general en la justicia española. Al paro indefinido impulsado por los LAJs, que se extendió nueve semanas, ahora se avecina la planteada por los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia. La mejora retributiva y redistribución de funciones están como elemento que definen estas movilizaciones.

Camino a una nueva huelga

Este miércoles, CCOO, UGT, CSIF Y STAJ convocan a sus delegados sindicales a las 12.30 frente al Ministerio, que vendrán de toda España como primer punto de arranque de este nuevo paro general que sucede al de los LAJs que acabó con más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.

En este contexto, el Ministerio ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para gestionar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial, como ya informo este medio, las CCAA han pedido al Ministerio que financie gran parte de los planes de reactivación.

Respecto a la nueva huelga en ciernes, la opinión de Ana Gómez, presidenta de ASNALA y socia de Ceca Magán Abogados, define lo que piensa el colectivo de abogados y abogadas. “Sería desastroso volver a una situación como la vivida recientemente. Aún no nos hemos recuperado de la huelga de los LAJs y tenemos la amenaza de otra sobre nuestras cabezas”.

A nivel laboral “puede suponer otro palo importante para la tutela de los derechos de los trabajadores, de las empresas y de la ciudadanía en general porque, aunque se venía venir, esperamos que el Ministerio negocie algún tipo de acuerdo que evite este nuevo conflicto laboral”.

Gómez recuerda que la huelga de los LAJs “por el papel que tienen clave en la tramitación de asuntos y ejecución de sentencias, nos ha afectado de manera notable a la abogacía. Si se llega a la huelga esperemos que se negocien unos servicios mínimos diferentes a los del anterior paro. No parece lógico que nos desplacemos a un juzgado si no se va a celebrar el juicio, como ha pasado con el conflicto de lo LAJs”.

Para otra abogada como Elisa Escolá, directora del área legal concursal de BDO Abogados en Barcelona, es una mala noticia entrar en otra huelga de este tipo. A su juicio, es una huelga diferente “es previsible que los funcionarios que no hagan huelga harán las cosas más urgentes. En principio parece que no se van a suspender juicios, porque en el caso de los LAJs tendrían que dar fe de la celebración de los mismos”.

Para esta abogada, “que no haya funcionarios puede generar un retraso en los señalamientos porque su trabajo es citar a los testigos, peritos etc. Todo dependerá del número de funcionarios que haga huelga de forma simultánea cuando arranque esta nuevo paro”.

En su opinión “es muy importante que en esta ocasión se fijen bien los servicios mínimos para no vernos en las situaciones anteriores de casi paralización de todos los juzgados. Esperemos que en esta ocasión las cuestiones concursales de más importancia se tengan en cuenta y esos servicios mínimos sean más amplios que en la última huelga”.

Reivindicaciones históricas

Entre las reivindicaciones de estos funcionarios está una subida salarial justa y negociar la asignación de funciones en la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa  (LOEO)

De no mediar acuerdo, el lunes 17 de abril comenzará una huelga general en la Administración de Justicia de toda España (el Ministerio, juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, entre otras instancias) con paros de 10 a 13 horas todos los días.

Por último, el miércoles 19 de abril se convocará una jornada de huelga general durante todo el día y una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12.00 horas.

Desde fuentes sindicales se insiste en que la convocatoria de este calendario de movilizaciones es la consecuencia de la nula voluntad por parte del Ministerio de Justicia de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios y funcionarias de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados, en línea con el acuerdo firmado con los letrados.

De forma paralela, los sindicatos inician este miércoles una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y explicarles las razones del conflicto laboral con la Administración de Justicia.

La primera reunión será este miércoles en el Congreso con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos.

Pese a que el propio Ministerio que dirige Pilar Llop ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un Cuerpo -como ha sucedido en el caso de los letrados- tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías, etc. por el momento no se ha recibido ninguna oferta por parte de los sindicatos de la Administración de Justicia.

Para este colectivo, es fundamental que se produzca una subida en las cuantías que recibe el resto del personal.

“Sólo falta que el Ministerio actúe en consecuencia. Además, la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia”, apunta Jordán.

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