“La ministra Llop no nos deja opción y vamos a la huelga a partir del lunes 17”, señalan los sindicatos de Justicia

Concierto de pitos y banderolas al viento. Cerca de un millar de delegados sindicales de toda España se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Justicia. La falta de respuesta del Ministerio aboca a un conflicto laboral que arrancará con una huelga el próximo lunes 17 de 10 a 13 horas que el 19 será todo el día. Mañana jueves se fijarán servicios mínimos. El conflicto parece inevitable.

La maquinaria de los sindicatos de funcionarios de Justicia se ha puesto a andar. De forma coordinada las banderas verdes de CSIF han ondeado con las rojizas de CCOO y UGT y las blancas de STAJ, mientras desde le Ministerio nadie da señales de vida. “Es una decepción grande la ministra Pilar Llop”, declara Vicente Navarro, secretario general de STAJ, quien ve en el futuro nuevo modelo justicia, una excusa para amortizar muchos puestos de trabajo de funcionarios.

Retribuciones justas para nuevas funciones

Para Javier Jordán, presidente nacional de CSIF Justicia, “con todas estas movilizaciones exigimos al Ministerio de Justicia que reconozca realmente las funciones que realiza el personal de justicia en los juzgados a diario. Desde hace mucho tiempo nuestro colectivo viene realizando una serie de funciones por encima de la LOPJ. La huelga de los LAJs ha destapado un debate dormido y es que se nos retribuya por el trabajo que hacemos. Dicha huelga nos ha obligado a plantear este conflicto ante la nula predisposición del Ministerio de Justicia para reconocer dicho trabajo y llegar a un acuerdo satisfactorio”.

Jordán ratifica que no hay respuesta a la propuesta que presentaron los sindicatos el pasado 30 de marzo. “No hay movimiento por parte del Ministerio respecto a las reivindicaciones que ya conocen y que les hemos venido planteado en los últimos meses”, aclara.

El presidente de CSIF Nacional, como el resto de asistentes a esta concentración, muestra su malestar por la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una inversión por valor de 99 millones de euros para la contratación de servicios tecnológicos para la Administración de Justicia. “Al mismo tiempo no se entiende que Justicia haya firmado un acuerdo retributivo con una parte de la oficina judicial, tras dos meses de huelga y que ahora esté dispuesta a someter a la justicia a otro conflicto de gran calado”.

Javier Jordán, presidente nacional de CSIF Justicia, atendiendo a los medios. (Foto: E&J)

Junto con la mejora salarial, Jordán se muestra preocupado por la reforma de la justicia que plantea la ministra, Pilar Llop. “Es cierto que hay que apostar por la modernización de la justicia, pero ese cambio debe venir en forma de oportunidades; de desarrollo de carrera profesional y de reconocimiento de esas funciones que realizamos y sobre todo de participar en ese nuevo diseño de oficina judicial”.

Jordán no oculta su inquietud por que el modelo colegiado de justicia por el que apuesta el Ministerio en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) puede implicar la desaparición de muchos puestos de trabajo. “Es algo que está ahí. Lo que le hemos planteado al Ministerio es que hay que definir el perfil de ese nuevo funcionario de la Administración de Justicia, adaptado a esa justicia tecnológica y a esa nueva organización que se quiere implantar. Pero en esta organización ya hemos advertido que se perderá el seguimiento del expediente por parte del funcionario”:

Y es que reconoce que “ahora, cuando un abogado entra por la puerta del juzgado, el funcionario sabe perfectamente cuál es la pregunta que le va a hacer y sobre qué expediente. Con este cambio de modelo, esto se va a perder, cuestión que el Ministerio ya ha reconocido que así sucederá. La oficina será más controlable políticamente y se va a perder más calidad que permite ese seguimiento diario de los procedimientos y su tramitación. No tenemos claro que este modelo de justicia colegiada funcione mejor que la actual”.

María Victoria Carrero, secretaria nacional de Justicia de UGT, indica que “el conflicto es inevitable, desde el Ministerio de Justicia no se ha dado ni un solo paso, ni se han puesto en contacto con nosotros para buscar una solución al problema. No tenemos contacto desde el pasado 30 de marzo, cuando nos citaron sin tener siquiera una propuesta definida. Tampoco nos dieron detalles del acuerdo que suscribieron por lo LAJs. Nos enteramos de los detalles por la prensa”.

María Victoria Carrero, secretaria nacional de Justicia de UGT. (Foto: Archivo)

Esta dirigente sindical lamenta que Justicia se haya puesto de perfil en este tema y de momento no haya dado ningún paso para sentarse a negociar. “Este jueves hablaremos con ellos de los servicios mínimos que se van a establecer. Parece que nos vamos a tener que reunir con Función Pública si queremos que el conflicto ahora abierto se resuelva. No sería una buena idea alargar el conflicto ante las elecciones municipales y autonómicas”.

Desde su punto de vista, “este conflicto ha sido creado por el propio Ministerio por cómo está gestionando este asunto y el día a día de las oficinas judiciales. No nos gusta el modelo que se plantea con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que puede suponer que muchos compañeros se vean en la calle por la implantación de este modelo colegiado de justicia. No han negociado nada con nosotros pese a que hay muchas modificaciones laborales que se plantean en esta nueva norma”, apunta

En su opinión, “no se entiende que la ministra de Justicia esté desaparecida de este conflicto, es como si le diera igual el futuro de la Administración de Justicia. Creemos que debería estar más presente en este tipo de asuntos. Hemos tenido poco contacto con ella. Hubo reuniones unilaterales con cada sindicato y poco más hemos sabido de ella. Debe que ser que los temas de Justicia son muy aburridos para ella”.

Somos funcionarios de tercera

Por su parte, Vicente Navarro, secretario general de STAJ, explica a Economist & Jurist que “los 45.000 funcionarios de justicia hemos recibido el mayor desagravio en nuestra historia como profesionales. Hemos asistido a algo increíble, una negociación con los LAJs, no con los sindicatos representativos sino con sus asociaciones que no tienen un papel para negociar nada. Creo que aquí se vulnera un derecho fundamental”.

Vicente Navarro, secretario general de STAJ. (Foto: E&J)

Sobre esta negociación recuerda que “a 4.500 letrados de la Administración de Justicia se les sube en año y medio 640 euros brutos. Y ahí está el agravio comparativo con el resto de profesionales que hace casi el 97% de las funciones que dicen hacer. Ahora, cuando acabó su huelga para cobrar su productividad trimestral apretaron y no se acuerdan lo que han hecho en dos meses de huelga. Se está produciendo una gran discriminación con funcionarios de primera y nosotros de tercera”.

Desde su punto de vista, “el Ministerio no ha aprendido la lección de la huelga anterior, aunque sabía que se podría producir otro conflicto como éste nuestro que camina hacia otro paro general. Estas reclamaciones son de hace muchos años. No nos podíamos quedar quietos cuando se paga un dinero a otro colectivo, aunque nosotros hagamos esas funciones. La huelga tiene un coste que repercutirá en los derechos de los ciudadanos”.

Con el nuevo modelo, a STAJ le preocupa “el gran poder de los letrados judiciales como directores de la oficina judicial que van a ocuparse de gestionar la ubicación del resto de profesionales. Este nuevo enfoque se carga el servicio de justicia como servicio esencial. Porque se privatizan desde el primer momento algunas funciones que hasta ahora eran gratuitas”.

Así, indica que “desaparece el juzgado de paz, ejemplo de mayor proximidad, desaparición de los servicios de acto de comunicación, ahora todo en manos de procuradores que representan a corporaciones importantes. Estamos hablando de una contrarreforma que perjudica muchos de nuestros derechos laborales y el funcionario para hacer gestiones tendrá que acudir a gestores, procuradores, abogados. Muchos de esos procedimientos harán que el ciudadano pague más dinero”.

No respetan nuestros derechos laborales

Por su parte Javier Hernández, de Comisiones Obreras (CCOO), también ha mostrado su oposición a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que ha calificado de «auténtico desastre» al tiempo que ha denunciado que nunca se habló con los funcionarios. «No han respetado los derechos laborales, (…) cambia radicalmente las condiciones de trabajo», ha añadido.

Los 45.000 funcionarios del Ministerio de Justicia están llamados a la huelga este próximo lunes 17 de abril en paros parciales de tres horas «por un reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realiza el personal de juzgados, tribunales, fiscalías y demás servicios judiciales», semanas después del acuerdo firmado entre los letrados y Justicia”.

Al ser esta huelga de carácter nacional, es previsible que implique también a las comunidades autónomas con competencias trasferidas; eso va a suponer que Justicia tenga que hablar con ellas para que estas también propongan los planes que van a implantar en sus territorios para paliar los efectos de los paros.

De hecho, ya ha trascendido que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía consensuaba este miércoles con los sindicatos los servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios esenciales durante la huelga, los cuales serán publicados este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

De alguna forma, los sindicatos de la Administración de Justicia han seguido la estela del comité de huelga de los LAJs, que desconvocó el 28 de marzo el paro indefinido iniciado más de dos meses atrás después de pactar con el Gobierno una subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes para cada funcionario.

Este acuerdo dio lugar a una reunión entre Justicia y los sindicatos que ahora convocan los paros, en la que éstos constataron la «nula voluntad» del departamento de Llop de presentar una oferta de aumento retributivo, por lo que decidieron llevar a cabo medidas de presión.

En la misma línea, aunque todavía sin un calendario claro, se han expresado jueces y fiscales que, en sendos encuentros, no percibieron intención por parte de Justicia de convocar inmediatamente la mesa de retribuciones prevista por la ley para revisar su salario.

También los abogados del Turno de Oficio han anunciado el inicio de movilizaciones para defender sus derechos de mejoras profesionales y retributivas, y han extendido este llamamiento a toda la abogacía. El próximo 27 de abril se concentrarán ante el Congreso de los Diputados.