Más allá del acuerdo para acabar con la huelga indefinida de los LAJ

El Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y los Ministerios de Hacienda y Justicia llegaron a un acuerdo el pasado día 28 de marzo después de una huelga indefinida que comenzó el 24 de enero. El pacto, que fue ratificado por las asambleas provinciales de letrados, puso fin a la huelga y prevé una subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes como “complemento de eficiencia”.

Este acuerdo es una buena noticia para los letrados de la Administración de Justicia después de una huelga larga y difícil que ha tenido graves consecuencias para el sistema judicial. La suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y la retención de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones de los tribunales han tenido un impacto significativo en la Justicia española, pero sólo son la punta de un gran iceberg.

Téngase en consideración, a este respecto, que las numerosas competencias del letrado de la Administración de Justicia abarcan, en general, a los decretos por terminación anticipada del proceso por desistimiento del demandante y por carencia sobrevenida de interés, su incidencia en la sucesión procesal, el apoderamiento apud acta, los actos de comunicación, la jura de cuentas para reclamación de honorarios de abogado y procurador, a la suspensión del proceso por prejudicialidad y por declinatoria, el tratamiento de oficio de la competencia, el reparto de asuntos, el control y tramitación en la acumulación de acciones y de procesos, el control en la abstención y recusación de ellos mismos y de los de peritos, la dación de cuenta y la tasación de costas.

Si bien es cierto que los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio de Justicia han tenido que ceder en sus posiciones, el acuerdo se logró después de negociaciones largas y duras. El Comité de Huelga revisó y definió cada aspecto del documento final en la reunión con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la Secretaría de Estado de Función Pública.

Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública, y Manuel Olmedo, secretario general de Innovación del Ministerio de Justicia, en la firma del acuerdo. (Foto: Ministerio de Justicia)

El aumento salarial será gradual y con carácter consolidable. Concretamente, el 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos a partir de enero de 2023, otro 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de enero de 2024, y el 20% restante llegará en julio del próximo año.

No se puede negar que se ha logrado un pacto de fin de huelga que ha dejado un sabor agridulce en los letrados de la Administración de Justicia, pues el acuerdo no ha sido del todo satisfactorio. Por un lado, se ha producido un descuento de 190 euros por cada día de huelga, que no será compensado. Por otro lado, el acuerdo no constituye una adecuación salarial a las funciones asumidas por estos trabajadores del Ministerio de Justicia, sino que va vinculado a las funciones que se van a atribuir a los Letrados de la Administración de Justicia, a lo que hay que sumar que no se ha incluido la negociación colectiva en el acuerdo, pero esa cuestión no llegó a estar encima de la mesa.

Es patente el descontento de muchos Letrados de la Administración de Justicia tras el pacto alcanzado con el Gobierno, que se ha dejado notar por muchos que indican que deben ser resaltados los aspectos más decepcionantes del acuerdo. A pesar de todo, y aunque el acuerdo no ha sido lo que se podía esperar, se han logrado algunos avances y han demostrado su determinación en la defensa de los derechos laborales de los Letrados de la Administración de Justicia. Precisamente, es de justicia destacar la labor del Comité de Huelga y el esfuerzo de gran parte del colectivo, pues se han conseguido algunos avances y han demostrado su determinación al haber cuestionado directamente al poder del Ministerio de Justicia, demostrando su dignidad como cuerpo y su compañerismo. Además, debe resaltarse que los Letrados de la Administración de Justicia tienen que celebrar el haber conseguido, con su actitud, una fuerte incidencia en tres importantes aspectos.

En primer lugar, el acuerdo representa un paso importante en la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los Letrados de la Administración de Justicia. Aunque el incremento salarial acordado no es tan elevado como muchos podían esperar, es importante destacar que este acuerdo es sólo el comienzo de un proceso más amplio para mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo. Como se ha visto con la primera reunión realizada entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia el pasado día 11 de abril, queda camino por recorrer, motivo por el que se constituyeron grupos de trabajo para poder estudiar e implantar las reformas legales y reglamentarias proyectadas en el pacto del final de la huelga indefinida.

En segundo lugar, el acuerdo supone un reconocimiento público de la trascendental labor de los Letrados de la Administración de Justicia. Durante demasiado tiempo, este colectivo ha sido ignorado y menospreciado por el Ministerio de Justicia, lo que ha provocado una situación insostenible en muchos juzgados y tribunales de todo el país. El daño causado por esta situación lamentablemente se ha tenido que producir antes de que el Ministerio de Justicia tomara medidas para solucionar el problema. Sin embargo, el acuerdo reciente representa un paso contundente en la dirección correcta y es una señal de que el Ministerio de Justicia se está viendo obligado a reconocer, más allá del simple postureo, la importancia de este colectivo.

En tercer lugar, el acuerdo es trascendental porque puede servir como ejemplo para otros colectivos que ahora pretenden exigir mejoras retributivas. Es interesante destacar que algunos miembros de estos colectivos estuvieron inicialmente condescendientes con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, pero después de ver los resultados del acuerdo, han comenzado a pedir mejoras salariales similares. Esto demuestra que el éxito de los letrados de la Administración de Justicia puede tener un efecto dominó en otros colectivos que buscan mejorar sus condiciones laborales.

Por todo lo expuesto, es ineludible afirmar que, aunque haya defectos en el acuerdo entre el Gobierno y los letrados de la Administración de Justicia, el mismo representa un paso importante hacia la mejora de las condiciones laborales y retributivas de este colectivo. Además, el acuerdo es significativo porque reconoce públicamente la importancia de los Letrados de la Administración de Justicia y puede servir como ejemplo para otros colectivos que buscan mejoras salariales y laborales similares. Ello no debe provocar, no obstante, que se olvide que el pacto es solo el comienzo de un proceso más amplio y que se necesitará mucho trabajo y compromiso de todas las partes involucradas para garantizar que los Letrados de la Administración de Justicia tengan las condiciones laborales y retributivas que merecen.

Será imposible olvidar el esfuerzo de los letrados de la Administración de Justicia, que han hecho historia por su valentía al haber mantenido una actitud ejemplar durante la huelga, a pesar de las dificultades y los ataques recibidos. El Cuerpo se enfrentó al aparato político y mediático del Ministerio de Justicia, que no es de escasa envergadura y que no dejó de amedrentar a los huelguistas con amenazas que atacaban al núcleo de la fe pública judicial, y a otros colectivos —como los sindicatos, que dicen representar a los letrados de la Administración de Justicia mientras les atacan— que presionaron durante bastante tiempo a los efectos de impedir un convenio que pudiera servir para que los Letrados de la Administración de Justicia alcanzaran, al menos parcialmente, sus legítimas reivindicaciones.

Las cosas se podrían haber hecho de otro modo al final y, desde luego, podría haber existido menos sigilo con la propuesta y más tiempo para decidir sobre una propuesta de acuerdo que no terminaba de ser buena pero que, sin llegar a ser mala, podía ser lo mejor que se iba a conseguir sabiendo la tozudez y el orgullo de la ministra de Justicia y del secretario de Estado de Justicia, a los que poco o nada les importa el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en nuestro país, como se deduce directamente de su comportamiento y de la falta de preocupación por la parálisis de los órganos jurisdiccionales, que no se podría hablar alargado regularmente durante más de dos meses sin los expresos deseos de Antonio Rodríguez, que contaba obviamente con la aprobación de Pilar Llop.

También es posible que se hubiera logrado algo más si más compañeros hubieran participado en la huelga indefinida. Obviamente, no se puede reprochar nada a aquellos que se encuentran en una difícil situación económica por tener a varias personas dependientes a su cargo, pero si a aquellos que, en más de dos meses de huelga indefinida, no fueron capaces de participar algunos días ostentando esa posibilidad. A este respecto, se puede sentir lástima por muchos que, aunque tienen el bolsillo lleno gracias a los que han luchado por todos, quizá tengan la estima vacía por no haber sido capaces de haber participado en algo que ha trascendido del colectivo de Letrados de la Administración de Justicia y que ha llegado a tener un significado más fuerte del que por sí solos pueden llegar a alcanzar estos profesionales por separado.

El buen final de la huelga indefinida —aunque no resulte totalmente positivo, no ha podido ser malo si se atiende a las medidas de presión de los sindicatos y de las asociaciones de Jueces y Fiscales, que buscan emular lo alcanzado por los letrados de la Administración de Justicia— ha sido posible por la potencia de espíritu que se ha derivado directamente del compromiso y unidad del colectivo, que se ha podido sostener por la legitimidad de sus peticiones, muy alejadas de la envidia —se buscaba una adaptación estatutaria y salarial correlativo al régimen de responsabilidades asignado paulatinamente desde 2009 y con las que se ha logrado optimizar la Administración de Justicia— y más distanciada todavía de fines espurios e intereses puramente privativos de unos pocos de sus miembros. Asimismo, es cierto que la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia es un aviso para el futuro: los acuerdos se cumplen y, si han servido para poner fin a la huelga, con más razón.