Un mes después del acuerdo de los LAJs, funcionarios, jueces y fiscales afrontan la huelga general para resolver sus problemas

Desde el 28 de marzo, día en el que Ministerio de Justicia y el de Hacienda suscribieran con el Comité de Huelga de los LAJs un acuerdo que puso fin a esa huelga de nueve semanas y media que casi paralizó los juzgados españoles, la justicia española no ha dejado de sufrir conflictos laborales. La huelga de los LAJs, que consiguieron un apreciable aumento salarial, ha mostrado el camino a otros colectivos del ámbito de la justicia que tienen sus propias reivindicaciones.

Hacer un balance de este intenso mes es hacerlo de una serie de conflictos que están en marcha. Ante la falta de diálogo del Ministerio de Justicia, las huelgas se suceden en ese panorama jurídico, lo que ha generado un escenario bastante convulso.

La huelga de los funcionarios de Justicia, que partir del 4 de mayo se convierte en paros generales, el anuncio de un paro indefinido de jueces y fiscales a partir del 16 de mayo, ya registrado, o la concentración de abogados de toda España frente al Congreso, señalan las carencias del actual modelo de justicia.

Los operadores jurídicos están mal pagados, con cargas de trabajo inasumibles y reclaman al Ministerio que invierta menos en tecnologías que no siempre funcionan realmente para así poder atender sus mejoras salariales. Todos reconocen tener más competencias sin que hayan aumentado sus retribuciones.

Un jurista vinculado al Tribunal Supremo lo explica: “el déficit estructural en la Administración de Justicia es evidente. Desde hace muchos años, Ministerio de Justicia, CGPJ y Comunidades Autónomas no lo han afrontado y, lejos de reducirse, se ha incrementado desde el 2008”.

Firma del acuerdo entre los LAJs con Ministerio de Hacienda y Justicia ha sido el principio de otros conflictos laborales. (Foto:

La jurisdicción civil es un ejemplo, con miles de pleitos contra los bancos por las cláusulas abusivas de hipotecas, contratos o tarjetas revolving. El atasco de demandas es notable en los juzgados han generado un colapso importante.

En el propio Supremo, esta fuente nos aclara que los recursos de casación antes de esta oleada de pleitos generada por la crisis eran de cerca de 3.000 al año, ahora se han triplicado rozando los 10.000 asuntos. Con la falta de magistrados, el colapso es evidente. Una situación que viven otras salas del Supremo como la contenciosa o laboral, con falta de efectivos.

En esta situación, comenta que las situaciones de estrés son diarias en los juzgados y que las relaciones entre jueces, LAJs y funcionarios no son las más idóneas. La propia huelga de los LAJs ha tensionado más esas relaciones ya de por si complicadas. El trabajo es incesante y desborda a los profesionales.

Los LAJs marcaron el camino

Fueron los LAJs los que dieron primero y decidieron acabar con una situación insostenible de hace años, donde la Ley Orgánica del Poder Judicial incrementaba sus funciones como elemento clave de la oficina judicial, pero sin una mejora retributiva.

Después de varios paros parciales en noviembre y diciembre, el colectivo empujado, por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) convocaba la huelga general el pasado 24 de enero.

El seguimiento en todo el territorio nacional fue muy elevado. Unos paros indefinidos que por el retraso en la solución de la huelga por parte del Ministerio de Justicia han supuesto la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones.

Unos números que, en palabras de las asociaciones convocantes de la huelga “podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo”.

En la actualidad, el Ministerio de Justicia sigue dialogando con las autonomías de cara a implementar los planes de refuerzo para desatascar los juzgados ante la impaciencia de los profesionales, que ven cómo la carga de trabajo se ha incrementado.

Las propias comunidades autónomas han pedido al Ministerio que se haga cargo de la mayor parte de las inversiones que habrá que hacer, así se lo hicieron saber en la Conferencia Sectorial de Justicia de Baleares y en otras reuniones, pero aún no hay nada cerrado de su implementación.

Los sindicatos de justicia, a la palestra

Casi sin solución de continuidad, los sindicatos de los funcionarios de Justicia, CCOO, UGT, CSIF y STAJ se reunían el pasado 30 de marzo con el Ministerio para abordar la problemática de los 45.000 profesionales que trabajan en los distintos juzgados del territorio nacional.

Manifestación de funcionarios de justicia en Madrid. (Foto: E&J)

Como telón de fondo la búsqueda de una subida salarial similar a la de los LAJs, de unos 430 euros brutos, y la petición de una serie de cambios en el contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), la ley estrella de la ministra, Pilar Llop, donde se plantean cambios organizativos importantes.

La falta de entendimiento con el Ministerio de Justicia ha generado otro conflicto laboral en forma de huelga que arrancó el pasado 17 de abril con paros parciales de tres horas. En este escenario de tiempo dos reuniones con Justicia con escaso entendimiento entre el Comité de Huelga de este colectivo y el propio equipo ministerial.

Tras una semana de huelga y “ante la negativa del Ministerio de traer una propuesta económica”, los sindicatos han pedido la dimisión de Pilar Llop y anuncian que van a intensificar las movilizaciones. Los paros parciales desaparecen a partir del 26 de abril para convocar huelgas de jornadas conpletas los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y una concentración el próximo jueves 4 de mayo frente a la sede del Ministerio.

María Victoria Carrero, responsable nacional del sindicato de Justicia de UGT, reconocía que el conflicto de los LAJs “es lo que nos ha hecho saltar al final y buscar la reunión con el Ministerio de Justicia para colmar una reclamación histórica como es la mejora salarial por las nuevas funciones que desempeñamos. La falta del diálogo con Justicia provoca que la huelga se recrudezca en los próximos días”.

La ministra de Justicia, en el ojo del huracán

La conflictividad laboral existente a lo largo de estas últimas semanas ha señalado a Pilar Llop como una de sus causantes. A lo largo de estos tres últimos meses su presencia en las negociaciones de alguno de estos conflictos ha brillado por su ausencia.

Llop, con continuos viajes por Europa para preparar la presidencia española de la UE en este segundo semestre, ha hecho caso omiso de los comentarios de diferentes operadores jurídicos que la invitaban a que liderase la solución al conflicto de los LAJs, un asunto que empezó a llevar el secretario de Estado, Tonxtu Rodríguez, pero que acabó, como el resto de los asuntos en manos del secretario general de innovación, Manuel Olmedo.

En este periodo de tiempo se ha visto a la Ministra de Justicia activa en el Congreso, defendido las reformas de la ley Solo sí es sí, asistiendo a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde los grupos políticos la pidieron más implicación en la huelga de los LAJs, sin hacer caso, y más recientemente en el Senado contestando a una pregunta sobre las mejoras en el Turno de Oficio. Siempre un mismo discurso que ha exasperado a todos.

Pilar Llop. (Foto: Ministerio de Justicia)

Tampoco ha cambiado de talante ante el nuevo conflicto laboral planteado por los funcionarios de justicia, ya en huelga desde hace unos días. La titular de Justicia ha seguido un mismo tono en sus declaraciones señalando, pese a que la realidad era otra, que su Ministerio negociaba con las partes en conflicto pero que “apelaba a la responsabilidad de los convocantes de la huelga porque este paro afectaba a miles de ciudadanos”.

En los últimos días, con el anuncio hecho por jueces y fiscales de una convocatoria de huelga para el próximo 16 de mayo, si la mesa de retribuciones convocada para dentro de una semana no es efectiva, los funcionarios de Justicia han pedido su dimisión y juristas como Eugenio Ribón, decano del ICAM, creen que igual sería necesario un cambio en el Ministerio.

Los abogados se movilizan

De forma paralela al conflicto de los LAJs se iba gestando, a través de distintas reuniones, una protesta masiva de la abogacía española, cansada de su pérdida derechos y de los problemas de cobro en el Turno de Oficio.

Eso hizo que una plataforma formada por 13 asociaciones y un sindicato de abogados impulsaran la concentración que tuvo lugar ese jueves frente al Congreso de los Diputados, con la asistencia de abogados y abogadas de todo el país.

El manifiesto leído por Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Malaga, y Gema Fernández, presidenta de AJATO, puso el colofón a esta jornada, donde cerca de 2.000 letrados procedentes de toda España protestaron ante la situación de maltrato que sufren.

Un éxito de convocatoria donde ha brillado por su ausencia la presidenta del CGAE, Victoria Ortega y parte de sus consejeros. De hecho, desde los canales de redes sociales de este organismo la movilización no ha existido.

Alicia Vega, presidenta de la Confederación de Abogados del Turno de Oficio (CEAT) y presidenta de ASATO, señala que “estamos satisfechos de la convocatoria y del seguimiento que ha tenido esa concentración. Al mismo tiempo hubo una acción en redes sociales que fue trending topic en Twitter”.

Ese colectivo ha presentado, como ya avanzó Economist & Jurist, varias enmiendas al Proyecto de Ley de Derecho a la Defensa, que ayudarían a mejorar la ley de justicia gratuita, que data de 1996. Al mismo tiempo, profesionales como Vega acudirán al Congreso de la Abogacía que se celebra del 3 al 5 de mayo, donde se hablará de las mejoras que requiere la profesión del abogado y el Turno de Oficio.

Manifestación de abogados. (Foto: ICAM)

Jueces y fiscales, a por todas

Por su parte, las asociaciones de jueces y fiscales también anunciaron hace unos días al Ministerio de Justicia que irán a la huelga indefinida el próximo 16 de mayo si en la próxima Mesa de Retribuciones del 3 de mayo no se llega a un acuerdo.

Así se lo han hecho llegar este viernes tanto al CGPJ como al Ministerio de Justicia y al fiscal general del Estado en un documento suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura; Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Foro Judicial Independiente y la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independientes de Fiscales.

La última noticia de este asunto viene por el pronunciamiento del Pleno del CGPJ de este jueves, que ha señalado que las reclamaciones salariales de los jueces son legítimas y tienen un base legal. El CGPJ estará presente en la citada Mesa de Retribuciones.

Jorge Fernández, portavoz nacional de la AJFV, lo tiene claro: “La cuestión salarial está estancada en los últimos diez años. No hemos recuperado el poder adquisitivo perdido por los recortes que hizo Zapatero en el 2010. De ese recorte hay cerca de un 5% que nunca recuperamos”.

“A esa pérdida habría que añadir la sufrida por el IPC, ya que no se ha producido un aumento retributivo similar a la inflación en estos quince años que podría estar entre el 15 o 17%”, indica.

Junto a ello, el portavoz de la Asociación de Jueces de Francisco de Vitoria también constata que “están fijados conceptos retributivo de forma intolerable. Así, una guardia la cobran muchos compañeros jueces a 0,35 euros brutos la hora. No parece serio. De hecho, el grueso de las guarias esta entre 0,35 y dos euros brutos la hora”.

El escenario que se avecina es bastante complejo, donde la voluntad negociadora del Ministerio de Justicia está supeditada al margen que Hacienda pueda ofrecer en las compensaciones económicas que se demandan en estas mesas de trabajo.

Mientras tanto, el retraso en los señalamientos y la suspensión de juicios se ciernen como una amenaza para los ciudadanos, que verán que sus asuntos siguen paralizados, y muchos abogados y procuradores que están sufriendo la falta de actividad en sus cuentas de resultados tras semanas de parón.