Razones para un conflicto con jueces y fiscales

La razón por las cual surge ahora un conflicto con el Ministerio de Justicia por jueces y fiscales es de índole retributiva, pero no sólo retributiva. Ciertamente, y en eso tiene razón el Ministerio de Justicia, esas razones no se han producido ahora, sino que vienen de un tiempo atrás -como ahora explicaré- pero no se han arreglado ni corregido a lo largo de los años, y, desde luego, tampoco lo ha hecho el actual equipo ministerial.

En el año 2003 se dictó una norma que establecía el régimen retributivo de jueces y de fiscales. En esa norma, además de señalar los criterios fundamentales a través de los cuales, complementados por las leyes de presupuestos, iban a recibir sus retribuciones los integrantes del poder judicial, se establecía la creación de una Mesa de Retribuciones, de composición mixta, que evaluaría cada cinco años la evolución de las retribuciones establecidas y pactadas.

En el año 2010 vino el gran recorte de Zapatero, que afectó al conjunto de la función pública, si bien a los jueces y a los fiscales nos afectó en mayor medida (casi un 10% de nuestras retribuciones netas) al tratarse de unos recortes concebidos con carácter progresivo.

Desde entonces, los vaivenes salariales de las retribuciones de jueces y fiscales han resultado del concierto del Gobierno con los sindicatos, sin que la famosa Mesa se hubiera reunido nunca, ya que el Ministerio de Justicia, integrado sucesivamente por diferentes titulares, no ha aceptado convocarla. Detrás de esa negativa, intuyo que está la posible reclamación de recuperar aquel 10% que se perdió con el recorte de Zapatero, y para no discutir lo mejor es no convocar.

En el otoño pasado, incluso, cuando parecía que por fin se iba a convocar la Mesa, el Ministerio la canceló unilateralmente. La inflación acumulada desde el año 2010 ha llegado al 28%, pero las retribuciones de jueces y fiscales, ahora mismo, son muy parecidas en cifras a las que teníamos antes del recorte de 2010.

Es decir, que consideramos haber perdido mucho dinero en el sueldo. Pero también hay otros conceptos que no son sueldo, pero que irritan mucho a los jueces y fiscales que han de prestar ciertos servicios por la irrisoria cantidad con que están compensados.

Ministerio de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia)

Las guardias de permanencia de ocho días se pagan con cantidades ridículas (algo más de 200 euros, incluidos los festivos) o el kilometraje, a precio de coche eléctrico, no de gasolina, o el hecho de que en esas guardias los fiscales sirvan varios juzgados que también están de guardia. Nada de eso se arregla en décadas.

Pero es que el conflicto, que tiene razones económicas, tiene mucho más. La ratio de jueces y fiscales en España está muy por debajo de la media europea (hay la mitad de fiscales españoles por cien mil habitantes de los que hay en la media en Europa, y algo más de la mitad en relación con los jueces) con lo cual la carga de trabajo es grande, y se va incrementando, sin compensación material alguna.

Los movimientos políticos en relación con la Justicia no se dirigen a arreglar su funcionamiento, año tras año, sino a discutir el mejor modo de controlar sus órganos de Gobierno (tanto el CGPJ como la Fiscalía General), y ahí el celo es máximo.

El presupuesto asignado a la Justicia sigue siendo irreal para las necesidades de la misma. Vemos que es así día a día, año a año, y nada mejora. Claro, el descontento es general: letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, jueces y fiscales, todos disgustados en un modo u otro por algo que no funciona y que, además, como funcionarios -como trabajadores- nos termina repercutiendo de manera negativa en nuestras mismas retribuciones.

Sólo con una asunción realista de que la Justicia cuesta más, bastante más de lo que el Estado está -y ha estado- dispuesto a gastar en ella, solventará el problema, aún tratándose de un problema complejo.

Sólo una mejor gestión de esos fondos optimizará el rendimiento.

Y sólo una voluntad decidida del legislador (algo que hoy transita los caminos en sentido inverso) privará a las élites y jerarquía de la Justicia de la lamentable imagen de una politización que hoy lastra cualquier imagen de igualdad de la aplicación de la ley para todos.