Jueces y fiscales consideran insuficiente la propuesta salarial del Gobierno pero volverán el 8 de mayo a negociar

Ha bastado una jornada para que jueces y fiscales, a través de las asociaciones que les representan y que estuvieron este miércoles en la Mesa de Retribuciones, convocada tras diez años de ausencia, tengan una propuesta del Ministerio de Justicia y de Hacienda sobre sus reivindicaciones salariales.

Dicha propuesta que rondaría los 44.5 millones de euros anuales supondría cerca de  480 euros al mes brutos en doce mensualidades, que se queda a mitad de camino de lo que reclaman jueces y fiscales unos 700 euros brutos al mes y mejora en el pago de las guardias.

Jueces y fiscales se han llevado la propuesta para estudiarla internamente sabiendo que no será fácil que haya una mejora económica mayor, aunque también nos indican que podría mejorarse en la reunión del lunes aspectos sobre productividad, mejora de carrera profesional y retribución de guardias.

Juan Jose Cambronero de la APM e Ines Herrero de UPF atienden a los periodistas apostados en el Ministerio (Foto: E&J)

De momento, por tanto se mantiene la convocatoria de huelga indefinida prevista para el 16 de mayo y siguientes días, según un comunicado interno de las asociaciones a sus afiliados hecho público al filo de las diez de la noche, donde se habla de la negociación abierta pero sin entrar en muchos detalles por el momento.

En ese contacto con los medios que han llevado Juan José Cambronero, magistrado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) e Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales ambos juristas han explicado de forma general la situacion de las negociaciones, señalando que ahora estudiarán la propuesta del Ministerio y que el lunes seguirán negociando.

En esa Mesa de negociación no faltaba nadie. Al parecer desde Moncloa, según ha podido saber Economist & Jurist hay mucho interés en que se resolviera este asunto lo antes posible y que no tuviera lugar la huelga indefinida del próximo 16 de mayo.

Junto a representantes de las asociaciones de jueces y fiscales, y los vocales del CGPJ José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez y Juan Martínez y Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo de la FGE, estuvieron presentes Tonxtu Rodriguez, secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, secretario general así como y Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública acompañada de José Ramón Crespo, subdirector general de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones de su entidad, entre otros juristas convocados.

De nuevo, como ya lo fue, en la huelga de los LAJs, el papel de Lidia Sánchez está siendo crucial en dicha negociación. En esta reunión, la primera de dicha Mesa de Retribuciones, la mañana se dedicó a escuchar las reivindicaciones de las asociaciones profesionales, preocupados por su elevada carga de trabajo y remuneraciones congeladas.

Tras esas exposiciones matinales, el tándem Justicia y Función Pública se comprometió, tras un receso de cuatro horas, en presentar dicha propuesta retributiva como respuesta a las demandas recibidas por estos representantes de jueces y fiscales.

Sindicatos de Justicia CCOO; CSIF; UGT Y STAJ indignados con el Gobierno “No somos funcionarios de segunda” (Foto: E&J)

La jornada de la tarde que arrancó sobre las seis de la tarde duró apenas dos horas, ante la falta de consenso y la necesidad de que cada colectivo profesional consultase con sus profesionales la propuesta recibida.

Mientras tanto, la ministra Pilar Llop, que al parecer según nos indican algunos representantes de dicha Mesa de Retribuciones, apareció por la mañana en el Ministerio para saludar a los asistentes, encamino sus pasos a Tarragona para inaugurar el XIII Congreso de la Abogacía.

Al filo de las nueve de la noche Justicia, desde su gabinete de prensa emitía una escueta nota donde señalaba que se había formulado una propuesta a las asociaciones de jueces y fiscales a nivel salarial y explicado el papel que van a tener en las leyes de eficiencia que se tramitan en este momento y que van a cambiar de forma radical el modelo de justicia.

Hay por tanto avances importantes y la reunión del lunes puede ser clave para el desenlace de este conflicto porque lo que menos quiere Pedro Sánchez en periodo preelectoral es encontrarse con una huelga indefinida de jueces.

Los sindicatos de funcionarios, al ataque

Muy pendientes de las negociaciones están los cuatro sindicatos de los cuerpos generales de justicia, CCOO, UGT, CSIF y STAJ, que no dan crédito a lo que está pasando esta tarde de miércoles “Nosotros no tenemos desde el pasado 24 de abril ninguna comunicación con el Ministerio de Justicia”, advierten a esta periodista.

Las llamadas y los grupos de whataspp han sido intensos a lo largo de este miércoles pasado, intensificándose cuando se conoce que los jueces y fiscales, con solo una amenaza de huelga indefinida han logrado en su primer día de negociación contar con una propuesta económica firme.

La indignación crece entre los miembros del Comité de Huelga. Recuerdan que este jueves habrá un paro general en los juzgados españoles “creo que con esta actitud hay que coger la huelga con más ganas”, apunta Maria Victoria Carrera, responsable nacional de UGT Justicia.

Este jueves las organizaciones sindicales impulsan paro general y concentración frente al Ministerio (Foto: E&J)

Nuestra interlocutora nuestra su enfado por los nuevos servicios mínimos que el Ministerio de Justicia acaba de modificar. “Los hemos recibido cerca de la tres de la tarde y son demasiado exigentes. Creo que los vamos a recurrir judicialmente como ya hicimos con los primeros”, advierte

Al mismo tiempo que avanzan las negociaciones en el Ministerio,  las cuatro organizaciones hacen un llamamiento para organizar una gran concentración frente al Ministerio de Justicia para reivindicar los intereses de los más de 45.000 funcionarios de Justicia de nuestro país.

Al paro total de este jueves le seguirán paros de 24 horas este mes los días 9,10, 11, 16, 17 y 18. Ya se han paralizado más de 4 millones de expedientes

y se han suspendido decenas de miles de juicios porque los paros parciales se iniciaron el pasado 17 de abril para lograr mejoras salariales y la redefinición de sus funciones.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Al mismo tiempo reclaman poder incorporar sus propuestas a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la famosa LOEO, pieza clava en el nuevo modelo de justicia que la ministra Pilar Llop está explicando en muchas de sus comparecencias. Un modelo en el que los funcionarios temen que se amorticen muchos puestos de trabajo a medio plazo por lo que conocen.

Así, desde el Comité de Huelga que ha configurado este colectivo, se insiste en que tras la oferta de subida salarial para jueces y fiscales “participar en la huelga del personal de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia es, ahora, más obligado que nunca”, aclara Luis Calero, Secretario General de FSC-CCOO de Justicia.

Para estos profesionales la postura de Hacienda y Justicia “es un alarde de clasismo y y discriminación indigno de este Gobierno que se dice progresista porque nos consideran funcionarios de segunda. Si no nos ofrecen una compensación es previsible que vayamos a la guerra total”, afirma Vicente Navarro, secretario general de STAJ.

En concreto, están llamados a la huelga 45.000 trabajadores, que constituyen el 93 por ciento de la plantilla: gestores procesales y administrativos, atención al ciudadano, registro de documentos, redacción y distribución de diligencias, autos, notificaciones, etc. También se incluyen médicos forenses y facultativos de toxicología, técnicos de laboratorio, etc.

“Ya hemos tenido suficiente paciencia con ministra Llop y con el Gobierno. Si no mueven ficha, la Justicia colapsará y ellos serán los únicos responsables. Además, con su negativa a negociar y atender las justas demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Justicia, el Gobierno demuestra su nulo interés en el servicio público que reciben los ciudadanos”, destaca Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF.