Abogados y ciudadanos, desamparados ante la paralización de la Justicia

Las sucesivas convocatorias de huelga en el seno de la Administración de Justicia están agravando, de manera relevante, el secular retraso de los tribunales en tramitar y resolver procedimientos de todo orden.

Desde principios de año, primero los letrados de la Administración de Justicia, después los funcionarios gestores y tramitadores y ahora, previsiblemente, jueces y fiscales, están ejerciendo su derecho constitucional a la huelga, y -consecuentemente- causando un perjuicio enorme al servicio público.

La afectación a los ciudadanos está siendo muy profunda: no sólo por la suspensión de vistas y comparecencias, sino también por la paralización de todo tipo de trámites que tienen un impacto directo sobre la ciudadanía y que afectan, de modo directo e inmediato, a sus derechos personales y económicos. Esta situación, dilatada en el tiempo, está produciendo a los ciudadanos usuarios del servicio un perjuicio de unas proporciones inmensas.

Lo anterior está paralizando un servicio público por el que los ciudadanos que lo usan, no lo olvidemos, están pagando, no solamente con sus impuestos, sino también con las tasas judiciales. Se trata, pues, no de un servicio público gratuito, sino que es de un servicio por el que los ciudadanos pagan.

Sede del ICAM (Foto: ICAM)

Es de especial relevancia y gravedad la afectación de la huelga respecto de los profesionales que operan en la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales.

Los profesionales que trabajan en el entorno de los juzgados y tribunales están siendo directamente perjudicados por la huelga. En primer lugar, si los procedimientos judiciales están paralizados, los profesionales tienen un grave riesgo de disminuir o paralizar su actividad y, por tanto, de reducir sustancialmente sus ingresos o, incluso, verse privados de ellos. Además, habitualmente, los profesionales que desarrollan su trabajo en el mundo de los litigios indexan sus honorarios al avance del procedimiento judicial; si el proceso se paraliza, los ingresos no se producen. Sin embargo, deben seguir soportando los gastos de estructura de los despachos profesionales. En cuarto lugar, cuando se suspende un señalamiento judicial, se obliga al profesional a una nueva preparación cuando se señale el acto procesal nuevamente, lo que normalmente ocurre con un amplio lapso temporal, trabajo adicional que en la mayoría de ocasiones no se podrá repercutir al cliente. Por último, si la suspensión de un acto procesal se produce de forma sorpresiva, sin previo aviso por parte del órgano judicial, se producen gastos, para el profesional y para sus clientes, que -en ocasiones- pueden ser de importancia; gastos que será preciso volver a desembolsar cuando se produzca un nuevo señalamiento.

La indefensión de los profesionales es máxima. La solicitud por parte de los funcionarios integrantes de la Administración de Justicia, a través del ejercicio del derecho de huelga, de una mejora en sus condiciones económicas y laborales, está causando un gravísimo perjuicio a los ciudadanos y a los profesionales de la que no se podrán resarcir.

Desde la Abogacía elevamos nuestra máxima protesta por ser víctimas cualificadas de esta situación y volvemos de nuevo a exigir un Pacto de Estado por la Justicia inmediato. Exigimos que las partes implicadas no se levanten de la mesa de negociación hasta que se alcance un acuerdo. Exigimos respeto a la función de los profesionales de la justicia y a los ciudadanos usuarios del servicio público.