Se cierra sin acuerdo la tercera reunión de jueces y fiscales con el Gobierno, pero la huelga podría retrasarse tres días

Después de más de cinco horas de reunión, con receso incluido, las posturas entre el Gobierno, representado por los Ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública y las asociaciones de jueces y fiscales siguen alejadas. La Administración no se ha movido de los 46,2 millones de incremento, cantidad que no aceptan la mayor parte de las asociaciones que convocan.

El tiempo se echa encima y el propio secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez habría pedido seis días para poder elaborar una nueva propuesta y trasladársela a las asociaciones de jueces fiscales, el próximo martes 16, día en el que empezaría la huelga indefinida convocada por jueces y fiscales.

De hecho, desde fuentes de la negociación se confirma a Economist & Jurist una próxima reunión entre las partes para el martes 16 de mayo, día en el que por el momento está previsto el arranque de la huelga indefinida de las asociaciones de jueces y fiscales.

Lo que sí parece claro es que se ha roto la unidad entre las asociaciones convocantes de esta huelga en cuanto a aceptar o no la oferta de Justicia y Función Pública que no se ha movido de la última reunión, tras este último encuentro celebrado ese miércoles.

La APM considera que «no se ha visto ningún avance«, pero las asociaciones progresistas UPF y Jueces y Juezas para la Democracia dan por buena la oferta y esperan que se mantenga en las próximas negociaciones.

Según confirmaron a la salida de la reunión, sobre las diez de la noche, los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Cambronero y Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, es previsible que estas asociaciones, como el resto que firmaron la convocatoria de huelga, hagan una consulta interna sobre el citado aplazamiento.

Por el momento, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional de Fiscales se muestran partidarios a aplazar la huelga tres días, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación Francisco de Vitoria han quedado en consultar sobre esta cuestión en los próximos días a sus ejecutivas.

La oferta del Gobierno es la misma

Por su parte, tanto Jueces y Juezas para la Democracia, a través de su representante Juan Vacas como la Unión Progresista de Fiscales, representada en esta negociación por su presidenta, Inés Herreros, valoran positivamente que el Gobierno no se ha movido este miércoles de su oferta de 46,2 millones y la consideran “seria y responsable y hay que contextualizarla en el seno de los proyectos de ley de eficiencia que están en trámite parlamentario”, indica.

Desde estas entidades se piensa que hay que evitar una situación que agrave la crisis actual de la Administración de Justicia. “El servicio público debe estar por encima de cualquier cosa. Si la negociación sigue la semana que viene, porque ha habido avances, nosotros no somos partidarios de secundar la huelga”, apuntó Juan Vacas.

Para Juan José Cambronero, las posturas a nivel económico siguen alejadas, pero no cierra la puerta a que alguna asociación se descuelgue de la convocatoria de huelga. “Ahora es el momento de que las Ejecutivas de cada asociación valoren de cara a si se hace un aplazamiento de la huelga. También les informaremos de los detalles de esta reunión. La negociación sigue por ahí, pero por el momento no hay acuerdo”.

Desde la APM se tiene la esperanza que esta Mesa Técnica de Retribuciones llegue a buen puerto. “Lo hemos pensado desde el primer día y no hay razones para pensar que no sea así cuando acaben estas negociaciones, aunque las propuestas que el Ministerio nos ha planteado nos parecen insuficientes”, comenta Cambronero.

Por su parte, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, insiste en que “el diagnóstico es común en todas las asociaciones sobre la situación retributiva, porque jueces y fiscales hemos perdido poder adquisitivo. También coincidimos en los problemas de la Administración de Justicia. Hemos puesto distintas problemáticas que deben ser rectificadas y ofrecer soluciones a ellas”.

También aclara que en este momento las asociaciones, a través de sus Ejecutivas valoran un aplazamiento de la huelga indefinida prevista para el próximo martes 16, día en que previsiblemente se organizaría la cuarta reunión de esta Mesa de Retribuciones. “Se trata de tener un margen mayor de negociación y eso se va a debatir en los próximos días” apunta.

En cuanto a la oferta económica, el tándem formado por Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, y Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Hacienda y Función Pública no se ha movido de los últimos 46,2 millones de euros. Está desglosada en tres grupos de profesionales y van desde los 350 euros de aumento salarial al mes para el Grupo I; a los 490 para el Grupo II y 350 para el tercero.

Los funcionarios, hacia la huelga indefinida

Esta reunión se produce cuando este miércoles el Comité de Huelga de los funcionarios de Justicia, tras una concentración frente al Ministerio, han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo ante la pasividad del Ministerio de Justicia. “No tenemos ninguna oferta económica desde el pasado 24 de abril y nos vemos obligados a radicalizar el conflicto”.

Al mismo tiempo, convocan una manifestación en la capital de España el próximo 25 de mayo ante la inexistencia de contacto con el Ministerio de Justicia en estos momentos.

Estas organizaciones mantienen las jornadas de huelga para los próximos días 10, 11, 16, 17 y 18 que CSIF ha convocado junto a los sindicatos STAJ, CCOO y UGT y dan un paso más para endurecer este conflicto laboral porque observan que el Ejecutivo con el que se sentaron la última vez el pasado 24 de abril no reacciona y aún no hay una propuesta laboral sobre la mesa de negociaciones.

De esta manera, los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública «tienen diez días para evitar el colapso absoluto en la Administración de Justicia«, ha subrayado Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario en este sector, durante una concentración frente a la sede del departamento que dirige Pilar Llop.

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que hasta ahora han promovido movilizaciones, paros parciales y huelgas puntuales de 24 horas, endurecen así su presión hacia el Gobierno para que les plantee una oferta retributiva «como sí ha hecho con los letrados (de la administración de Justicia) y como sí está haciendo con los jueces y fiscales».

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