Gobierno y asociaciones de jueces y fiscales firman el acuerdo para mejorar sus retribuciones del que se descuelga la APM

Después de cinco reuniones de trabajo y una amenaza de huelga, jueces y fiscales han logrado cerrar un acuerdo con el Ministerio de Justicia, en el marco de la Mesa de Retribuciones por el que han logrado una mejora salarial que ofrece a ambos colectivos subidas de hasta 450 euros al mes en un montante total de 46,7 millones de euros.

El acuerdo ha sido firmado hoy en la sede del Ministerio por las organizaciones de jueces y fiscales. De este acuerdo se ha descolgado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial.

Hoy, su presidenta, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, se ha multiplicado para atender a los medios informativos con el mismo mensaje: “Es un acuerdo con el que el único que gana es el Ministerio de Justicia y será difícil recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos diez años”.

Ha llamado la atención la ausencia de representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en dicha Mesa de Retribución, que al final tampoco han acudido a firmar este acuerdo. Al mismo tiempo, el pleno del CGPJ convocado para mañana miércoles y en el que se iba a tratar el acuerdo sobre retribuciones se ha desconvocado, con lo que por el momento no se conoce la opinión del CGPJ sobre el acuerdo.

Por parte del Gobierno han participado en la firma Tontxtu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia y Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública, que han estado acompañados por miembros de su equipo y representantes de la Fiscalía, como Esmeralda Rasillo, fiscal de sala jefa de la Unidad de Apoyo.

Por parte de las asociaciones de fiscales han participado Cristina Dexeus, presidenta de Asociación de Fiscales, Vicente González como miembro de API, Victor Castells vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

En cuanto a la carrera judicial suscribieron el acuerdo Francisco Gutiérrez, miembro de la Ejecutiva de Foro Judicial Independiente, Ascensión Martín, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia y José Ignacio Martínez, representando a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

Tontxtu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia y Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública. (Foto: Ministerio de Justicia)

Sólo un comunicado conjunto

En esta oportunidad, los magistrados firmantes no han hecho declaraciones tras el acuerdo. Tampoco del Ministerio de Justicia, salvo una breve nota han dado su opinión sobre este pacto.

Las asociaciones que suscribieron el acuerdo han consensuado un comunicado de prensa en el que indican que “como podréis comprobar, el acuerdo alcanzado incluye un aumento de las retribuciones de jueces y fiscales de 450/440 euros, según los casos, a completar en tres tramos (40%, 40% y 20%) entre la fecha actual y el 1/6/2024. El primer tramo tiene efectos desde el 1 de enero de 2023”.

También señalan que este acuerdo “incluye un calendario para dar continuidad a las negociaciones retributivas para el próximo quinquenio, con la constitución de grupos de trabajo destinados a preparar nuevas mejoras retributivas (guardias, trienios, carrera profesional, grupos de población, entre otras y sin descartar ninguna) en un plazo máximo de tres meses y reuniones al menos trimestrales a partir de su constitución”.

Otra cuestión que destacan en La nota es el compromiso del Ministerio para “la reunión formal de la comisión en mayo de 2024 y anualmente durante el periodo de ejecución, así como que el documento incluye la previsión de que se convoquen 100 nuevas plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal en 2023 y otras 100 en 2024”

Al mismo tiempo destacan que “en el caso de la Carrera Fiscal, el compromiso de abordar ciertas cuestiones (conversión de plazas, desdoblamiento de fiscalías superiores en Comunidades Autónomas uniprovinciales, inclusión en los Anexos de la Ley 15/2003 de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área y aprobación de las plazas presupuestadas para 2023).

Vía de colaboración

Solo Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y Salvador Viada portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han hecho declaraciones después de la firma.

Para esta jurista, miembro del Consejo Fiscal, el acuerdo abre una vía interesante de colaboración con el Ministerio de Justicia porque la Mesa de Retribuciones se organizará una vez al año, y no cada cinco años como hasta ahora.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal. (Foto: Asociación de Fiscales)

Desde su punto de vista, el Ministerio de Justicia debe buscar una fórmula de modificar su sistema de gestión de la Administración de Justicia. “Debe haber un equilibro en las inversiones en tecnologías y personal, porque los profesionales que formamos parte del entramado judicial tenemos una gran responsabilidad en nuestro trabajo y debemos ser retribuidos conforme a lo mismo”.

Por su parte, Salvador Viada reconoce que su asociación no está satisfecha con el acuerdo “pero en estas condiciones era lo único que podríamos lograr. Los acuerdos regulares son los que te ayudan a avanzar porque el mejor acuerdo nunca llega realmente. Teniendo en cuenta las circunstancias hay que darlo por bueno, realmente”.

Para este jurista, parece claro que, si el acuerdo lo hubieran firmado las siete asociaciones, hubiera sido mejor. Tenemos que aprender algunas cosas y una de ellas es que tenemos que reclamar todo lo mismo y juntos. Creo que es la lección que hemos aprendido de esta negociación para futuras negociaciones”.

A su juicio, “no puede haber dudas que el Ministerio de Justicia cumpla con los acuerdos a los que se ha comprometido en este documento firmado por ambas partes. Hoy he venido a apoyar a mi compañero Valentín González, que acudió a la firma del mencionado acuerdo y ha estado presente en todas las reuniones. Creemos que el Ministerio va a cumplir”.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, estipula que en los próximos cinco años deberá abordarse la retribución de las guardias, retribuciones variables, trienios, carrera profesional, grupos de población y otros complementos por circunstancias especiales.

“Los funcionarios tienen razón”

En las puertas del Ministerio se encontraban un grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia que hoy se han manifestado frente al Congreso de los Diputados y que esperan desde el pasado 14 de abril una propuesta del Ministerio para empezar a negociar.

Javier Jordan, presidente de CSIF Justicia y Vicente Navarro, secretario general de STAJ, en primer término, piden al Gobierno que se siente a negociar con los funcionarios de justicia. (E&J)

Entre ellos se encontraban Javier Jordán, presidente de CSIF Justicia y Javier Hernández de FSC CCOO. Aseguran que Viada reconoció que “la huelga de los funcionarios es lógica y creo que sus reclamaciones son adecuadas. Si se sube el sueldo a lo LAJs y ahora a jueces y fiscales, hay que también compensarles a ellos”, apuntó.

Con posterioridad, Jorge Vaquero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria explicaba a Economist & Jurist que el acuerdo supone “el inicio de una dinámica bilateral entre jueces y Gobierno para negociar nuestro marco retributivo, que es lo que el legislador quiso en el 2003, cuando desarrolló el mandato constitucional tendente a garantizar la independencia económica de los jueces”.

Desde su punto de vista, es previsible que se inicie una nueva etapa en cuanto a las relaciones con el Ministerio de Justicia con los sucesivos Gobiernos “porque en el acuerdo la Mesa sigue abierta y hay un calendario para el próximo quinquenio, lo que es verdaderamente revolucionario teniendo en cuenta que en los 20 años pasados los gobiernos anteriores han hecho caso omiso del mandato legal de negociar con nosotros nuestras retribuciones”.

Los funcionarios de justicia han impulsado hoy el segundo día de huelga general en todo el país, con concentraciones en distintas sedes judiciales y otra más grande frente al Congreso de los Diputados.

Se espera una gran manifestación para el próximo jueves del Ministerio de Justicia al de Hacienda y su Comité de Huelga muestra su indignación ante la falta de contacto con el Ministerio para resolver este otro conflicto. “No es de recibo que no sepamos nada de Justicia”, indicaba Javier Jordán.

Por su parte, Javier Hernández, de CCOO, se mostraba molesto con la situación actual. «Lo que está demostrado el Ministerio de Justicia es que es clasista y defiende claramente a las élites y no a los trabajadores». Los sindicatos argumentan que el 80% del trabajo lo sacan adelante los funcionarios y, por lo tanto, ellos también son merecedores del aumento lineal de sueldo que el Gobierno ha concedido a los jueces, fiscales y letrados.

Este miércoles 24 de mayo también está llamado a una huelga general para exigir «condiciones de trabajo dignas» el personal laboral de la Administración de Justicia de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en esta materia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.