La disolución de las Cortes deja en el limbo 60 proyectos legislativos que no podrán ser aprobados esta legislatura

El anuncio de adelanto de elecciones generales realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes Generales este mismo martes impedirá la tramitación y aprobación definitiva de diferentes proyectos de ley, impulsados por el Gobierno, y proposiciones de ley promovidas por los grupos parlamentarios.

En cuanto a proposiciones de ley, se han quedado en fase de tramitación más de un centenar, aunque una de las más destacadas era la que busca la abolición del proxenetismo, que llevaba el sello del PSOE y que ha dividido a Podemos.

Las nuevas elecciones tiran por tierra el trabajo hecho en estos últimos años. Este es el caso de las tres leyes orgánicas de eficacia procesal, organizativa y digital que estaban tramitándose.

“La verdad que es una ocasión perdida, pero ya estamos acostumbrados a que la justicia sufra este tipo de retrasos porque sus proyectos de ley no salen adelante o salen con mucho retraso. Nada nuevo bajo el sol”, apunta Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación de jueces Francisco De Vitoria.

Este juez también ve compleja la situación que se deriva del adelanto electoral y la propia huelga de los funcionarios de Justicia. “Veo que va a ser difícil que un Gobierno que está en funciones desde que se desconvocan las Cortes llegue a acuerdos de este tipo como el que cerró con los LAJs o con el colectivo de jueces y fiscales recientemente”.

Desde la Asociación de Abogados de Familia (AEAFA) también se lamentan de la ocasión perdida y de las enmiendas planteadas a los partidos políticos para que introdujeran en los proyectos de ley de eficiencia procesal y organizativa para incluir una jurisdicción de familia, infancia y capacidad. “La situación de la justicia empeora y los juicios se aplazan en el 2024 a 2026”, señalan en esa organización.

Jorge Fernandez, portavoz de AJFV. (Foto: E&J)

Normativa sobre el consumidor en suspenso

También decae la Autoridad Financiera de Defensa del Cliente. La ley consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, Para el abogado Fernando Zunzunegui “su cancelación va a suponer que el cliente financiero siga indefenso”.

En concreto, a la Autoridad le quedaba un último paso por el Senado y su posterior aprobación final en el Congreso para empezar a echar andar. “Es muy frustrante saber que no sale adelante en esta legislatura un organismo tan necesario. Confiamos en que el nuevo Gobierno no abandone este proyecto.”, declara Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.

Por otro lado, queda también en suspenso la ley de acciones colectivas con la que nuestro país daba cumplimiento a la trasposición de la Directiva europea para impulsar este tipo de acciones. Una iniciativa legislativa de suma importancia que va a permita que los ciudadanos puedan ser compensados por las empresas que infrinjan los derechos de los consumidores en ámbitos como los servicios bancarios, los viajes, la energía, la sanidad, las telecomunicaciones y la protección de datos, sin necesidad de ir a juicio individual.

Para Suárez, esta convocatoria electoral pone en entredicho una hoja de ruta muy definida en materia de protección al consumidor y que priorizaba cuestiones como la seguridad de los consumidores en un entorno digital de riesgos emergentes, la protección de los clientes financieros ante el riesgo crediticio, la toxicidad en alimentos y cosmética, el acceso universal al ámbito médico y fármacos, entre otros.

Pero no es este el único proyecto de ley económico que decae con la disolución de Cortes.

También se paraliza la creación de la Agencia de la Administración de la Seguridad Social, demandada por sindicatos y el Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, que debería haberse puesto en marcha en junio del año pasado siguiendo las directrices del Paco de Toledo

Se pretende agrupar en un organismo único entidades gestoras como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el Instituto de migración y servicios sociales, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Gerencia de Informática (GISS) o los servicios jurídicos.

Movilidad Sostenible parada

Es también el caso de la Ley de Movilidad Sostenible. Un mes después de que se cerrara el plazo de presentación de enmiendas, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible sigue estancado en su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Alberto Dorrego, socio director del área de Derecho Público de Eversheds Sutherland, señala que “lo peor de un periodo como el que vamos a vivir es la interinidad del Gobierno en estos dos meses hasta que se convoquen las elecciones reduce su actividad de forma notable. En estas situaciones cualquier Ejecutivo tiene problemas para tomar decisiones”.

Alberto Dorrego, socio director del área de Derecho Público de Eversheds Sutherland. (Foto: E&J)

Dorrego también señala que en igual situación están los decretos que, aunque entraron en vigor, se aceptaron tramitar después como proyectos de ley, con la intención de poder incluir enmiendas al articulado, como la reforma del sistema de pensiones, del Plan ‘+ Seguridad para tu energía’, de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar, o la Ley de Industria.

También quedan en el aire la prórroga de la excepción ibérica en el gas, la extensión del bono social del límite de renta y todos los decretos anticrisis.

Respecto a otra norma que decae es el proyecto de Ley de Función Pública, “una reforma que se espera dese 1996 pero que es difícil de articular porque supondría la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y habrá que aprobarla en la nueva legislatura” comenta Alberto Palomar, socio de público de Broseta

Otra norma en trámite es la proposición de ley de Ciudadanos para aprobar la Ley ELA también quedará fuera de la legislatura, tras más de cincuenta prórrogas en el último año y el bloqueo de PSOE y Unidas Podemos a su aprobación desde la Mesa del Congreso.

También queda pendiente la reforma del derecho al olvido oncológico que planteó el presidente del Gobierno en uno de sus mítines y que tendrá que esperar a la próxima legislatura para que los enfermos de cáncer puedan tener sus hipotecas y préstamos sin necesidad de justificar que están curados.

Normativa concursal pendiente

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, explica a Economist & Jurist, que además de las tras leyes de eficiencia que puso en marcha el ministro Juan Carlos Campo y ahora impulso Pilar Llop desde Justicia, hay otras cuestiones normativas pendientes, como es el caso de los anteproyectos de Sontenibilidad, que regularía el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza y el de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España. (Foto: Cesión propia)

Pich recuerda el Proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa que acabó recientemente su trámite de enmiendas, con aportaciones tanto del CGAE tras su Congreso de la Abogacía como de las asociaciones de abogados para mejorar entre otras cuestiones la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Al mismo tiempo, este economista nos aclara que queda pendiente de aprobación una proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Junto a ello, recuerda que está pendiente de su aprobación el proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela (consumidores y usuarios) estaba en el Senado, así como el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que también se encontraba en la Cámara Alta.

Este experto recuerda que la propia normativa concursal aprobada en septiembre del 2022 tiene pendiente de aprobación un reglamento propio de desarrollo y que al mismo tiempo, tal y como también constata Unai Olabarrieta, abogado y economista y vicepresidente de ASPAC está pendiente el Reglamento de Administrador Concursal “del que estamos pendiente que salga en audiencia pública, pero del que no sabemos nada”.

Leyes laborales sin aprobar

Sobre la normativa laboral que se ha quedado en la tramitación parlamentaria, Ana Gómez, presidenta de ASNALA y socia de Ceca Magán, indica que los abogados laboralistas, siempre manejando mucha información, están pendientes de aprobación el Estatuto del Becario; el Reglamento de los contratos de formación.

Ana Gómez, presidenta de ASNALA. (Foto: ASNALA)

“También estábamos pendiente de la nueva Ley de Familias, sobre todo en cuanto a licencias y permisos y de posible modificación del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a indemnizaciones adicionales por despido”, aclara.

Al mismo tiempo, queda para la próxima legislatura una reforma de la protección por desempleo– o una nueva subida del SMI antes de finalizar el año, así como la denominada ley sobre los usos del tiempo – con la que se pretendía rebajar la semana laboral de 40 horas semanales y actualizar el tipo de excedencias existentes y las horas extras y de trabajo-.

Respecto a la citada Ley de Familias, Raúl Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Familias Numerosas en Cataluña y secretario general de la Federación de Familias Numerosas Europeas, subraya que el proyecto de ley donde se hablaba de dieciséis familias distintas, que ha generado tanta polémica, también queda fuera de cualquier aprobación posterior.

Esta iniciativa fue muy contestada por las familias numerosas españolas y generaba otros permisos para los trabajadores contestados por los empresarios.  “Hay una directiva de a UE que teníamos que haber traspuesto en agosto de 2022, cuando acabó el plazo donde se hablaba de desarrollar la conciliación como ley. Habrá que ver si la UE abre procedimiento sancionador o espera al nuevo Gobierno”.