La Fiscalía recurre la sentencia del caso Alsasua

El 14 de junio de 2018 la Fiscalía recurrió la sentencia del llamado caso Alsasua, que ha motivado duras críticas ya que unos sectores han considerado que los hechos constituían delito de terrorismo y, otros, que el proceso «era una aberración jurídica», prevaleciendo la tesis de que los hechos se tipificaban como delito de atentado contra los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Los hechos se circunscriben a la verdad oficial, la de la sentencia, de que ocho jóvenes agredieron en un bar de Alsasua, Navarra, a dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio y a sus parejas. Lo que agravó, en este caso, la dificultad de todo proceso penal fue el rechazo a la petición de la recusación por supuesta imparcialidad de la magistrada que presidia el acto del juicio oral por haber sido condecorada por la Benemérita y estar casada con un coronel de la Guardia Civil.

Toda sentencia se basa en aplicar los artículos del Código Penal a la versión de los hechos. Pero en este caso, ninguna de las partes quedó contenta, unos porque entendían que merecían menor pena por encuadrares en los hechos en un delito más grave y, otros, porque los hechos descritos no se ajustaban a las pruebas, tanto las admitidas como las rechazadas.

Para complicar más el tema, diversos partidos políticos, de diferentes colores, metieron baza. Grupos de ciudadanos salieron a la calle en son de protesta. En una de las manifestaciones, en Pamplona, se contabilizaron ochenta mil ciudadanos, con y sin pancarta. En otra, impidieron la audición de los discursos programados con sartenazos y altavoces. Probablemente, ahí nació el germen de las recientes decisiones políticas sobre la estancia de los miembros de la Guardia Civil en Euskadi.

Una vez más, se establece la dificultad de juzgar, especialmente en temas con interés mediático y, si a esto se suman interacciones de políticos, la dificultad aumenta.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó en enero de 2022 el recurso de la defensa de los condenados.

Para saber más: Economist & Jurist. Edición de 09.10.2019