Pascual Sala cree que el Ministerio de Justicia y los funcionarios deben negociar para llegar a un acuerdo
Los presidentes de la Abogacía y la Procura piden por carta a Pedro Sánchez una reunión urgente para buscar soluciones a la parálisis de la justicia
Pascual Sala. (Foto: ICAM)
Pascual Sala cree que el Ministerio de Justicia y los funcionarios deben negociar para llegar a un acuerdo
Los presidentes de la Abogacía y la Procura piden por carta a Pedro Sánchez una reunión urgente para buscar soluciones a la parálisis de la justicia
Pascual Sala. (Foto: ICAM)
A los llamamientos para que se resuelva el conflicto entre los funcionarios de justicia y el Ministerio se ha unido una voz especialmente autorizada en el mundo jurídico, la de Pascual Sala, socio consultor de Roca Junyent y expresidente del Tribunal Supremo, CGPJ y Tribunal Constitucional. En declaraciones a Economist & Jurist, ha asegurado que es fundamental que las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios de justicia se activen.
La huelga de los funcionarios de justicia está llevando a abogados y procuradores a una situación límite. La falta de ingresos que están sufriendo como consecuencia de la paralización de juicios hace que sus ingresos se encuentren bajo mínimos.
Desde su punto de vista, “deberían haberse reunido hace tiempo, es cuestión de que ambas partes que se sienten a negociar”. Preguntado si él podría sentarse entre las partes como mediador de este conflicto, indica que “no creo que haga falta creo que ambas partes tienen suficientes medios. Deben sentarse a negociar y buscar una resolución a este conflicto”. En este sentido, cree que conflictos de este tipo deben solucionarse desde la negociación, fuera de los focos mediáticos.
En este contexto, los máximos responsables de la Abogacía y la Procura han decidido dar un paso adelante para solucionar el problema. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores (CGPE) han dirigido una carta a Pedro Sanchez, presidente del Gobierno, lamentándose de la situación de la justicia en nuestro país. En esa carta se habla de la parálisis del servicio público de justicia, que está generando una situación insostenible.
Ortega y Estévez reclaman a Sánchez una reunión inmediata para abordar esta problemática y buscar una solución a este conflicto. Hay que recordar que el CGAE plantea una movilización de todos los colegios de abogados en sus respetivos órganos judiciales para el próximo 28 de junio.
En la actualidad, los sucesivos paros de LAJs, funcionarios de justicia y personal laboral han bloqueado la mayor parte de los juzgados españoles. La falta de diálogo entre los funcionarios y el Ministerio de Justicia han provocado, además, encierros en sedes judiciales de Madrid, Murcia, Cartagena, Navarra y el de Barcelona que duró solo unas horas.
Sala ha realizado sus declaraciones en un receso de los actos del Día de la Procura, celebrado este jueves por el Consejo General de Procuradores en la capital de España, con la presencia de los principales operadores jurídicos. Se da la circunstancia de que este jurista ha sido galardonado esta semana con el Premio Pelayo 2023.
Una trayectoria como gestor de la justicia
Para este jurista, recibir un premio de este tipo es una gran satisfacción “porque viene avalado por las opiniones de otros ilustres juristas”. En su haber, una trayectoria volcada en el Derecho Administrativo, lo que le abrió las puertas de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el haber sido presidente del Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo y CGPJ y Tribunal Constitucional a lo largo de su brillante cerrera profesional.
Sala recuerda que aterrizó en 1962 en el Tribunal de Cuentas. “Intentamos modernizar la institución para que fuera una entidad que realmente fiscalizara las actividades y el comportamiento adecuado de todos los poderes públicos en materia de gasto público. Con posterioridad se adecuó a la Constitución en relación a su artículo 136, que le convierte en el supremo órgano fiscalizador de la actividad financiera del Estado”.
Esta renovación “hubo que traducirse en varias leyes, no sólo en la Ley Orgánica de 1982 que regula este Tribunal, sino en la de funcionamiento de 1988, donde se establecen los criterios de esa función suprema que es la fiscalización del gasto público y otra conectada de forma secundaria, que es la jurisdiccional en cuanto al posible enjuiciamiento de aquellos profesionales responsables de los temas contables y que son responsables de dichos ingresos en el sector público”.
Respecto al Tribunal Supremo, recuerda que “fueron seis años, de 1990 a 1996, donde desempeñe la presidencia. Antes fui magistrado del Supremo, desde 1985 hasta mi incorporación al Tribunal Constitucional en 2004. Fue la época de la reestructuración del Tribunal Supremo, no sólo a nivel físico con una única sede, sino también en la labor de los magistrados que anteriormente ni siquiera tenían despacho, trabajaban en las salas. Conseguimos que cada magistrado tuviera su despacho y secretaria y que pudiera tener una retribución adecuada”.
Este jurista recuerda que en ese periodo donde compaginó la presidencia del Supremo con la del CGPJ tuvo un problema en cuanto a la renovación de este órgano judicial. “Fue algo similar a los que está ocurriendo ahora, un retraso de siete meses con un proceso electoral intermedio que no es el tiempo más adecuado para lograr una renovación”.
Sobre los nueve años que pasó en el Tribunal Constitucional, Sala concreta que “fui magistrado y luego presidente de Tribunal Constitucional”. Destaca que “el Tribunal Constitucional siempre ha sido respetuoso con su carácter de órgano interpretativo de la Constitución”.
Sala señala que “en su momento fue una de las Constituciones más progresistas de las existentes. Establece un elenco de derechos fundamentales más que ninguna otra y sobre todo les asigna un contenido social. Esto hay que respetarlo y así lo ha hecho el Tribunal Constitucional en la época en la que fui magistrado y presidente”.
Como jurista inquieto y ávido de nuevos retos, Pascual Sala, que conocía desde hace años a Miquel Roca, presidente y socio fundador de Roca Junyent Abogados, aceptó la oferta de incorporarse al despacho hace ahora ocho años como socio consultor.
Respecto de la situación de la Justicia en España, asegura que “es independiente, pero eso no quita para que se fomente la cultura del acuerdo. En el último Congreso del CGAE se habló de potenciar esa cultura del acuerdo”.
Desde su punto de vista, “la Justicia es la pieza de cierre y de garantía de la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Es la de cierre, no la primera. Sin embargo, es necesario potenciar la cultura del acuerdo y especialmente de la mediación, que es desde el derecho europeo y el derecho interno una realidad. Habría que desarrollarla para descongestionar la justicia y que ésta sea la pieza de garantía a utilizar cuando han fallado todos los sistemas de resolución de controversia”.
Un premio de prestigio
El Premio Pelayo, con el que ha sido galardonado Pascual Sala, es considerado por la comunidad jurídica como el más preciado del sector legal. A lo largo de sus 28 ediciones anteriores lo han recibido primeros espadas del mundo jurídico. El año pasado fue a parar a María Luisa Segoviano, primera mujer presidenta de una Sala del Supremo, y ahora magistrada del Constitucional.
Entre los galardonados hay que citar a Eduardo García de Enterría, catedrático de Derecho Administrativo; Landelino Lavilla, presidente del Consejo de Estado, María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional; Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala I del Supremo; Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Civil; Antonio Garrigues,-presidente de honor de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios; Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, entre otros.
Las reacciones ante el premio a Pascual Sala se suceden entre juristas de primer nivel. Encarnación Roca, vicepresidenta emérita del TC y miembro del jurado, señala que “estamos ante un muy buen jurista, una persona fantástica desde el punto de vista de la gestión. Coincidí con él en el Tribunal Supremo, era entonces magistrado de la Sala Tercera, y en el Tribunal Constitucional, donde estuve con él como un año y medio”.
A juicio de Roca, que recientemente publicaba una tribuna en Economist & Jurist sobre la independencia judicial, “ser presidente de tres tribunales diferente no es tanto de conocimiento del Derecho, se trata sobre todo saber dirigir estas instituciones tan diferentes unas de otras. Cada una de ellas tiene sus particularidades, sus integrantes el entorno que le rodea. Se trata de saber salir airoso de estas circunstancias, y en el caso de Sala creo que superó con creces su gestión en dichas instituciones”.
Así, recuerda que en el CGPJ que le toco gestionar “no fue un Consejo fácil porque había un consejero que luego fue a la cárcel, como fue el caso de Pascual Estivi, supo gobernar un Consejo con muchos problemas en aquel momento. Ahora sigue en activo, eso le honra porque ha sabido adaptarse a esta nueva forma de entender la justicia desde el punto de vista extrajudicial”.
Eugeni Gay, expresidente del CGAE, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional con Pascual Sala. Este jurista, además, es uno de los promotores del Premio Pelayo. “Estuve en el jurado los primeros 22 años desde su fundación. En el Tribunal Constitucional nos hicimos grandes amigos. Estuvimos nueva años juntos en dicho órgano judicial”.
Sobre Sala destaca que es un buen jurista y su capacidad de gestión queda clara al haber presidido tres tribunales diferentes. “Hay que saber manejar esas sensibilidades diferentes. En este caso, Pascual Sala siempre tuvo esa habilidad y tener consideración con los profesionales jurídicos que tuvo a su cargo. Siempre tuvo una gran visión de Estado”.
Un jurista de gran contenido doctrinal
Por su parte, Miquel Roca, a quien tuvo la oportunidad de entrevistar Economist & Jurist TV señala a esta publicación que “el premio es muy merecido y supone un broche de oro a su trayectoria profesional. Le conocía desde hace años por su actividad como presidente del Tribunal Supremo y luego del Constitucional. Es un jurista que conoce bien toda la estructura del mundo judicial y tiene un gran contenido doctrinal”.
Para Roca es indudable que “Sala es un especialista en Derecho Administrativo y con nosotros ha profundizado en la actividad de arbitraje y mediación impulsando el área que lleva la socia Marlén Estevez. Para cualquier despacho es un lujo poder contar con él y sus conocimientos jurídicos. A nivel interno ayuda a muchos abogados jóvenes a profundizar en el derecho”.
Por su parte, Marlen Estévez, socia y directora del Departamento de Litigación, Mediación y Arbitraje de Roca Junyent en la oficina de Madrid, reconoce que Pascual Sala se ha adaptado con absoluta normalidad a esta práctica “ahora trabaja haciendo dictámenes como árbitro, mediador y counsel de estos procesos. Es defensor del uso de estos medios alternativos de conflicto y ha liderado distintas mediaciones en el ámbito contencioso administrativo con éxito”.
Para esta abogada, “Sala genera mucha credibilidad en todo lo que hace como estudioso del Derecho que es. Su presencia en distintos órganos judiciales le da una visión integral de cualquier asunto. En el sector, a este tipo de personas se le llama “double hatting” (doble sentido) porque puede ejercer de letrado como de árbitro o mediador en asuntos simultáneos”.
Desde el punto de vista profesional, Estévez cree que Pascual Sala es una persona muy profesional y técnica “pero a la vez muy cercana, lo que para ser mediador es algo muy bueno. Estamos muy contentos de que forme parte de nuestro despacho y del reconocimiento que recibe al serle otorgado esa edición 2023 del Premio Pelayo que reconoce trayectorias de juristas de primer nivel”.