La dignificación del Turno de Oficio y la reforma de la LECrim: algunas de las propuestas de los partidos en materia de justicia

A trece días para las elecciones generales, esta noche se celebra el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Es el inicio de la semana en la que los principales partidos políticos defenderán, en un debate organizado por Economist & Jurist, cuáles son sus principales medidas de cara a mejorar la situación de la Administración de Justicia. En este contexto, este medio ha buceado en los diferentes programas electorales para destacar algunas de las promesas que más pueden afectar a los operadores jurídicos.

El Partido Socialista seguirá insistiendo en la necesidad de renovar urgentemente el CGPJ, tratando de conseguir el desbloqueo de la situación en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, “impidiendo que la deslealtad de algunos actores políticos afecta al prestigio y la salud de las instituciones”. Y lo harán con un modelo “avalado por el TC y consagrado en un pacto de Estado”, dicen, antes de afirmar que seguirán defendiendo el modelo actual de doble legitimación porque la Constitución Española afirma que todos los poderes emanan del pueblo.

La reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo planteamiento ya se puso sobre la mesa cuando Juan Carlos Campo era ministro, forma parte del programa socialista. La idea, aseguran, es agilizar el proceso y el procedimiento de investigación. Con esos mismos objetivos, pretenden culminar el Plan de Justicia 2030, que contempla las leyes de eficiencia procesal y organizativa.

En lo que respecta a la digitalización, el PSOE se compromete a que todos y cada uno de los órganos judiciales estén conectados antes de que acabe la legislatura. Además, pretenden impulsar un plan de profesionalización de los juzgados de paz y un plan de mejora de infraestructuras.

Otras normas importantes que se encuentran en su agenda y que pueden afectar al proceso o a los operadores jurídicos, de una u otra manera, son la Ley integral contra la trata, un plan de actuación contra delitos de odios, la reforma de la ley anti ocupación para expulsar a estos en un plazo máximo de 48 horas y una estrategia de lucha contra la corrupción, con la creación de una autoridad independiente de protección al informante

Los dos partidos mayoritarios aseguran que dignificarán el Turno de Oficio y que intensificarán la asistencia jurídica gratuita. También se comprometen a aprobar la Ley del derecho de defensa y a impulsar los métodos alternativos de resolución de conflictos. El PSOE hace referencia a los mecanismos de justicia restaurativa, que pretende fomentar. Este partido también se compromete a reforzar los equipos psicosociales en la Administración de Justicia y a favorecer el teletrabajo y modernizar las estructuras de organización.

Además, aseguran que impulsarán un sistema de becas que permita democratizar el acceso a profesiones jurídicas.

Pedro Sánchez, durante el mitin de Dos Hermanas. (Foto: PSOE)

Propuestas del Partido Popular

El Partido Popular propone una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para garantizar la imparcialidad de sus miembros. Para esto también pretenden cambiar el proceso de elección. Lo mismo pretenden hacer con el CGPJ, para lo que plantean cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de que sean los propios jueces quienes elijan a los 12 vocales de procedencia judicial. Pretenden endurecer el régimen de incompatibilidades y revisar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar su imparcialidad. En este sentido, también quieren establecer un nuevo régimen jurídico para el fiscal general del Estado.

Por lo demás, se comprometen a hacer una “revisión profunda del Código Penal para mejorar la “regulación de los tipos y la proporcionalidad de las penas”, recuperar la malversación tal como estaba antes de la última reforma operada recientemente, que atenúa la malversación en casos en que no haya ánimo de lucro, y a hacer una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva que simplifique el proceso. También pretenden, según su programa electoral, modificar la Ley del indulto.

En el ámbito procesal, prometen abordar reformas organizativas y cifran en 1000 las nuevas plazas que se incorporarán a la plantilla de jueces y fiscales a lo largo de los próximos cuatro años. También abogan por aprobar una ley de derecho de defensa, por dignificar el Turno de Oficio para que los abogados cobren por todas las actuaciones que realicen. Y por impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que queden recogidos en una ley.

En el PP aseguran que reformarán los reglamentos de las cámaras para impedir que se introduzcan enmiendas sin relación con el objeto principal del texto. Y que implantarán una oficina de calidad legislativa.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa. (Foto: TAREK/PP)

Programa de Justicia de Sumar

La formación liderada por Yolanda Díaz, Sumar, aboga por hacer de España un país más justo, y para lograrlo se centra en realizar una serie de cambios en el modelo de la justicia, desarrollando en un su lugar una justicia más “democrática, abierta y en diálogo con todos los operadores jurídicos y entidades que compartan la necesidad de hacer real el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

Una Administración de Justicia eficaz es la mejor garantía de derechos para las personas pero la situación actual de la justicia española es crítica. Desde Sumar consideran que nuestro país no puede permitir que su Administración siga colapsada e incapaz de resolver en tiempo razonable los conflictos que se plantean, por lo que es necesario desarrollar de forma dialogada un plan de choque inmediato en este Ministerio para eliminar sus graves deficiencias.

Asimismo, proponen potenciar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para descongestionar la justicia y avanzar hacia modelos menos adversariales de resolución, facilitando de esta manera el acceso a la mediación, a la conciliación y a otras formas alternativas de resolución de conflictos, y creando órganos públicos preprocesales de proximidad que contarán con personal profesional especializado en diversas materias, con medios suficientes y con fuerza ejecutiva de los acuerdos y mediaciones logrados sin necesidad de ulterior ratificación judicial.

Por otro lado, la formación de Díaz asegura que se mejorara la atención y respuesta a las víctimas mediante la implantación de servicios de justicia restaurativa de carácter público y universal en todas las fases del proceso penal.

La Justicia será dotaba de más medios humanos y materiales, centrando la inversión, principalmente, en agilizar las primeras instancias, reforzando las plantillas de jueces y juezas, de letrados y letradas de la Administración, el personal de gestión, tramitación, auxilio judicial, entre otros; así como de psiquiatría, medicina, psicología, trabajo social, criminología y demás.

Una de las principales demandas de este sector era la digitalización de la justicia y la informatización de la Oficina Judicial. En este sentido, afirman que se realizará un despliegue de nuevas herramientas tecnológicas, como el expediente judicial electrónico accesible o la interoperabilidad, entre otras. En la misma línea de acción y con la esencial utilización de los medios informáticos, se procederá a una reestructuración de la Oficina para que esta pase del actual sistemas de órganos judiciales separados a otro de actuaciones conjuntas con servicios comunes a todos ellos.

Otro de los puntos más destacados del programa es el refuerzo de la justicia gratuita y el turno de oficio como servicios públicos esenciales, incrementado los recursos destinados a estos servicios y se invertirá en una mayor remuneración para este tipo de asistencia jurídica. En este sentido, también afirman que negociará con los agentes sociales la situación laboral y profesional de quienes trabajan en la Administración para mejorar sus condiciones y ordenación.

También proponen la supresión de la Justicia Militar, así como la derogación del código penal militar, al considerar que, las cuestiones que tratan estos tribunal son susceptibles de ser conocidas por las jurisdicciones ordinarias.

En lo que se refiere a renovaciones, abogan por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, manteniendo el actual modelo de elección parlamentaria, pero concretando los criterios de designación por parte de las dos Cámaras de los vocales del turno judicial para respetar al máximo la voluntad de los avalistas o asociaciones proponentes, al menos con relación a diez de ellos. Asimismo, también se renovará el Tribunal Constitucional y se implantará de la figura del amicus curiae.

Yolanda Díaz, líder de Sumar  (Foto: Moncloa)

Las propuestas de Vox en materia de Justicia

La formación política liderada por Santiago Abascal reclama una despolitización de la Justicia, afirmando que España necesita una justicia libre de cualquier presión o injerencia partidista, siendo los jueces quienes elegir a los jueces. Para ello, se aprobará una Ley Orgánica que modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de manera que todos los miembros del Consejo sean designados o propuestos por los propios jueces y magistrados, sin que en este proceso intervengan partidos o asociaciones politizadas. Asimismo, se fortalecerán las funciones del CGPJ, siendo este dotado de una mayor autonomía presupuestaría.

Dicen que se trabajará por que exista un único Alto Tribunal, de forma que el Tribunal Constitucional pase a integrarse y desarrollar sus funciones en una nueva Sala Sexta del Tribunal Supremo. Por otro lado, el Código Penal será reformado para recuperar el delito de sedición y para agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales públicos.

Por otro lado, la Ley de Violencia de Género será derogada, «así como cualquier norma que derive de la teoría de género que atente contra la presunción de inocencia o establezca tribunales de excepción según el sexo del agresor o la víctima», dicen en ese partido. Asimismo, se eliminarán los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

Además, «se suprimirán las Fiscalías especiales con finalidad netamente ideológica, como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación, integrando las actuales Fiscalías Especiales contra la Violencia sobre la Mujer en unas dedicadas ampliamente a asuntos de familia, y se dotará de mayores medios y recursos a la Fiscalía Anticorrupción». El programa también recoge que se prohibirán los indultos para los delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial.

Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso. (Foto: Congreso de los Diputados)

Algunas de estas propuestas serán explicadas por representantes de los propios partidos el próximo jueves a partir de las 10.00h de la mañana, en el debate que este medio organiza en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid.