Feijóo recrimina a Sánchez el caos de la Justicia, con 6.000 millones de euros en los juzgados bloqueados

Bronco el debate que tuvo lugar esta pasada noche entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrado en Atresmedia en el único cara a cara que habrá en estas elecciones que tendrán lugar del próximo 23 de julio.

Un debate que repasó la situación de la economía, políticas sociales y pactos de ambas formaciones políticas y en el que Feijóo propuso al presidente Sánchez suscribir un acuerdo público para que, en función de los resultados electorales, sea la formación política que más votos tenga la que gobierne, contando con la abstención del otro partido, pacto que Sánchez rechazó.

Este debate, de cien minutos de duración, tuvo un momento al final donde se habló también de la Administración de Justicia, cuando Feijóo le señaló a Sánchez el caos existente en la justicia, con varios operadores en huelga durante este año y señalando la existencia de 6.000 millones de euros bloqueados en los juzgados, afirmación a la que el presidente del Gobierno no contesto.

Con anterioridad, el presidente del Gobierno acusó al líder de la oposición de no cumplir la Constitución al tener bloqueada la renovación del CGPJ en los últimos cinco años a lo que Feijóo contesto que su objetivo era que estos vocales fueran elegidos por los propios jueces.

Será precisamente sobre la Administración de Justicia el debate que organizará Economist & Jurist en el Colegio de la Abogacía de Madrid este jueves con la asistencia de los principales partidos políticos, que explicarán cuál es su propuesta sobre justicia para la próxima legislatura. El debate se podrá seguir por streaming también.

En los seis primeros meses del año se ha producido la huelga, primero de los LAJs, hasta marzo, y con posterioridad la de los funcionarios de Justicia. En el caso de estos últimos el Gobierno no ha solucionado el conflicto y los funcionarios siguen reivindicando una subida salarial como la que han logrado los LAJs y jueces y fiscales.

Ni las cartas escritas a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por distintos decanos de colegios de abogados, ni la petición de pedir una reunión al propio Sánchez por parte de la presidenta del CGAE, Victoria Ortega y del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, ha surtido efecto.

Concentración de funcionarios ante el Ministerio de Justicia. (Foto: Comité de Huelga)

Los funcionarios de Justicia convocan este martes a una nueva jornada de huelga, según informaron este lunes los sindicatos CCOO, UGT, STAJ y CSIF, a través de su Comité de Huelga. Hay que destacar que es la primera convocatoria de paro general tras la suspensión de la huelga indefinida el pasado 5 de julio.

Además, los funcionarios, que mantienen abierto un conflicto laboral con el Ministerio de Justicia desde el pasado 17 de abril, con huelgas parciales y huelga indefinida hasta el pasado 5 de julio, convocan este martes una movilización frente al Palacio de la Moncloa para seguir reclamando una subida salarial similar a la que han tenido lo LAJs y los jueces y fiscales. A esta protesta está previsto que acudan funcionarios de toda España.

Cambio de estrategia

El Colegio de la Abogacía de Madrid indica que desde que comenzara la huelga de funcionarios, hasta la desconvocatoria se habían contabilizado sólo en el ámbito de la comunidad de Madrid 5.217 suspensiones, lo que significa que, de media, casi dos de cada 10 vistas señaladas han sido suspendidas.

Hay que recordar que los sindicatos anunciaban la semana pasada que el paro indefinido que mantenían desde abril para pedir mejoras laborales y salariales quedaba aplazado hasta después de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, anunciaron que harían huelgas de un día el 11 y 20 de julio.

El 20 de julio convocarán un acto de protesta coincidiendo con la reunión de ministros de Justicia que se va a celebrar en Logroño en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Desde este colectivo aseguran que el Ministerio de Justicia “ausente de todos estos conflictos”, está “en clara descomposición” y dicen que “la cobarde actitud de sus máximos responsables así lo demuestra”. Apuntan que el Ministerio está a la defensiva y “sigue sin presentar propuesta alguna para abrir un proceso de negociación”.

En este sentido, recuerda que «la situación no ha cambiado desde el pasado 13 de junio», cuando se produjo la última reunión con el Ministerio. En las tres celebradas, no se ha debatido oferta económica alguna por parte de Justicia, que en el último encuentro ofreció su compromiso de retomar la negociación una vez superado el 23-J y conformados los gobiernos autonómicos y central. El Comité de Huelga lo rechazó y optó por encerrarse unos días en el Ministerio.

En este contexto, uno de los últimos movimientos del Comité de Huelga fue el solicitar una mediación extrajudicial, reprochando al departamento que dirige Pilar Llop que «no respondió». Economist & Jurist publicaba un reportaje con declaraciones de tres mediadores como Agustín Azparren, Pascual Ortuño y Francisco José García que se ofrecían a resolver el conflicto. Pero la ministra Llop no tuvo en cuenta el ofrecimiento ofrecimiento.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. (Foto: Ministerio de Justicia)

Sin derecho a la negociación colectiva

Desde el Comité de Huelga se insiste en que “este Ministerio, que no escucha y que sólo sabe imponer su criterio vulnerando derechos fundamentales y humillar a sus empleados y empleadas públicas y que niega el derecho a la negociación colectiva”.

Respecto a la suspensión de la huelga indefinida, la campaña electoral y las vacaciones hicieron que se haya planteado otra estrategia, con dos jornadas de huelga general. Una que tendrá lugar hoy en todos los juzgados de España con la concentración en la Moncloa y la otra elcon un acto de protesta coincidiendo con la inauguración de la Presidencia española de la UE en materia de Justicia.

Además, han aclarado que seguirán «con las presiones a los partidos políticos a nivel provincial, autonómico y nacional» para explicar sus reivindicaciones y «para que el próximo Gobierno tome nota y sepa que tiene una cuenta pendiente antes de iniciar la propia legislatura».

Cabe recordar que los funcionarios reclaman un incremento de hasta 430 euros mensuales después de que el 28 de marzo los ministerios de Justicia y Hacienda firmarán un acuerdo -tras dos meses de huelga- con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que recogía un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales. Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea.

El acuerdo con los LAJs, que aún está pendiente de convalidarse, representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros. Ambas cifras quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.

«No somos ni menos ni más que letrados, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia, por la que pasan el 100% de los actos procesales, y si hay dinero para reconocer el trabajo de ellos, también debe reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna», señalan desde el Comité de Huelga.