Nancy lo perdió casi todo, aunque aún no se ha recuperado de las secuelas y sabe que está amenazada, ha decidido que ya no va a callar. Ejercer el derecho, ya sea como abogado, como juez o fiscal en España no tiene nada que ver con la forma en que estas profesiones se desarrollan en determinadas partes del mundo. En este segundo episodio de La fiscal antisistema, queda patente el precio que algunos acaban pagando por hacer su trabajo de la forma más honesta posible, por desacatar determinadas leyes no escritas, que evidencian la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder del Estado.

«Cuando íbamos a algún sitio juntos, les pedía (a su familia) que se adelantaran porque sentía que me iban a disparar y no quería que lo hicieran delante de ellos. Mis hermanos se daban cuenta porque escuchaban comentarios en la calle. Y me pedían que tuviese cuidado, me decían que me limitase a hacer lo mínimo y no se meta en problemas; que una sola golondrina no hace llover», relata Nancy Ardila en este segundo episodio del podcast.

La organización criminal que Nancy consigue desmantelar no estaba acostumbrada a que nadie la pusiera en cuestión; mucho menos a que nadie le ganase el pulso. Así que se vengaron de Nancy dándole donde más le dolía: su familia.

«En las llamadas me decían que yo iba a ser testigo de la muerte de toda mi familia. Siempre llamaba un hombre. Que era la forma de pagar lo que les había hecho a ellos por hacerlos capturar«, cuenta.

Los sicarios acabaron con la vida de sus dos hermanos en cuestión de meses y lo intentan con su padre y su hermana. Nancy llega a mirar a los ojos a la persona enviada para acabar con ella, aunque se salva gracias a un chivatazo. El acoso al que se ve sometida y la posibilidad de perder a su madre y a su hijo afectan gravemente a su salud. La situación llega a tal punto que el Estado colombiano decide evacuarlas de urgencia y esconderlas hasta encontrar una solución.

«Eran las nueve de la mañana cuando llegan a mi casa una serie de patrullas con orden de sacarnos de allí porque tenían la información de que nos iban a asesinar a todos. Nos dieron cinco minutos para sacar documentos de identidad y algo de ropa; que nos pusiéramos los chalecos y que no podíamos llevar más de dos personas por carro. Cuando llegamos a Buga, el servicio de inteligencia le dijo a la policía que nos quedábamos allí, que ellos ya se podían marchar. Era solo una forma de librarse de ellos porque no se fiaban, por seguridad».

«El procurador general de ese tiempo me dijo Usted váyase de Colombia, no le puedo garantizar la vida….está controlado por la gente de esas organizaciones», añade Carlos Cárdenas, funcionario de justicia colombiano, que tuvo que marcharse de su país por el peligro que corría su vida. Él es solo uno de los juristas que intervienen en este podcast de tres episodios.

Este podcast es una producción de Cárabo Producciones, dirigida por Pablo Montes y cedida para su difusión a Economist&Jurist.