Nace Félix Manuel Pérez Miyares, abogado sindicalista y ministro de Trabajo en el gobierno de Adolfo Suárez
Presidió la Autoridad Portuaria de Sevilla
Universidad de Sevilla (Foto: Universidad de Sevilla)
Nace Félix Manuel Pérez Miyares, abogado sindicalista y ministro de Trabajo en el gobierno de Adolfo Suárez
Presidió la Autoridad Portuaria de Sevilla
Universidad de Sevilla (Foto: Universidad de Sevilla)
El 4 de septiembre de 1936 nació en Nerva, Huelva, el abogado sindicalista y ministro de Trabajo Félix Manuel Pérez Miyares.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla cursó la licenciatura en Leyes, ampliando sus conocimientos en sociología, Derecho Sindical, Derecho Laboral especialmente en el cooperativismo, y en criminología.
Formó parte, desde 1965, de la plantilla de abogados que, desde los Sindicatos, ayudaban y defendían a los trabajadores. Tras afiliarse a la Unión del Centro Democrático, más como conocida como UCD, en 1977 fue elegido Diputado a las Cortes Generales por Huelva y reelegido dos años más tarde.
En 1986 con las siglas del Centro Democrático y Social se presenta por Jaén y también es nuevamente reelegido. En septiembre de 1980, Adolfo Suárez le encomienda la cartera del Ministerio de Trabajo donde desarrolla un eficaz trabajo, aunque seis meses después el nuevo Presidente de Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo nombra a otros ministros.
A punto de cumplir los sesenta años le proponen y acepta la presidencia de la Autoridad Portuaria de Sevilla demostrando su eficacia al tomar las medidas necesarias para contener una fuga de aguas que podía haber dañado gravemente las instalaciones portuarias. Tras el desastre de Aznalcóllar, el 25 de abril de 1998, deja el cargo para ocuparse de la coordinación de las labores de saneamiento del Guadiamar antes de verter sus aguas al Guadalquivir, tema considerado como el desastre ecológico de mayor gravedad en nuestro país pues, tras la rotura de la balsa, las aguas superaron tres metros de altura y anegaron más de 4.600 hectáreas de terreno, y la propietaria de la balsa, sita en la explotación minera de piritas de la sueca Boliden-Aprisa, no quiso hacerse cargo de los daños.
El proceso penal terminó en absolución. El proceso se encontró con la respuesta judicial de: «eso a mí no me toca» y se inició el clásico calvario de recursos y tras diez años el Tribunal Supremo confirmó que la Junta de Andalucía había hecho lo correcto al presentar la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla.