La tutela judicial efectiva no está “en funciones”

El nuevo curso judicial que ha arrancado este 1 de septiembre de 2023 (artículo 179 LOPJ) es heredero del incierto contexto en el que la Justicia española quedó tras la celebración de las elecciones generales el pasado 23 de julio y cuyo resultado, también, ofrece una gran incógnita para la política española de los próximos años.

La decisión del presidente del Gobierno de anticipar las elecciones a las Cortes Generales se adoptó de forma precipitada y sin que nadie lo esperase. Este hecho, unido a las obligaciones de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, han convertido el último cuatrimestre en un periodo político de alta intensidad en el que, no obstante, las cuestiones domésticas de cada ministerio deben abordarse con responsabilidad y diligencia. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, tal y como precisa el artículo 21.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y esta regla comporta que el despacho ordinario de los asuntos públicos debe atenderse sin excusas.

En los días previos al 23 de julio quedaron aplazadas cuestiones de notable relevancia para que el funcionamiento de la Justicia pueda seguir siendo «normal» en los próximos meses: la trágica situación de las salas del Tribunal Supremo, las necesidades de refuerzos en muchos órganos judiciales, las modificaciones normativas comprometidas en los acuerdos salariales alcanzados con jueces, magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia o el diálogo imperativo con los sindicatos más representativos de cuerpos generales y especiales, son sólo algunos ejemplos de problemas que esperan una pronta solución por parte de los Ministerios de Justicia y Hacienda.

Una «pronta solución» es una solución inmediata (dentro de los plazos legales y reglamentarios), es decir, incapaz de soportar —una vez más— la desidia e indolencia que en los últimos años han sido notas definitorias del equipo ministerial liderado por Pilar Llop. Continuar con la inercia de la nada que no produce nada más allá de un mayor hartazgo y tensión en todos los operadores sería una gravísima irresponsabilidad por el Gobierno y conllevaría que la Administración de Justicia se sumergiese (quién sabe si definitivamente) en una situación de colapso irresoluble.

Desde un prisma retrospectivo, la calificación a la XIV legislatura en materia judicial no puede ser peor: huelgas en todos los cuerpos, proyectos de ley fracasados, abogacía y procura hastiadas y abandonadas, disfuncionalidad organizativa y digital… El suspenso es rotundo y no existe reválida. Ahora bien —insistimos— los próximos meses son decisivos para que la Justicia pueda sobrevivir o, si nada se hace, naufrague de forma definitiva ante un oleaje de incompetencia y dejadez.

El ministerio está en funciones, sí; cómo todo el Gobierno. Pero esta realidad no exceptúa sus obligaciones legales para con el conjunto de asuntos aplazados con ocasión de la cita electoral del 23 de julio. Como expresa la Ley del Gobierno, y como es un deber constitucional, el ministerio de Justicia debe resolver de manera presta todas las cuestiones que el equipo de Pilar Llop decidió postergar ante la estupefacción de todos los profesionales, pero, sobre todo, de todos los ciudadanos.

Aunque políticamente el dictado de sentencias o decretos, la redacción de demandas o la presentación de las mismas no sea un atractivo electoral, lo cierto y real es que ningún Estado de Derecho (artículo 1.1 Constitución Española) puede ser digno de esa expresión si no cuenta con órganos judiciales debida y suficientemente servidos, con abogados y procuradores partícipes en las decisiones sobre el rumbo de la política judicial o con proyectos legales que sean realmente debatidos con seriedad en el Congreso de los Diputados y no arrojados al sacrificio de las ofrendas al Real Decreto-Ley.

La situación general de la Justicia en nuestro país es conocida. Nos movemos con la fragilidad del trapecista, cruzando una cuerda floja que, en cualquier momento, puede tambalearse y hacernos caer. Y si esto pasa, si nos caemos, nos habremos caído todos: jueces, fiscales, abogados, LAJ, procuradores…Todos sin excepción. También una ciudadanía que tiene derecho a la tutela judicial, aunque el Gobierno esté “en funciones”.

No hay excusas. Todas se agotaron.

La tutela judicial efectiva no está “en funciones”.