Un nuevo año judicial ante varios y repetidos retos

Se abre un nuevo año judicial ante varios y repetidos retos, que reiteradamente se reclama para que sean atendidos con urgencia. Y de nuevo, vuelve a ser protagonista la excepcionalidad en la que se ha instalado el CGPJ. Desde Europa y por voz del comisario de Justicia, Didier Reynders, escuchamos, otra vez, la necesidad de renovar el referido órgano. También de un cambio en la forma de elegir a sus vocales, para aproximarlo a los estándares europeos.

Además, la larga situación de interinidad del llamado órgano de gobierno de los jueces impide, entre otras cosas, proveer las vacantes que, por jubilación, renuncia o fallecimiento de sus magistrados, se producen en el Tribunal Supremo. La situación en este tribunal es crítica, con 23 plazas vacías y una merma en su capacidad resolutoria del 30%, según puso de manifiesto su presidente en funciones, Francisco Marín Castán, en el discurso pronunciado en el acto solmene de apertura del nuevo año judicial. Menos resoluciones y más acumulación, que se produce también en el resto de la organización judicial, cuya renqueante recuperación post-pandémica se ha visto frustrada por las sucesivas huelgas, primero de los LAJ y posteriormente de los funcionarios del Ministerio de Justicia.

Asimismo, el resultado de las elecciones generales plantea una legislatura con un horizonte incierto; y sin que tampoco podamos descartar el tener que volver a acudir a las urnas. El adelanto electoral ha provocado que por el camino se hayan quedado las proyectadas leyes de eficiencia y su ambiciosa remodelación del sistema público de justicia. También otras normas se han quedado pendientes de tramitación, como la referida al derecho de defensa o a la ley de familias. Aunque otras muchas sí han visto la luz, como la que afecta a la conciliación, por fin, de los profesionales de la abogacía, con la interrupción del curso del procedimiento ante determinadas causas excepcionales.

Se abre un nuevo año judicial, y de nuevo debemos recordar cuán importante resulta la Administración de Justicia para nuestro Estado de Derecho. Para la sociedad, la Justicia es tan esencial como la educación o la sanidad, como pilar básico para la construcción de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica. Por eso, resulta chocante, y así lo debemos manifestar, no sólo la falta de renovación del CGPJ, por todo lo que ello representa, sino también que la desoladora situación de la Administración de Justicia se haya normalizado en contra de la voluntad de toda la ciudadanía.

Todos los colectivos abogan, ya de forma clásica y recurrente, por más medios en Justicia, por acabar con los señalamientos tardíos, por juzgados especializados en áreas tan sensibles como infancia, familia y capacidad, o por una implementación completa del expediente judicial electrónico. En definitiva, una Administración de Justicia eficaz, moderna y propia del siglo XXI, por la que desde la Abogacía seguiremos trabajando, con la convicción que el Derecho (y su ejercicio) debe servir para mejorar la vida de las personas y la convivencia social.

Que este sea un curso en el que avancemos decisivamente en todo ello.