Afectados por IRPH reclaman una reforma legislativa que anule este índice y que compense a los perjudicados

A lo largo de la mañana de este pasado sábado tuvieron lugar diferentes concentraciones de afectados por el IRPH, a través de distintos grupos de WhatsApp y redes sociales en plataformas como STOP IRPH UCI que aglutina a buena parte del millón trescientos mil afectados que hay en España.

Estas concentraciones tuvieron lugar en las plazas de los ayuntamientos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Jerez, Cádiz, Mallorca, Murcia, Málaga, Sevilla, Bierzo y Ponferrada, Córdoba, Granada, Huelva y Santiago de Compostela con una asistencia de media de unos 50 afectados por concentración.

Tal y como señalaba Economist & Jurist hace unos días, sigue sin haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo tras la sentencia de 14 de julio del Supremo. Sin embargo, hace unos días, la Audiencia Provincial de Baleares declaraba no abusivo el IRPH, en una sentencia que recupera la actual jurisprudencia del Supremo e ignora las nuevas consideraciones del TUE en su fallo de 14 de julio sobre esta cuestión.

Al final de cada convocatoria se leyeron manifiestos similares. Según explica Josep Bataller, uno de los más de 130.000 afectados en la Comunidad Valenciana, en ese manifiesto se pide al Gobierno que busque una solución al problema y que “legislen de una vez a favor de los afectados, que dejen de evitar el tema como si no existiéramos, que somos familias gritando que llevamos décadas soportando lo insoportable y que dejen de mirarnos por encima del hombro como si fuésemos invisibles haciéndole guiños a la banca”.

También se indica que el IRPH encarece la hipoteca entre 200 y 400 euros mensuales y “observamos con verdadero estupor cómo van y vuelven cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando este mismo argumentos a nuestro Tribunal Supremo a nuestro favor y nuestro Tribunal Supremo retorciendo una y otra vez estas cuestiones buscando resquicios por donde salvar a la banca”.

Otra cuestión que destacan los expertos consultados es que este índice IRPH “ha sido objeto de comercialización sin transparencia, omitiendo información clave, como por ejemplo su cálculo, que incluye comisiones y gastos siendo una Tasa Anual Equivalente, lo que supone una duplicidad de pagos, teniendo que pagar el cliente sus gastos y comisiones propias de su hipoteca y la media de gastos y comisiones de todas las demás hipotecas firmadas el mismo mes de revisión”.

Concentración frente al Ayuntamiento de Valencia para reclamar la nulidad del IRPH. (Foto: Josep Bataller)

Desde Barcelona, Marisol Nájera, una de los organizadores de esta concentración frente a la Plaza del Ayuntamiento, explica que la asistencia ha rondando el centenar de afectados por este índice. “No esperábamos que la Audiencia Provincial de Baleares volviera a hacer suyas las tesis del Supremo y obviara el último fallo del TJUE de 14 de julio. Esto demuestra, como hemos indicado en nuestro manifiesto, que los jueces españoles no están preparados para abordar este tema”.

Desde su punto de vista, las consecuencias de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya sentenciado que el índice IRPH puede ser abusivo podría dar a los clientes el derecho de reclamar a sus entidades financieras entre 20.000 y 30.000 euros. “Sin embargo, en España aún las sentencias del TJUE no acaban de hacerlas suyas la gran mayoría de los jueces españoles”.

Ahora, indica que uno de los objetivos de los miles de afectados por IRPH en nuestro país es seguir visibilizando el problema, con lo cual no descartan de cara al mes de octubre una nueva concentración, ésta en la capital de España y muy posiblemente frente al Tribunal Supremo, como la que tuvo lugar este sábado

Se trata de seguir reivindicando la nulidad del IRPH por su carácter abusivo. Frente a ello esperan que, si al final se forma Gobierno en nuestro país, el nuevo Ejecutivo aborde el tema con una necesaria reforma legislativa que elimine este índice hipotecario que trae de cabeza a tantas familias españolas.

Madrid, frente al Tribunal Supremo

Félix Alonso Cantorné ha sido hasta las últimas elecciones, director general de Consumo del Gobierno Balear. Ahora es diputado en el Congreso por Sumar. Suya ha sido la iniciativa de varios informes realizados sobre IRPH con el apoyo de expertos como Guillem Bou y los abogados José María Erausquin y Maite Ortiz para denunciar la ilegalidad de estos índices abusivos. La jueza de Palma los hizo suyos en la cuestión prejudicial que planteo al TJUE.

“Ahora, el TJUE, en sentencia de 14 de julio, ha dejado aún más claro las carencias evidentes del IRPH. Mientras que el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado en ninguno de los asuntos que tiene, la primera sentencia que se recoge hace unos días de la Audiencia Provincial de Baleares mantiene las tesis del Supremo haciendo caso omiso a las recomendaciones del TJUE en dicho fallo”, explica este diputado.

Cantorne ha estado en la concentración en Madrid sobre IRPH e hipotecas crecientes que ha organizado el colectivo de afectados con el apoyo también de la PAH de Madrid frente al Tribunal Supremo. En declaraciones a Economist & Jurist señala poco antes de su intervención que “el Tribunal Supremo debe hacer suyas las tesis del TJUE de la última sentencia de julio de este año. No podemos olvidar que es Europa quien determina en estos momentos el alcance de la justicia en España con la jurisprudencia comunitaria que es de obligado cumplimiento para cualquiera de los 27 estados de la UE”.

Felix Alonso Cantorné se dirige a los concentrados en Madrid frentre a la sede del Supremno. (Foto: E&J)

En su opinión, “es cuestión de tiempo que se tumbe el IRPH. Desde Sumar, ahora como diputado en el Congreso, vamos a luchar por esa reforma legislativa. Es un índice ilegal como hemos demostrado con nuestros estudios en Consumo de Baleares. Si no es esta cuestión prejudicial, serán las que están pendientes de resolver que acabarán por anularlo. Desde hace unos años está claro su carácter abusivo, quizás por su complejidad el Supremo no acaba de ver esa problemática que genera a muchas familias”.

Desde ese informe realizado por Consumo de Baleares “es lógico que a nivel jurídico haya algunas interpretaciones, pero a nivel financiero y matemático no puede haberla. De la lectura del mismo se observa la existencia de una doble retribución del IRPH que la Audiencia de Baleares no ha analizado en su sentencia. La sentencia de Baleares habla de transparencia, pero no habla de lo que le dice el TJUE le dice que se centre en asuntos y comisiones concretas.

A su juicio, el IRPH es un índice ilegal que debería ser sustituido por Euribor. “La solución no es sólo judicial, sino que habría que afrontar una reforma legislativa que sustituya este índice por otro y al mismo tiempo se compense a las personas que están pagando de más en sus hipotecas por tener IRPH.

Una doble solución al IRPH

Por su parte, José María Erausquin, socio del despacho Res Abogados, que lleva más de una década, junto con su compañera y socia Maite Ortiz, luchando para lograr la nulidad del IRPH, con varias cuestiones prejudiciales que han sido resueltas por el TJUE, cree que la solución a esta cuestión es doble judicial y legislativa.

“En la vía judicial, la solución pasa por que se haga el control de abusividad teniendo en cuenta el concepto de buena fe y desequilibrio que ha marcado el TJUE, no el que se ha inventado el Tribunal Supremo. La buena fe supondría que el banco hubiera explicado bien los rasgos del IRPH, siempre por encima del Euribor, de esa forma se habría sabido si ese consumidor hubiera aceptado tener IRPH o no”.

“Judicialmente hay que aplicar los criterios de buena fe y desequilibrio del TJUE y si se aplica el IRPH cae a nivel jurídico. Desde el punto de vista legislativo hay que retirarlo. El problema es por qué lo cambiamos y qué sucede con las cantidades que se han entregado hasta el día de hoy. El Gobierno puede retirarlo, pero no puede obligar a que los bancos devuelvan el dinero si los jueces no lo consideran nulo”, apunta.

“Como hemos visto en estas concentraciones, los miles de afectados están ya muy desesperados. Tras la buena noticia de la sentencia del TJUE, parece que viene otra a corregirla, como ha sido el caso de esta sentencia que acabamos de conocer de la Audiencia Provincial de Baleares que hace suyas las tesis del Supremo que conocemos sin entrar a valorar las últimas recomendaciones del TJUE “.

De esta sentencia de Baleares, este jurista cree que “los jueces han querido demostrar que son ellos los que mandan. Frente a los expedientes de la propia Dirección General de Consumo, estos magistrados lo consideran legal, como dando a entender que en este tema son ellos los que tienen la voz cantante”.

Al mismo tiempo, recuerda que el Tribunal Supremo está inadmitiendo todos los recursos porque dice que ya es cosa juzgada. “Establece una doctrina que dice que es para todos los casos. Le da igual si el préstamo se firmó en una fecha o en otra. Ha pasado de decir que el IRPH no se podía someter a ningún juicio a decir que es transparente pero que no es abusivo. Ahora nos queda la última etapa, que se reconozca su abusividad al no haber buena fe del banco porque no dio toda la información al consumidor”.

Maite Ortiz y José María Erausquin. (Foto: E&J)

Erausquin y Ortiz realizaron un estudio amplio encargado por la Dirección General de Consumo del Gobierno Balear. “Analizamos los rasgos del IRPH y vimos que su método de cálculo emplea tipos TAE y eso lo encarece mensualmente. También aclaramos el punto de vista del Banco de España, que recomienda utilizar diferencial negativo para que no encarezca el préstamo hipotecario. Se hace en la vivienda protegida, pero no en la vivienda libre porque nadie supervisa su actividad”.

Para este jurista “uno de los problemas de los hipotecados por IRPH es que ninguna entidad bancaria les habla de esta circular de 1994 del Banco de España que recomienda incluir diferencial negativo para evitar que se encarezca ese préstamo. La gente no conoce la circular y no la hace valer y el banco lo sabe, pero le incluye 0,25 de forma positiva”.

IRPH como cuestión de legalidad

Juan Moreno, abogado experto en temas bancarios de Sevilla, cree que “Europa ya ha dado una solución al tema con la última sentencia del TJUE. A la cuestión prejudicial de Palma de Mallorca realmente contesto a una cuestión, las otras cuatro dejó claro que eran cuestión de legalidad nacional ordinaria y que tenían que resolverse por el propio juez. En cuanto a la transparencia, deja claro que la entidad financiera tendría que haber informado de esa circular del Banco de España y que el IRPH requiere un diferencial negativo”.

Este abogado reconoce que tiene demandas atascadas de IRPH desde hace varios años. “Las primeras demandas interpuestas en 2018 y 2019 duermen el sueño de los justos. Tengo las demandas contestadas y aun no hay señalamientos. Por encima de todo creo que es una cuestión de legalidad. Algunos asuntos de 2020 se señalan para el 2025 y2026. Al mismo tiempo, tengo una casación pendiente en el Supremo para que nos dé una respuesta sobre la legalidad del IRPH”.

Juan Moreno, abogado especialista en temas bancarios. de Sevilla. (Foto: Cesión propia)

Para este experto, el IRPH como cláusula no cumple la legalidad. “Si se pone un diferencial positivo ya se está cobrando más al consumidor, que en el precio de mercado puede llegar al doble. Ahí hay mala fe desde el momento que se oculta la necesidad de incorporar un diferencial negativo. De hecho, hay muchos pocos IRPH con diferencial negativo, alguno con cero y la mayoría con diferencial positivo”.

Desde esta perspectiva, “este jurista cree que concurren todos los requisitos para llograr que se anule el IPRH por abusivo. Por el momento, por lo que vemos, el Tribunal Supremo sigue sin conocer el fondo del asunto bien. Sabemos que hay temas que no está admitiendo en casación porque alegan que con las cuatro sentencias de Pleno que conocemos ya está resuelto y no concurre interés casacional”.

Respecto a los afectados que se han concentrado en distintas ciudades españolas y ahora estudian realizar una próxima convocatoria en Madrid todos juntos, reconoce que están desesperados. Hay gente que ya no puede pagar ese índice y lo han comunicado al banco, otros pagan capital y no intereses. Lo que sí hemos visto es que ninguna entidad ha ofrecido cambio a su cliente al Euribor. Siguen teniendo al cliente atrapado”.

A su juicio, “el problema se ha generado a nivel hipotecario porque el Gobierno no dictó las normas adecuadas y se hubiera evitado tanta litigiosidad como hay ahora. La banca juega con que hay muchos de sus clientes que no reclaman, así paso con el tema de las preferentes, que sólo reclamó un 40%. La Sala del Supremo, por el bloqueo del CGPJ y su renovación está en cuadro, y la solución tardará en llegar a este problema pero debería plantearse desde una reforma legislativa que anulase este índice hipotecario”.