Abogados y procuradores reclaman soluciones para los 4.800 millones de euros cautivos en las cuentas de los juzgados

Uno de los grandes problemas del primer semestre de año tiene que ver con el dinero que se encuentra aun en las cuentas de consignación de los juzgados. Las cantidades procedentes de costas judiciales que no han cobrado los abogados, o indemnizaciones por despido o responsabilidad civil, no han llegado a los ciudadanos que ganaron ese pleito, porque esas cantidades están paralizadas.

En el presente reportaje, abogados, procuradores y secretarios judiciales abordan esta cuestión y reclaman voluntad política al Ministerio de Justicia que, amparados en la interinidad, han dejado este tema sin ninguna solución, con el problema que está generando a la cuenta de resultados de muchos abogados y procuradores y, también, a los propios intereses de los ciudadanos afectados.

Los propios letrados de la Administración de Justicia (LAJs), cuerpo de secretarios judiciales que han estado en huelga casi tres meses y aun así no han logrado que su acuerdo salga adelante, afirman que no es fácil mover ese dinero. “Nosotros gestionamos estas cantidades pero con muchos problemas para agilizar este dinero cautivo”, así lo explica Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrado de la Administración de Justicia (CNLAJ).

Este colectivo emitía este miércoles un comunicado de prensa donde señalaba que “el Ministerio de Justicia que está presentando avances en la robotización de estas cuentas de consignación que llevan operativas 35 años desde que el Banco de Santander pusiera en marcha esta aplicación para luego pasar la gestión al propio Ministerio”. Los LAJs advierten que “si se aplican esas novedades en robotización solo en territorio Ministerio, se van a generar desigualdades con otras Comunidades Autónomas, que se unen a las ya existentes cuando aún hay órganos judiciales trabajando en papel”.

También se subraya que “el triunfalismo esta bien utilizado cuando se basa en la obtención de importantes avances, frutos de una correcta planificación y ejecución que sea aplicable a todos, por ir avanzando todos al mismo ritmo”. Asimismo, indican que, “es cierto que dicha aplicación es la mejor valorada por los Letrados de la Administración de Justicia y que con los años tiene muchas mejoras pero aún tiene carencias notables”.

Así, sobre la interoperabilidad entre todas las aplicaciones judiciales, señalan: “trabajamos con sistemas de gestión procesal que nos dice lo que se debe pagar, pero no lo que se lleva pagado, y sin ninguna comunicación entre ellos”.

Al mismo tiempo revelan que los servicios comunes de ejecución carecen de una cuenta de consignaciones propia complicando su trabajo; o también cuando existe iteración de cuentas expediente paralela a la de los procedimientos que se deriva.

Desde los LAJs también se indica que “se considera mejora el obligar a los letrados de la Administración a una tarea de redacción, como si fueran escolares, para explicar algo tan sencillo como que si no se paga por transferencia a cuenta corriente es porque las partes no facilitan dicha información sobre dicho cuenta”. En ese contexto los letrados de la Administración señalan que “se nos indica que en esta actividad, la redacción, no debe pasar de 200 caracteres a los 600 y que no vale el copia pega, lo que ralentiza mucho realizar los pagos al justiciable”.

Ernesto Casado, presidente del CNLAJ explica que los LAJs hacen su trabajo: “hay el mismo dinero pendiente que antes de la huelga, por encima de los 4.700 millones» (Foto: E&)

Un saldo que podría aligerarse más

A juicio de los LAJs lo que hace falta es menos triunfalismo y mas modestia y mejor planificación. “El saldo que señala el Ministerio de Justicia en nota de prensa es de unos 4.778 millones de euros, es casi el mismo que había antes de la huelga, lo que demuestra que los LAJS, sin la necesidad de planes de actuación, han puesto al día los pagos judiciales pendientes en beneficios de los ciudadanos, de lo contrario la cantidad podría estar por encima de los 5.500 millones”.

Por su parte Carlos Artal, letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, quien también forma parte de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y es miembro del comité de huelga de los LAJs, subraya que “se ha introducido una burocracia más en los mandamientos de pago que van a título personal y hay que meter 200 dígitos que nos piden sean individualizados. Es algo que genera mas retraso y que no vemos realmente la utilidad para ello”.

Otra cuestión que señala este letrado es que “en muchas ocasiones nos mandan la circular de una nueva novedad en las cuentas de consignación pero no nos dicen como hay que implementarlo. Sin haber puesto en marcha algún Plan de Recuperación hay mucho dinero pendiente en los juzgados y cuando hay una huelga hay que implementarlo. En esta ocasión es la primera vez que no se ha hecho nada, esto genera muchas disfunciones en los juzgados, especialmente en la jurisdicción civil”.

Desde su punto de vista “sin esos Planes de Recuperación no se puede agilizar los pagos que hay pendientes. No podemos olvidar que en las grandes ciudades ya había juzgados atascados de siempre. Con un programa de este tipo se podría mejorar mucho el movimiento de esas cantidades en los juzgados, pero por el momento el Ministerio que sigue sin cumplir nuestro acuerdo salarial, haciendo caso omiso a nuestras peticiones”.

Respecto a las últimas novedades que presenta el Ministerio de Justicia recogidas en la Circular Informativa 3/2023, donde se habla de poder utilizar tarjetas bancarias en cualquiera de los cajeros del Banco de Santander para hacer los ingresos que haya que hacer sin coste para el justiciable, “nos acabamos de enterar de ello y tampoco sabemos muy bien como se va a implementar en el futuro. No creemos que sea un gran avance tecnológico como lo quieren vender”, aclara.

Carlos Artal, Letrado de la Administración de Justicia de Zaragoza y miembro de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (Foto: UPSJ)

La procura quiere soluciones

Sin embargo, para los procuradores ese dinero que aún está en los juzgados es una cantidad muy elevada. Así lo afirma Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid y miembro del Consejo General de Procuradores “hay demasiado dinero consignado. Los procesos declarativos funcionan relativamente bien pero la ejecución está parada en España. Por eso los procuradores reivindicamos llevar esa función”.

Desde su punto de vista “no hay que echar la culpa a los LAJs de este tema pero si está claro que hay que trabajar con ellos para que salga esto adelante. El Ministerio habla de 4.700 millones, mientras que nuestro colectivo, en un estudio reciente del Consejo General de Procuradores, habla de que son unos 10.000 millones de euros lo que está consignado y no tiene salida”.

Para este jurista “la cuenta de consignación funciona bien para hacer transferencias, consignaciones. Es una herramienta útil que creo el Banco de Santander hace algo más de 35 años y ha mejorado mucho. Cada vez es más sencillo ingresar el dinero que se pide en cualquier procedimiento. Hay una cuestión mejorable y es tener el acceso a los extractos de movimientos que no es fácil tenerlos”.

A juicio del decano madrileño “no parece muy operativo la nueva instrucción que tienen los LAJs de introducir 200 caracteres para hacer esos pagos. No corresponde a ninguna razón procesal ni de eficacia, pero no lo vemos operativo. Esto perjudica y ralentiza el cobro de los mandamientos judiciales. En ese dinero pendiente de llegar a su destinatario tenemos costas judiciales, consignaciones de accidentes de tráfico o fianzas”.

En su opinión, “en ninguna de las estadísticas que manejamos no aparece desglosado en ningún momento a qué tipo de procedimientos se destina esa cantidad que está ingresada, pero a todo el mundo le sorprende que esté esa cantidad ingresada sin repartir entre sus beneficiarios. Esa cantidad debe estar en las manos de particulares y empresas que sean merecedores de ese dinero. Tener esos más de 4.000 millones de euros no es un éxito de gestión”.

Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, cree que hay un problema de mala gestión en las cuentas de consignación (Foto: E&J)

Desde su punto de vista hay que buscar una solución inmediata a este problema: “Se podrían adelantar los mandamientos los procuradores, por los poderes que tenemos con los clientes, pero esto no se hace tampoco. Ahí los LAJs se niegan a que eso mandamientos de devolución sean en favor de los procuradores cuando si tengo la representación de la parte no debería haber obstáculo para cobrar esas cantidades. Pero aún no lo logramos”.

Mirando al futuro, García contempla que “tras seis meses de huelga y un panorama futuro desalentador, la situación de la justicia es catastrófica. Es difícil explicar al justiciable por qué hemos llegado a esta coyuntura. La tendencia no es a mejora. Nuestro sistema judicial es un sistema fallido que aun funciona por inercia, las dilaciones son enormes en primera instancia. De ahí que reclamemos un Pacto por la Justicia con todos los operadores jurídicos que nos sentemos en la misma mesa y ordenarlo mejor”.

Desde Granizo Procuradores, uno de los despachos de referencia en Madrid, dos de sus socios, Roberto y Maria Granizo “hay mucho dinero parado y es una vergüenza como se toman las cosas. El problema es que los LAJs han estado tres meses de huelga y no se han puesto al día. Cualquier persona responsable se hubiera puesto al día del trabajo pendiente, pero ellos dedican las mismas horas, con lo cual la situación es la que hay. Los juzgados siguen con muchos problemas y no se ve como se arregla esta coyuntura”.

Este procurador nos indica que “ya tenemos audiencias previas para el 2026, esto significa que este procedimiento ordinario de reclamación de cantidad podría suponer que la vista fuera del 2028, lo que es increíble. También tengo algunos asuntos para el 2025. En cuanto a los pagos hay que estar encima de los LAJs para que te paguen. Los problemas están en todos los juzgados. Los letrados de la Administración nos dicen que estemos tranquilos que hay cincuenta temas antes del nuestro”.

Para Maria Granizo: “hemos logrado el pago de un contencioso de una empresa que ha tenido el dinero en el juzgado paralizado todo el verano, hablamos de una cantidad por encima de los 145.000 euros. No es de los peores porque acaban de pagar, ya que todavía hay muchas indemnizaciones de particulares y empresas pendientes del pago desde hace meses”.

La letrada también aclara que “los LAJs se levantaron de la mesa de trabajo que convoco el Ministerio de Justicia para dar a los procuradores parte de la ejecución, como es el servicio de averiguación patrimonial. Cuando he ido a hacer gestiones después de la huelga y preguntado por alguna ejecución nos han dicho que no las están tocando, pero tampoco quieren delegar la competencia que no quieren delegar a nuestro colectivo. No salimos de este bucle”.

Roberto Granizo, procurador de los tribunales, cree que los LAJs deberían invertir más tiempo en recuperar el tiempo perdido (Foto: Granizo Procuradores)

Los abogados con problemas económicos

Desde el ICAM, Javier Mata, diputado responsable del área de Defensa de la abogacía, comenta que “el problema es grave porque esos 4.800 millones de euros si los pasamos a parámetros micro supone que puede estar significando la ruina de algunas familias. Al mismo tiempo, en ciertas jurisdicciones donde el trabajo a cuota litis es clave en temas de responsabilidad civil y en otros de corte laboral, lo que está suponiendo un estrangulamiento financiero de muchos pequeños despachos de abogados”.

Junto con ello este jurista recuerda que en jurisdicciones como la social “se están celebrando juicios por despido que se fijan un año después de la presentación de la demanda. En otras jurisdicciones están fijados para el año 2025, a eso le unes que las consignaciones no llegan, lo que puede generar que haya un trabajador o una familia que tarden tres o cuatro años en cobrar una indemnización legítima. Eso sin perjuicio de la extinción contractual y de las demoras que hay para acceder a la prestación social”.

A su juicio, “la situación es dramática en muchos casos y hay que buscar una solución lo más urgente posible. Todos los problemas vienen cuando hay que entregar el dinero al justiciable, parece que al final lo que están buscando con estos retrasos y la retención del dinero en el erario público es que nuestra administración, de alguna manera, se financie a costa del propio ciudadano. Es una sensación generalizada que tenemos los profesionales en la actualidad”.

En opinión de Mata “vivimos un doble control, judicial y administrativo. Al final la cifra se acerca a los 5.000 millones de euros, dinero que la mayor parte del mismo es de los ciudadanos. No entendemos como no se han puesto aún planes de recuperación en los juzgados para agilizar estos pagos.  Creo que debería existir ante esa demora un interés a favor del ciudadano por el tiempo que esté ese dinero cautivo. Debería regularse ese interés de forma clara”.

Javier Mata, diputado del ICAM, ve necesario gravar con un interés a la Administración ante el dinero cautivo (Foto: ICAM)

Para Ángel Méndez, decano del colegio de Abogados de Cartagena, esa situación es bastante preocupante en la actualidad. “No es de recibo que a 31 de agosto existe un saldo cercano a los 5.000 millones. Hay que buscar fórmulas para agilizar la salida de este dinero que debería estar en manos de los profesionales, como abogados y procuradores si son costas judiciales, e indemnizaciones de todo tipo que lograron empresas y particulares tras ganar sus asuntos”.

En su opinión “los ingresos que se hacen en este tipo de cuentas cada vez son más sencillos de realizar, ahora con la última novedad el Ministerio permite el ingreso mediante tarjeta bancaria, pero deberían mejorarse las fórmulas para que ese dinero que comentamos llegara a los justiciables lo antes posible. Llama mucho la atención la cantidad de dinero que se encuentra en las cuentas judiciales. No quiero pensar que pasaría si en otoño vuelven las huelgas de funcionarios de justicia o propios LAJs”.

Respecto a los asuntos retenidos, Méndez aclara que “las costas judiciales de muchos asuntos ganados por compañeros están sin resolver en los juzgados y entregar a abogados y procuradores. Al mismo tiempo hay indemnizaciones pendientes por distintos motivos o ejecuciones provisionales en cuanto a pensión de alimentos. La variedad es notable. Son temas urgentes que se deben resolver”.

Sobre la agilización de los pagos, afirma que este es un tema de los LAJs: “creo que deben hacer un esfuerzo mayor del que hacen porque aun tras las huelgas del primer semestre del año hay muchas cantidades pendientes de entrega a estas alturas. Que haya una posible huelga en otoño no es una buena noticia y puede aun reventar más nuestro sistema judicial con estos efectos pendientes a nivel económico que estamos comentando”.

Ángel Méndez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, explica que muchos abogados tienen muchas costas judiciales pendientes de cobro (Foto: Ica Cartagena)

Por su parte, Manuel Castellanos, abogado experto en responsabilidad civil, presidente de ANAVA-RC, afirma que “todos estos retrasos generados por las huelgas de los LAJs y funcionarios, legitimas para conseguir sus intereses, lo que hacen es pasar por encima de los justiciables, que son los que deben percibir esas cuantías. Llama la atención que para el pago de multas y de sanciones la Administración sea ágil, pero para la devolución de indemnizaciones o pensiones o cuantías consignadas en los juzgados no se devuelvan”.

Respecto a las cuestiones pendientes de pago aclara que “hay toda una gama amplia de indemnizaciones aun pendientes de cobro, tanto por responsabilidad civil, ya sea por negligencia médica o accidente de tráfico, el dinero pendiente de cobro de las demandas de desahucio cuando el deudor paga un dinero que está consignado. Los monitorios por facturas indebidas o se consignan, o se embargan. Y ese dinero está en el juzgado sine die. Tenemos un caso por una negligencia médica con más de 120.000 euros entre intereses y costas, consignado que aún mi cliente no ha cobrado”.

En cuanto a la solución de este problema, alega que “la Administración debe buscar fórmulas para agilizar esos pagos pendientes. Ya lo hace para que hagamos los ingresos de multas y sanciones debería de buscar otra fórmula al efecto. Estos temas los manejan los LAJs, en cuanto no esta en su puesto por alguna circunstancia ese dinero queda retenido. Si la Administración es tan imaginativa para cobrar, debe serlo también para devolver dicho dinero”.

Manuel Castellanos presidente de ANAVA-RC pide a la Administración que agilice los tramites para que ese dinero cautivo llegue a profesionales y ciudadanos (Foto: ANAVA-RC)