CSIF advierte que los funcionarios de justicia volverán a movilizarse cuando se conforme Gobierno

Contundente el mensaje enviado por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) por parte de su presidente, Miguel Borra, y su secretario de acción, Francisco Lama, que, en una rueda de prensa, han mostrado su preocupación por el “abandono” de los servicios públicos en este último año. “Llevamos meses sin interlocución con [María Jesús] Montero”, ministra de Hacienda y Función Pública.

Desde este sindicato mayoritario de la función pública se reclaman reformas estructurales ante el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones laborales y señalan que “España necesita unos Presupuestos lo antes posible”.

Borra ha señalado que la Administración del Estado destruye 64.400 empleos en los últimos 10 años. Además, afirma que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde los recortes de 2010 y del 5,5% sólo en los últimos dos años. “El acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos de clase, con la oposición de CSIF, está desfasado”, afirma.

También ha reclamado rejuvenecer y reforzar las plantillas, revisión salarial, regular el teletrabajo, jornada de 35 horas, actualización del Estatuto Básico del Empleado Público como norma básica del conjunto de empleadas y empleados públicos para homogeneizar las condiciones laborales y retributivas, “donde hemos notado falta de voluntad política para poner al día dicho Estatuto muy parcheado desde que en el 2007 entró en vigor”.

Sobre la Administración de Justicia, recordó que tienen un estudio hecho en el que señala que “faltan 20.000 profesionales en los distintos operadores jurídicos y la situación es casi de colapso”. A preguntas de Economist & Jurist, recordó que “esperamos que se forme Gobierno cuanto antes para volver a nuestras reivindicaciones de mejoras salariales, similares a LAJs y secretarios judiciales, no descartando nuevas huelgas en el futuro”.

En su opinión “deben afrontarse las reformas que requieren las administraciones públicas ante el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, prisiones…) así como de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los mismos”.

Miguel Borra anuncia que los funcionarios de justicia volverán a movilizarse como ya lo hicieron en primera. (Foto: E&J)

Con motivo del inicio del curso político, del próximo debate de investidura en el Congreso de los Diputados y de las negociaciones que están manteniendo las diferentes fuerzas políticas, las propuestas de CSIF van dirigidas a los siguientes ejes: mejora salarial; refuerzo del empleo y rejuvenecimiento de plantillas; actualización de la normativa básica para corregir desigualdades entre administraciones (35 horas, implantación efectiva del teletrabajo y la carrera profesional, adecuación de los Grupos Profesionales, igual trabajo igual salario; mejora en las condiciones de jubilación y financiación adecuada de los conciertos sanitarios en el mutualismo administrativo.

“La coyuntura política no puede ser excusa para demorar las reformas que requiere la Administración”, ha enfatizado. De hecho, recordó que pese a ser el sindicato mayoritario en la función pública, desde hace meses no existe el diálogo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, “cuestión que no entendemos porque la sociedad necesita unos mejores servicios públicos”.

Plantillas envejecidas y tensionadas

En otro momento de su intervención comento que “la Administración Pública Estatal ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años, según el último registro del Boletín Estadístico de Personal” (en julio de 2022 había 515.449 trabajadores/as, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892).

“Esta situación es muy preocupante y está afectando al funcionamiento de servicios clave, cuyas plantillas se encuentran muy envejecidas y tensionadas por la carga de trabajo. Así quedó de manifiesto durante la pandemia, cuyos efectos aún lastran nuestras administraciones, como comprueban a diario nuestros ciudadanos y los trabajadores públicos”.

Desde CSIF se espera un Gobierno cuanto antes que permita diseñar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público.

Para Borra, las medidas a implementar se basan en “suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía mediante la planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público” Al mismo tiempo, reclama “agilizar los procesos selectivos”, y que pueden pasar más de tres años desde la convocatoria de plazas hasta que finalmente los aspirantes se incorporan a sus puestos.

CSIF denuncia que el porcentaje de interinidad supera el 31% del total. (Foto: Archivo)

Respecto a la temporalidad y a los procesos de estabilización para hacer fijos a cerca de un millón de interinos, el presidente de CSIF mostró su preocupación por la situación. “El porcentaje de interinidad supera el 31% del total. Los procesos de estabilización están en marcha y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8% para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea, pero nos tememos lo peor que no se llegue”.

Economía y salarios

Respecto a la subida salarial de los funcionarios, ha recordado que CSIF rechaza frontalmente el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmado el pasado octubre para 2022, 2023 y 2024 porque les condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo y es totalmente insuficiente. “Sólo en los dos últimos años los empleados públicos han perdido un 5,5% de poder de compra y un 20% desde 2010, cuando se produjo la primera bajada salarial”, afirma.

Desde su punto de vista, es el momento de r5enegociar un nuevo acuerdo salarial en el que se permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, y la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras.

En este sentido, “los partidos del Gobierno de coalición bloquearon en el Congreso, el pasado mes de mayo, una Iniciativa Legislativa Popular presentada por CSIF para derogar esta norma, que actualmente hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos a la espera de su fallo. Fue una medida que se adoptó con carácter excepcional y como tal debe derogarse. No puede convertirse en normal lo excepcional”, ha destacado.

A su juicio se trata de “habilitar fondos para corregir las desigualdades retributivas entre territorios. A igual trabajo, igual salario. Esa debe ser la tónica existente en los próximos meses”.

Estatuto Básico del Empleado Público

Para el presidente de CSIF es el momento de reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), texto en vigor desde 2007, que “lleva años sufriendo reformas parciales en lugar de someterse a una revisión en profundidad que homogeneice, actualice y modernice aspectos esenciales de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos”.

Manifestación de funcionarfios interinos. (Foto: Plataforma de Interinos)

“Nosotros queremos emplazar al Gobierno a que acometa, junto con las organizaciones sindicales más representativas, la negociación del texto manteniendo el espíritu con el que nació y siendo la norma básica del trabajador público”.

Respecto a las mejoras del TREBEP, Miguel Borra destacó la necesidad de “la implantación de la jornada laboral de 35 horas, así como el desarrollo de la carrera profesional en la Administración General del Estado y “vincular” al resto de las administraciones que no la han desarrollado.

También apunto que es el momento de favorecer la Promoción Interna, al igual que el desarrollo del teletrabajo en el conjunto del Estado, que pese al acuerdo firmado en el 2021 acabó en los tribunales. CSIF interpuso una demanda ante el TSJ de Madrid que fue admitida.

A su entender, “otras cuestiones que deberían mejorar en este TREBEP pasarían por la homologación de los permisos y condiciones laborales entre administraciones. “Insistir en el axioma igual trabajo igual salario, así como la adecuación de los grupos profesionales al mismo tiempo que la regulación de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios, además de la regulación de las lenguas cooficiales como mérito, nunca como requisito.

Para el presidente de CSIF, es fundamental en estos momentos que “el Gobierno incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo administrativo en MUFACE y MUGEJU correspondiente al periodo 2022-2024 para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica y el incremento de los precios”.

“Estamos en una situación desesperada para el modelo, para los mutualistas y para los cientos de miles de trabajadores cuyo puesto de trabajo dependen de que el mutualismo siga existiendo. La administración no quiere solucionar el problema y da la impresión de que quieren acabar con el sistema por inanición”.

Por último, en una situación ya denunciada este verano a Economist & Jurist por la secretaria de Igualdad, Eva Fernández, es fundamental que se active el protocolo contra el acoso sexual y razón de sexo, que lleva cerca un año en un cajón aparcado. “Se acordó con el Gobierno en noviembre de 2022, y será un referente al conjunto de la sociedad para poder sancionar situaciones y conductas como la protagonizada por Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol durante el reciente mundial femenino”.

Sin embargo, indicó que “este texto, que aún está pendiente de aprobación, contempla que los funcionarios denuncien de forma simultánea acoso a través de comportamientos físico” como el contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados y acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos.