Demanda de juicio ordinario de nulidad de la renuncia a acciones contenida en un acuerdo sobre cláusula suelo

Fecha de la resolución judicial: 02-10-2019

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
«Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de xxxxxxxxxxxxx contra la sentencia de fecha 7 de febrero de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n x de xxxxxxxxxx, se revoca dicha resolución en el sentido de declarar válido y eficaz el acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2015 suscrito por los demandantes con la entidad demandada, con los efectos que han sido expuestos en la fundamentación jurídica de esta resolución, asímismo se declara que los gastos notariales han de distribuirse por mitad entre ambas partes, correspondiendo a la entidad bancaria abonar por este concepto exclusivamente el 50 % de la cantidad total a la que ascienden, manteniendo en todo lo demás el contenido de la sentencia de instancia, y todo ello sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno relativo a las costas ocasionadas en esta alzada.»

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
El acuerdo de referencia («acuerdo trampa») constituye un contrato transaccional, definido en el art. 1.809 del Código Civil, porque, ante la situación de incertidumbre generada con ocasión de las diferentes resoluciones sobre la nulidad de las cláusulas suelo insertas en los contratos de préstamo celebrados con consumidores y con el fin de soslayar el conflicto, las partes alcanzan un acuerdo por el que, al tiempo que modifican los términos del contrato suscrito por ellas, renuncian al ejercicio de las acciones derivadas de la cláusula controvertida (y así lo ha entendido la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 205 de 11 de abril de 2018). Es, por ello, por lo que, aun cuando el contrato mencionado supone una novación modificativa de las condiciones del préstamo concertado por las partes, este tribunal no comparte la calificación que del mismo realiza la Juzgadora de Instancia.

Este tribunal considera que los términos del acuerdo, por lo que a la renuncia de acciones se refiere, son claros y comprensibles para un consumidor medio, pues se utilizan expresiones de uso cotidiano, que tienen un significado claro, como son los términos “reclamación” «inaplicación»,“renuncia”.

Respecto a la cláusula de interés mínimo, de la prueba practicada en autos y no obstante las alegaciones vertidas por la parte recurrente no ha quedado acreditado que se ofreciera al cliente en este caso información suficientemente comprensible con el fin de que por parte de aquel se pudieran conocer las verdaderas condiciones del contrato y las consecuencia que del mismo pudieran derivar actuando en todo momento como si de un contrato a interés variable se tratara cuando de facto no era asi debido al juego que permitía la cláusula de límite mínimo generándose con ello una efectiva situación de desequilibrio entre las prestaciones asumidas por los contratantes. Por lo tanto, concluye en ídenticos términos a los consignados en la sentencia apelada.

En relación al interés de demora de un 18%, este excede sin duda alguna de dos puntos de los intereses ordinarios, igualmente establecidos en la escritura de préstamo hipotecario concertado entre las partes litigantes, es evidente que procede la declaración de abusividad de la mencionada cláusula y tambien la consiguiente declaración de nulidad de la misma, por lo que este tribunal considera que el pronunciamiento contenido en la resolución dictada en la instancia ha de ser mantenido.

Por otro lado, respecto a la cláusula de vencimiento anticipado, resulta ser manifiestamente desproporcionada y abusiva, declarando incluso que el incumplimiento de cualquier obligacion contenida en la escritura, sin ninguna otra especificación, legitimara a la entidad para declarar vencida totalmente la obligación. Considera este tribunal por tanto que procede confirmar la declaración de nulidad de dicha clausula contractual, con su consiguiente eliminacion del contrato.

Por último, repecto a los aranceles del notario, como la normativa notarial habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del préstamo-, como el prestamista -por la garantía hipotecaria-, y por tanto, es razonable distribuir por mitad el pago de los gastos que genera su otorgamiento.

3.º- No hacer expresa imposición de las costas de casación y apelación. Condenar a la demandada al pago de las costas generadas en primera instancia.

4.º- Acordar la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación y de casación.»

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, que siguen la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el auto del TJUE de 3 de marzo de 2021. Y en este sentido ha seguido pronunciándose esta Sala en diversas sentencias que han conocido de recursos similares, por ejemplo, en las sentencias 407/2021, de 15 de junio, 61/2022, de 1 de febrero, y 475/2022, de 9 de junio. Dicha semejanza aboca a este tribunal a resolver el presente recurso conforme a lo resuelto en los reseñados precedentes, sin que sea necesario reiterar su extensa argumentación.

Respecto al acuerdo («acuerdo trampa»), al igual que los examinados en los casos resueltos en las sentencias anteriores, contiene estipulaciones relevantes en lo que afecta al recurso que han sido predispuestas, por tanto, no negociadas. En la primera se pacta la eliminación de la originaria cláusula suelo y se conviene la aplicación del sistema de interés variable establecido en el préstamo incrementando el diferencial pactado originariamente en 0,2 puntos. Esta estipulación, que incide en la regulación de la cláusula suelo potencialmente nula, sería válida pues cumple las exigencias de transparencia de las cláusulas predispuestas. Las circunstancias concurrentes, muy semejantes a las de los supuestos de los anteriores recursos son suficientes para que pueda superar el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esta novación.

En cuanto a la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones contenida en la estipulación tercera del acuerdo («acuerdo trampa»), sería nula conforme a la jurisprudencia de aplicación. El hecho de que la cláusula de renuncia se ciña a las reclamaciones que tengan por objeto la cláusula suelo suprimida no excluye que haya de examinarse su transparencia y, en su caso, abusividad, a la luz de los parámetros fijados por la reseñada sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Y en el caso objeto de este recurso, la cláusula de renuncia de acciones adolece de falta de transparencia, porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, que resultaban precisos para considerar que la misma fue fruto de un consentimiento libre e informado.

Las razones expuestas, conforme a la doctrina de las sentencias reseñadas, determinan la estimación parcial del recurso de casación y la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial, al no poderse declarar la validez de la cláusula de renuncia.

Procede por ello estimar parcialmente el recurso de apelación en relación con la eficacia del acuerdo privado de 29 de septiembre de 2019, para circunscribir dicha eficacia a la novación de la cláusula reguladora del interés remuneratorio del préstamo, y, con asunción de la instancia, confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a la declaración de la nulidad de la cláusula suelo del préstamo hipotecario por falta de transparencia y reintegro aparejado, por sus propios fundamentos, por ser conformes a reiterada jurisprudencia de esta sala (sentencias de la Sala Primera 283/2020 y 285/2020, de 11 de junio; 534/2020, de 15 de octubre; 19/2022, de 17 de enero y 469/2022, de 6 de junio), fundamentos que no han sido desvirtuados en el presente supuesto por los argumentos expuestos de adverso.