Los abogados del Movimiento J2 salen a la calle en toda España para reclamar soluciones

Los abogados que forman parte del colectivo J2 vuelven a la calle para seguir visibilizando su situación y tratar de obtener compromisos que vayan más allá de las propuestas que algunos políticos esbozaron, más o menos tímidamente, durante la campaña electoral. Así, ayer se movilizaron en Álava y hoy están convocados en hasta 13 ciudades españolas.

Los abogados y procuradores que durante años aportaron a las mutualidades y ahora se han dado cuenta que no van a contar con una pensión o, en este caso renta vitalicia “digna” cuando se jubilen tienen como objetivo principal la pasarela al RETA; esto es, que puedan traspasar todo lo aportado a las mutualidades que se convirtieron en fondos de capitalización individual al Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social para obtener unas prestaciones de jubilación que, aunque sean mínimas, “tienen unas coberturas sociales muy superiores”, según han defendido en reiteradas ocasiones.

A las cuatro y media de la tarde se concentraron ayer en Vitoria. Hoy, al medio día, arrancará una manifestación frente a la Dirección General de Justicia en Santiago de Compostela y se concentrarán en Lugo y en Jaén. A las 12.30h lo harán los abogados en Granada, desde los juzgados de Plaza Nueva. Una hora después, a las 13.00h lo harán en Huelva, Murcia, Almería, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria o en Barcelona, donde la concentración será frente a la Ciudad Judicial. A las 13.15h saldrá la manifestación en Córdoba desde la sede en esa capital del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En León y en Ponferrada (allí será manifestación) harán lo propio a las 13.30h. A esa misma hora se concentrarán frente al Palacio de Justicia de Bilbao y se manifestarán en Málaga.

En Madrid, donde aseguran que están muy centrados en los contactos con los políticos, no hay prevista concentración esta vez. “Ha sido todo muy espontáneo y preferimos no convocar con prisas”, afirman desde el colectivo en la capital.

Manifestación Movimiento J2 en Madrid hace unos meses (Foto: E&J)

Los miembros de este Movimiento, que sostienen que las mutualidades no han informado con claridad y transparencia a los mutualistas, aseguran que no se sienten representados por la abogacía institucional en este problema e insisten en que su principal objetivo es que sea el Estado, al que también consideran responsable de que estén “recibiendo pensiones indignas y contrarias a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Española”, quien dé los pasos necesarios para establecer la pasarela. Los abogados lamentan que «desconocen el alcance y el contenido concreto de las conversaciones que, sobre su problemática, dicen haber mantenido los con las instituciones». La Mutualidad ha repetido, en diferentes entrevistas, que ha informado con «total transparencia», que ha habido cierta falta de preocupación por algunos mutualistas y que «ni garantizan pensiones, ni rentabilidad». Igualmente, defienden que los mutualistas que se encontraban en el sistema de capitalización colectiva con una prestación definida que prefirieron continuar con ese modelo, pudieron hacerlo.

Los abogados que forman parte del Movimiento J2 Manifiestan que no se trata de que el Estado complemente con cargo a los Presupuestos Generales– como se ha propuesto- las rentas vitalicias que les proporcionan las mutualidades, como sistema de capitalización individual porque esto “además de permitir la pervivencia del perverso sistema de mutualismo alternativo, nos mantiene cautivos en una institución que hace muchos años abandonó su espíritu fundacional”, sostienen.

Algunos abogados se concentraron ayer en Vitoria. (Imagen: MJ2)

Por su parte, los colegios o el CGAE, de cuya legitimidad algunos dudan, se han manifestado sobre el asunto en los últimos meses.  Colegios de la Abogacía como el de Madrid ya han solicitado estudios para conocer la situación exacta de la Mutualidad de la Abogacía y han instado a los grupos políticos, asumiendo parte de las peticiones del colectivo, a través de una propuesta de PNL, a regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social (RETA) de los mutualistas de la abogacía que lo soliciten; garantizar, para los mutualistas pasivos, el derecho a la pensión mínima. Igualmente se solicita regular un tratamiento fiscal adecuado al recuperar ahorro aportado en aquellos casos que los mutualistas así lo interesaran, aplicable a cualquier persona que se encuentre en situación parecida, por el principio de igualdad fiscal. Y mejorar las prestaciones de los profesionales jubilados parcialmente. Meses antes, el Colegio encabezado por Eugenio Ribón había reclamado a la Mutualidad que, con las aportaciones mínimas, se garantizaran pensiones equivalentes a las del RETA.

El Consejo General de la Abogacía también manifestó su disposición a reclamar a la Seguridad Social que todos los abogados que han cumplido con la ley en sus aportaciones a la Mutualidad de la Abogacía reciban al menos la cuantía de las pensiones mínimas que percibirán quienes han estado acogidos al RETA, con cargo a los presupuestos del Estado. Según un comunicado del CGAE, “se continúa trabajando para hacer efectiva la demanda de que los profesionales que cotizaron a la Seguridad Social puedan hacer compatible seguir ejerciendo con el cobro de su pensión, tal y como pueden hacer los mutualistas alternativos”.

Desde el Colegio de la Abogacía de Granada respaldan las movilizaciones de hoy insistiendo “en la necesidad de poner en marcha una pasarela voluntaria al RETA. «De este modo, aquellos colegiados que lo deseen podrían pasarse desde las mutualidades a este sistema de cotización público computándose sus aportaciones previas, accediendo a unas rentas equiparables a las percibidas por quienes hayan estado acogidos al sistema público y sin que el trasvase les suponga un perjuicio fiscal en sus ahorros de jubilación. Junto a esto, la Abogacía granadina también hace suyas las demandas de que los abogados mutualistas puedan percibir unas pensiones mínimas en consonancias con las de cualquier trabajador del sistema público nacional, así como de la mejora de las coberturas de la Mutualidad, especialmente en lo referente a la incapacidad total, tal y como ya ha manifestado el Colegio previamente a través de comunicados, circulares y reuniones con los mutualistas», han afirmado en un comunicado.

“El Colegio de Abogados de Granada comparte estas justas reivindicaciones y usaremos nuestra posición institucional para presionar a los poderes públicos en esta materia y que todos los letrados, sea cual sea su régimen de cotización, tengan una jubilación y cobertura social digna y justa tras una vida de ejercicio profesional”, asegura el decano, Leandro Cabrera.