Europa podría elevar el coste de despido a las empresas españolas cambiando el marco normativo actual, según magistrado TSJ Social de Madrid

Los argumentos del magistrado Ignacio Moreno, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no han podido ser más contundentes. En el transcurso de una jornada organizada por el despacho Labormatters y CEOE sobre las obligaciones legales a las que las empresas están obligados a cumplir, Moreno ha adelantado que el Gobierno tendrá que cambiar el marco normativo de las indemnizaciones por despido.

El motivo de esta afirmación viene de Europa y del Comité de Derechos Sociales, órgano comunitario que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea, al que han llegado dos reclamaciones de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) pidiendo que se incrementen los costes del despido improcedente. Los antecedentes parecidos en fallos sobre la normativa de Finlandia, Francia e Italia parece confirmar que nuestro país tendrá que cambiar el marco normativo fijado en el Estatuto de los Trabajadores.

En su exposición “es factible que se modifique el régimen actual objetivo y tasado con este fallo que viene desde Europa. En la actualidad hay 24 reclamaciones previas a las planteadas por CCOO y UGT, por lo que como mínimo, la respuesta del Comité llegará a finales de 2024 o primeros de 2025. Nuestro país que firmo dicha Carta Social deberá cumplir las decisiones del Comité».

Moreno recordó que la reforma laboral del 2021 dejó fuera este tema porque no hubo consenso en la mesa de diálogo social. “Ahora será una cuestión que tendrá que abordar el próximo Gobierno que tengamos. La implementación de esta resolución, que viene de un organismo europeo. En ese fallo quedará claro que el Estatuto de los Trabajadores no cumple con la Carta Social Europea”.

A este respecto, este magistrado recordó que el articulo 24 de dicha Carta abre la puerta a una indemnización mayor en caso de despido. “Ya ha habido resoluciones de la Sala Social del TSJ de Madrid y del TSJ de Cataluña que siguen las directrices de dicha Carta Social y ofrecen indemnizaciones adiciones a los trabajadores”.

En este contexto subrayó que “se trata de reaccionar a tiempo porque es una resolución que cambiará las reglas de juego en materia de despido de empresas y trabajadores, sabiendo que el 90% de las empresas son pymes, con lo cual sería recomendable poder crear una baremo indemnizatorio donde se tuvieran en cuenta diferentes factores, similar al que hay en los accidentes de tráfico para que los jueces podamos calcular las nuevas indemnizaciones”.

Para Ignacio Moreno: “lo lógico es que ese baremo fuera fruto del diálogo social entre empresarios y trabajadores. No es lo mismo la realidad de un joven de 25 años que es despedido y que tiene una carrera profesional por delante, que si la persona que abandona la empresa tiene sesenta años. Es necesario esas reglas claras para que los jueces hagamos bien nuestro trabajo”.

El magistrado de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ignacio Moreno. (Foto: Luisja Sánchez/Economist & Jurist)

Un marco normativo complejo

En el transcurso de esta jornada, en la que intervinieron varios expertos en relaciones laborales, se puso de manifiesto el complejo marco normativo que las empresas españolas sufren desde el Covid-19. “Muchos de estos últimos cambios normativos no han pasado por la mesa del diálogo social”, apuntó Rosa Santos, directora del departamento de relaciones laborales de CEOE, quien subrayó que estas normas generan “mucha inseguridad jurídica”.

A este respecto Santos destacó que “en el último año se han aprobado una veintena de normas que incorporan nuevas obligaciones a las empresas que se unen a las ya existentes, lo que obligan a muchas compañías a gestionar de otra manera sus recursos humanos y a tener apoyo externo jurídico ante el marco jurídico confuso que existe y que genera problemas a las empresas”.

Asimismo subrayó que, esos cambios legales que no pasaron por el diálogo social “vienen para quedarse en el mundo empresarial, como han sido la Ley 15/2023 de Igualdad de trato, el Real Decreto Ley 5/2023 o el Real Decreto Ley que regula los ERTES y el Mecanismo Red, donde se han incorporado cambios importantes, entre ellos el de la necesidad de dar un preaviso de seis meses en el caso de despido colectivo en centros de trabajo de más de cincuenta trabajadores”.

Desde su punto de vista “los empresarios necesitamos un marco jurídico viable y predecible que no dispare los costes laborales con este tipo de cambios normativos sin consensuar. En la cumbre europea sobre diálogo social que se organizó recientemente, la UE es partidaria de la cogestión dando una mayor participación a los trabajadores”.

Por su pare Alfredo Aspra, socio director de Labormatters, recordó que un despacho como el suyo, uno de los que asesoran a CEOE y a otras empresas tienen como reto “dar una respuesta eficaz a las empresas en un marco laboral que se ha complicado mucho desde la etapa postpandemia. Ahora con la normativa que pretende impulsar el preaviso de seis meses en despidos colectivos se generan situaciones complicadas para las empresas que no serán fáciles de gestionar”.

Para este jurista, “estamos en un momento de incertidumbre entre tanto cambio normativo que está asimilando como puede el empresario español. Un marco regulatorio que no ayuda en nada al empresario a invertir y a generar empleo nuevo. Al mismo tiempo, los tipos de interés suben, el acceso a la financiación se encarece y la inflación reputan en un momento en que es clave saber gestionar las relaciones laborales en una empresa”.

Alfredo Aspra, socio director de Labormatters y Rosa Santos, directora de Relaciones laborales de CEOE, poco antes de su intervención. (Foto: Luisja Sanchez/ Economist & Jurist)

Nuevos permisos y más obligaciones

A lo largo de esta jornada los socios de Labormatters, Pedro Alonso y Puy Abril, explicaron las últimas novedades legislativas de los últimos años.

Alonso explicó entre otras cuestiones las del Real Decreto 5/2023, que amplía los supuestos de nulidad objetiva de los despidos ya reflejada en los artículos 53 y 54 del Estatuto de los Trabajadores. Así hablo de los casos contemplados en el Estatuto de los permisos por fallecimiento, del permiso parental y de los trabajadores que pidieron adaptación de jornada, que no podrán ser despedidos en esos casos.

Para este experto, “el anuncio de cierre de un centro de trabajo con seis meses de preaviso va a generar conflictividad. Este tipo de situaciones, que antes se gestionaban en algo más de un mes, con un periodo tan amplio, no cabe duda que puede generar problemas en las empresas de distinta índole”.

Al mismo tiempo comentó a los asistentes que la situación actual en cuanto a revisiones salariales ha cambiado de forma notable. “El incremento de la inflación y de las cotizaciones sociales ha hecho que las previsiones de las empresas en este sentido sean diferentes. Esta cuestión está generando mucha litigiosidad y que las empresas hagan descuelgues salariales y se sienten con los sindicatos a negociar”.

También recordó algunos cambios importantes relacionados con la Seguridad Social, entre otros citó el Real Decreto Ley 1/2023, que se aprobó en enero de este año pero entra en vigor en septiembre y ofrece incentivos para la contratación de colectivos concretos, como personas con discapacidad y artistas; o el RD 2/2023, que incrementa las cotizaciones tanto pera empresas como trabajadores, estos con salarios por encima de la media.

Para Puy Abril, otra de las ponentes, “dentro de las relaciones laborales se ha creado una nueva área importante que genera obligaciones a las empresas relacionada con la igualdad y la discriminación. Unas obligaciones que han llegado tras la pandemia del Covid-19. Así las empresas deben tener actualizados sus registros salariales, lo que en principio debería fomentar la transparencia en las empresas”.

Esta jurista recordó la problemática que exista sobre el deber de informar que tienen los sindicatos sobre los planes de igualdad. “Los sindicatos están desbordados ante estas peticiones y en diez días que dice la ley que deben responder a la Comisión Negociadora de ese plan no les da tiempo. Eso ha hecho que sentencias judiciales permitan la inscripción de esos planes pese a que no tengan el visto bueno de los sindicatos”.

En materia de conciliación, Abril destacó que el Real Decreto 5/2023 “abogada por crear un nuevo permiso por fallecimiento de un familiar que es complejo, y al mismo tiempo se ha modificado el derecho a la adaptación de jornada que ya venía reflejado en el articulo 34.8 del Estatuto de los trabajadores. Son permisos retributivos que hay que diferenciarlos del derecho a ausentarse”.

La actividad de la Inspección de Trabajo

En otro momento de la sesión el director adjunto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social territorial de Madrid, Juan Sebastián Fernández-Simal, explicó el funcionamiento de la Inspección de Trabajo. Un colectivo que denunció en Economist & Jurist la situación de discriminación y abandono por parte del Ministerio de Trabajo y de su titular, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, de la que no tienen noticias desde marzo de este año.

Fernández-Simal, que estuvo acompañado por Gonzalo Núñez, inspector de trabajo en excedencia y ahora en Labormatters, destacó la evolución del trabajo de este colectivo de profesionales, donde “aparte del ejercicio sancionador que hacemos en algunos casos, el trabajo de requerimiento y consulta con la empresa también es bastante importante”.

Concentración inspección de trabajo ante la delegación de Madrid. (Foto: E&J)

Durante su intervención, hizo hincapié en el elevado número de cartas informativas que está remitiendo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de las cuales el 50% tienen éxito. “Cada vez hay más requerimientos y no hay que analizar bien la inspección y los riesgos o siempre son impugnables. En este contexto la herramienta de lucha contra el fraude que tenemos es de gran ayuda”, aclaró.

Recordó que, el Organismo Autónomo de la inspección de Trabajo es quien fija las prioridades de dichas campañas: “hay coordinación entre las Comunidades Autónomas y a nivel estatal, lo que hace que haya una planificación, en la actualidad, de unas cien campañas vivas”. También ha señalado que ya les han llegado las líneas de actuación para 2024.

Al mismo tiempo recordó la insuficiencia de efectivos a pesar de las nuevas incorporaciones que se han realizado y, máxime ante la proliferación de normas. «En Madrid sólo hay 82 inspectores para más de tres millones de afiliados, con lo que hay un inspector por casi 46.000 afiliados. Con estos medios hacemos lo que podemos en estos momentos”.

Las actuaciones a realizar en la Comunidad de Madrid corresponden en un 23% a la prevención de riesgos laborales (16.000); un 22,22% a empleo y relaciones laborales (15.372); un 27,71% a Seguridad Social (19.172); y un 27,71% a economía irregular y trabajo de extranjeros (19.172). “En total suman 69.176 actuaciones previstas para 2023”, explicó este experto.