La Guardia Civil solicita al juez información sobre el caso de Bravo de cara a aplicar el régimen disciplinario

La Guardia Civil ha solicitado ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz conocer en que estado se encuentra el procedimiento en el que el brigada Sergio Bravo, miembro de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid (Tres Cantos), se encuentra implicado. Lo hacen al objeto de aplicar la medida que corresponda atendiendo al régimen disciplinario del cuerpo.

“Para conocimiento de esta unidad y a efectos de aplicación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, se interesa de usted, si a bien lo tiene, informe sobre el estado de las diligencias previas en las que se encuentra implicado, en calidad de investigado, un componente de esta Comandancia. Asimismo, en caso de que se haya dictado resolución, ruego remita copia de la misma”, pide el Coronel Jefe en un documento con fecha de entrada del pasado 11 de octubre y al que se ha dado traslado a las partes recientemente, al formar parte de la documentación obrante en la causa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, contestó el pasado lunes que el día 10 de octubre, este juzgado se inhibió, en lo que al miembro de la Guardia Civil se refiere, a favor del juzgado de instrucción de Madrid al que por turno de reparto corresponda, por lo que no es ya a la Audiencia Nacional quien puede proporcionar la información.

“Como razona el Ministerio Fiscal, la investigación que se sigue en relación con (el guardia civil) y por la que el mismo fue citado como investigado, no constituye delito de los previstos en el artículo 65 de la LOPJ (en relación con el 88 del mismo cuerpo legal), por lo que no siendo competente el Juzgado Central de para su investigación ni la Sala de lo Penal para su posible enjuiciamiento; procede deducir testimonio de lo relativo a tal actuación presuntamente delictiva que se prevé en el artículo 536 del Código Penal”.  El magistrado señala en el auto que las “vigilancias y las interceptaciones supuestamente ilegales se habrían desarrollado en diversos sitios (Las Rozas, Móstoles, Tres Cantos), el lugar donde supuestamente se habrían planeada y puesto en funcionamiento sería el de la sede de la oficina del investigado”, expuso Pedraz en el auto en el que se inhibía.

De esta forma Pedraz consideró que existían indicios que procede investigar en torno a la posible colocación de medios de seguimiento sin la preceptiva autorización judicial, vulnerando preceptos constitucionales, tipificado en el artículo 536 de Código Penal y castigado con inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. Sin embargo, el juez no hizo referencia alguna al delito de falsedad del 390 del Código Penal, que lleva aparejadas penas de prisión (de 3 a seis años), algo por lo que las defensas plantean recurrir.

El régimen disciplinario de la Guardia Civil, en su artículo 8.8 y 8.9, contempla como faltas graves la violación del secreto profesional y la emisión de informes o partes de servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen. Este último aspecto, al menos de momento, no estaría investigado por la justicia a tenor del auto de inhibición de Pedraz. Estas faltas pueden acarrear desde suspensión de empleo de un mes a tres meses a la pérdida de destino.

Según reveló una investigación de Economist & Jurist publicada durante los días 12, 13 y 14 de julio, este funcionario aseguró que se habían colocado balizas de seguimiento de forma ilegal, reconoció haber falseado seguimientos o instado a sus compañeros a hacer y grabar un interrogatorio en un coche policial, mientras un detenido era conducido al juzgado. Además, afirmó conocer entregas sospechosas de dinero en el marco de la investigación abierta en torno al Caso Cuarteles, en el que se habrían adjudicado obras de forma irregular a cambio de supuestas mordidas. Este medio también desveló que, en esos audios, el investigado relataba detalles sobre la Operación Pantano, en el transcurso de cuya investigación, llegó a decir a un detenido – del que habla abiertamente con la interlocutora en el audio- que con unas botellas de vino solucionaban el asunto.