Los jueces de la APM rechazan la amnistía que plantea Sánchez por ser “un ataque directo al Estado de Derecho”

La futura ley de amnistía, de la que ya circulan algunos borradores y que se conocerá en los próximos días, “se convierte en un privilegio para unos pocos y ataca el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho”, en opinión de la Asociación Profesional Magistratura (APM).

Si a primera hora de la mañana de ayer eran los vocales conservadores del CGPJ los que reclamaban un Pleno Extraordinario para analizar la amnistía y realizar una declaración institucional sobre esta proposición de ley que se conocerá en los próximas, ahora es la APM quien se posiciona en contra de dicha iniciativa, que supondrá un borrón y cuenta nueva para cerca de 4.000 implicados en los disturbios del 1 de octubre del 2017 en Cataluña.

ERC y el PSC publicaron un comunicado conjunto el 31 de octubre en el que aseguran que “en las próximas horas” se cerrará el acuerdo para cerrar la investidura de Pedro Sánchez. Según el texto, habría una conversación telefónica esta tarde entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez en la que ambas formaciones han dado por “colmadas sus expectativas”.

Fuentes de ERC aseguran que el texto de la nueva Ley incluirá a los encausados por Tsunami Democràtic –entre los que están altos cargos de ERC y la secretaria general Marta Rovira– y también la causa de los CDR acusados de terrorismo.

Al parecer, según el documento que se va dar a conocer, los flecos pendientes han sido “delegados en sus respectivos equipos negociadores del cierre definitivo, en las próximas horas”. La portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, ha lamentado que los acusados por Tsunami Democràtic, una protesta que provocó el asalto del aeropuerto de El Prat en 2019, no entrasen en el perímetro de la ley de amnistía.

“La ley será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados”, señalaba la nota conjunta de este acuerdo, que al parecer está a punto de cerrarse en las próximas horas, de tal forma que la investidura de Sánchez podría ser la próxima semana, según fuentes del PSOE.

ERC asegura que de la amnistía pactada con el PSOE se beneficiarán «todos los represaliados» en causas relacionadas con el procés, «sin excepciones». Más de 1.432 personas, según Òmnium Cultural, entre las que habría políticos, alcaldes, funcionarios y también ciudadanos.

Según los datos de Òmnium, entre las 1.432 personas que ellos calculan hay: condenados penalmente, 113; pendientes de sentencia, 17; con causa penal abierta, 387; sancionados administrativamente, 88; pendientes del Tribunal de Cuentas, 35.

Sin embargo, según otras interpretaciones, con la amnistía quedarían impunes todos los actos delictivos cometidos desde el 1 de enero de 2013 hasta el 1 octubre de 2017 y entonces los beneficiados sí serían más de 1.432. De hecho, en algún informe de Òmnium se habla de «3.000 represaliados».

Sala de lo Penal del Supremo. (Foto: CGPJ)

Romper el Estado de Derecho

Desde la APM se expresa “nuestro más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo, -más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-, anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.

También se recuerda que “la Asociación Profesional de la Magistratura, que aglutina a más de 1.400 jueces y magistrados, nació con el firme compromiso de velar por la independencia y el prestigio del Poder Judicial, por la defensa de los principios reconocidos en nuestra Constitución y, en definitiva, para preservar el Estado de Derecho, con pleno respeto a la separación de poderes y al imperio de la ley”.

Al mismo tiempo, denuncian públicamente una situación que se ha ido complicado en los últimos meses. “Llevamos mucho tiempo alertando sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho. Asistimos a una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial, que obvian por completo el respeto a la separación de poderes”.

A tal efecto, subrayan que empiezan a “escuchar demasiadas voces de nuestros representantes políticos que cuestionan el sometimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley”.

A juicio de esta asociación judicial, presidida por la magistrada María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, con la iniciativa de la amnistía “se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho”.

Así, muestran su preocupación porque en los próximos días se presentará una iniciativa legislativa “con el fin de conceder la amnistía a aquellos que participaron en los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles.

En el comunicado constatan que no se pronuncian “sobre sobre el hecho de que esta norma legal se esté pactando por el partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos. No nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos”.

María Jesús del Barco, presidenta de la APM. (Foto: APM)

No es compatible con la Constitución de 1978

Sin embargo, sí rechazan de forma plena la aplicación de esta amnistía por varios motivos. El primero de ellos indica que “una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena”.

Al mismo tiempo, los jueces de la APM destacan en dicho comunicado que “una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”.

Otra cuestión que preocupa a este colectivo judicial es que dicha ley de amnistía “pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el Poder Legislativo y deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos”.

También resaltan que la aprobación de dicha ley de amnistía va a quebrar “un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes, así como vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones”.

Para la APM, esta medida entraña “el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”.