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Derecho Constitucional

Siete a cuatro: el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas

Con este fallo es previsible que otros recursos de CCAA se rechacen con posterioridad

Imagen del Pleno del Tribunal Constitucional (Foto: Tribunal Constitucional)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




Derecho Constitucional

Siete a cuatro: el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas

Con este fallo es previsible que otros recursos de CCAA se rechacen con posterioridad

Imagen del Pleno del Tribunal Constitucional (Foto: Tribunal Constitucional)



Tal y como se filtro hace un mes a distintos medios informativos, el Pleno del Constitucional de este martes, 7 de noviembre, ha acabado respaldando el impuesto a las grandes fortunas que creó de forma temporal el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2022 con el objetivo de combatir los efectos de la guerra de Ucrania y la crisis energética.

El apoyo mayoritario de los magistrados del sector progresista ha permitido el rechazo al primero de los recursos en contra del gravamen, planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la decisión se ha adoptado por siete votos a cuatro.



El impuesto es del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Según explicaba Economist & Jurist en una crónica reciente, ahora es previsible que si Pedro Sánchez logra formar Gobierno convierta el impuesto en fijo para los próximos años. No obstante, eso no quita para que pueda haber batalla judicial por cuestiones de legalidad y que se lleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).



La mayoría del Constitucional ha apoyado así la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer contra los argumentos del Ejecutivo regional madrileño, que defendía que el tributo invade las competencias fiscales y financieras autonómicas y desincentiva el ahorro y la inversión.



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