Los Letrados de la Administración Sanitaria andaluza se plantan: no asumirán los casos de agresiones no físicas

Los Letrados de la Administración Sanitaria han comunicado que, ante el incumplimiento de la Junta de Andalucía, por quinto año consecutivo, de incluir en el Proyecto de Presupuestos del año 2024 la partida presupuestaria específica que permita aprobar el Decreto por el que se regula la Asistencia Jurídica al Servicio Andaluz de Salud, han tomado la decisión de dejar de asistir a los profesionales (médicos, enfermeros, celadores, personal, administrativo, etc.) en todos aquellos casos de agresiones no físicas que no están contempladas en su actual Decreto.

La tramitación y aprobación de este Reglamento fue un compromiso de la Junta andaluza que se incluyó en el Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud del año 2018, pero que aún no se ha cumplido.

Ante esta falta de compromiso por parte de la Junta de dotar a la Asesoría de la estructura y organización necesaria para poder cumplir sus función, la Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (ALAS) ha comunicado que se va a limitar la asistencia jurídica de los profesionales y autoridades y personal de los Centros Sanitarios y demás Centros Directivos del Servicio Andaluz.

Economist & Jurist ha podido hablar con la Junta Directiva de ALAS de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quienes han confirmado que la medida tendrá efectos inmediatos: “Las asistencias letradas que ya están autorizadas tendrán lugar, sin embargo, lo que se va a dejar de hacer es autorizar nuevas asistencias. Es decir, que a partir de hoy cualquier agresión que no sea estrictamente lo que viene contemplado en nuestro Decreto ya no se va a autorizar que vayamos a asistir a los profesionales en los juicios”, declaran desde ALAS.

De esta manera, a partir de ahora sólo se atenderán las “agresiones físicas” producidas en el ejercicio de sus funciones, que contempla su actual reglamento, con exclusión de todas aquellas situaciones o hechos como amenazas, coacciones, insultos, vejaciones etc., que no supongan una “perturbación grave” de la prestación de asistencia sanitaria.

En este contexto cabe recordar que según los datos recogidos en el documento de Seguimiento de Plan de Agresiones (febrero 2022), entre 2018 y 2021, se produjeron en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud un total de 4.992 agresiones, de las cuales 4.030 fueron no físicas.

Asimismo, han comunicado que “ante el incumplimiento y ninguneo de la Consejería de Salud que traslada la responsabilidad de su incumplimiento a la Consejería de Hacienda, que un año más nos ha dejado fuera de los presupuestos de 2024, quedando parada nuevamente la tramitación del nuevo Decreto de la Asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud, la Asociación de Letrados comunica también que los Letrados del SAS dejarán de asistir a las Comisiones de Agresiones de las Delegaciones de Salud desde este momento hasta que se apruebe el nuevo Reglamento que de amparo y cobertura a la implicación de la Asesoría Jurídica”.

(Foto: Junta Andalucía)

Años de falsas promesas

La Junta Directiva de ALAS afirma a E&J que aunque los efectos de esta decisión son inmediatos, esta medida ya se comunicó hace tres semanas a través de un escrito que enviaron a la Gerencia, al viceconsejero y a la consejera de la Consejería de Salud, a presidencia y Hacienda. “Lo que pasa que la medida se quedó parada porque nos dieron una solución, una solución que al final no ha sido verdad”, declara la Junta.

Desde ALAS aseguran que se han visto en la obligación de tomar esta decisión ante la situación de abandono y de falta de medios en la que se encuentra la actual Asesoría Jurídica, cuya estructura orgánica no ha sido actualizada desde hace más de dos décadas. “Nosotros tenemos un Decreto que es del año 2005 y que ya está desfasado, necesita actualizarse a la nueva normativa. También hemos venido reclamando una serie cambios, como que se nos dote de una estructura que no tenemos y que se nos retribuya en función de nuestras responsabilidades. No fue hasta el año 2018 cuando se incluyó por primera vez la voluntad de actualizar este Decreto”, explican.

Pero la decisión de dejar de prestar los servicios a los profesionales de la Sanidad andaluza también se debe al el incumplimiento de la Consejería de Salud del compromiso, en el seno del Plan de Agresiones a los profesionales del SAS, de actualizar el Decreto de asistencia jurídica al SAS.

“En el año 2020 la Junta de Andalucía elaboró el Plan de Agresiones y se publicó en el Boletín Oficial de la Junta. Nosotros participamos en ese Plan y nos comprometimos a prestar un servicio mayor del que tiene nuestro Decreto porque ellos se comprometieron con nosotros de que iban a aprobar nuestro Decreto. Pero la Junta no cumplió con su palabra”.

La Junta afirma que el año pasado también intentaron negociar con la Administración, pero sin alcanzar ningún resultado y este año, de nuevo, volvieron a retomar las negociaciones: “Nos aseguraron que este año iba a salir, seguro, que iban a incluir la partida que se necesita para aprobar el Decreto en el presupuesto, pero cuando se publicó el Proyecto de la Ley de Presupuestos para 2024 la partida no estaba”.

Fue entonces cuando la Asociación envió un escrito comunicando la suspensión de los servicios de asistencia a las agresiones no físicas que no están contempladas en su Decreto. La Junta Directiva explica que tras esa comunicación la Junta les ofreció una solución: “Nos dijeron que iban a hacer una enmienda parcial al Proyecto incluyendo la partida presupuestaria para que el Decreto saliera adelante. Se nos enseñó la presentación de la enmienda con el Registro de presentación en el Parlamento de Andalucía. Entonces paramos las medidas que habíamos tomado creyendo que realmente lo harían, pero cuando este martes salió el Boletín del Parlamento con las enmiendas que se habían admitido, no estaba la que nos habían prometido. Eso ha sido la última gota que ha colmado el vaso”.

(Imagen: E&J)

“Nos da pena, pero no podemos asumir más carga de trabajo”

La Junta Directiva de ALAS declara que esta decisión inmediata es “dolorosa porque al final quienes van a salir perjudicados son quienes no se lo merecen”, es decir, los médicos, los enfermeros, los celadores, el personal administrativo que trabaja en los hospitales y en los centros de salud.

“Nos da mucha pena pero ante el abandono y la dejadez, la falta de palabra y de compromiso, el Cuerpo está en una situación que no podemos asumir más esta carga de trabajo. Solo en Sevilla ya se fueron diez letrados el año pasado, y hay provincias como Jaén y Almería donde solo hay dos personas para realizar todo el trabajo”.

Aseguran que las consecuencias de dejar de prestar estos servicios son que los profesionales que quieren denunciar agresiones no físicas tendrán que buscar otras vías para solucionar los problemas: “Tendrán que costearse un abogado privado, pedir un abogado de oficio o acudir a los sindicatos”.

La asociación asegura que los Letrados venían prestando esos servicios porque les parece un tema importante y porque en su día se comprometieron a ello, en un compromiso recíproco con la Administración, pero que como bien han mencionado antes ésta no ha cumplido.

Asimismo, destacan que el verdadero problema es que “la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud se ha comprometido con los profesionales sanitarios, a través del Plan de Agresiones vigente, en garantizarles el derecho a la asistencia letrada, pero eso no está previsto en nuestro Decreto ni lo han modificado para que así sea”.

(Imagen: E&J)

La falta de compromiso es un desprecio hacia el papel de los letrados

Desde ALAS aseguran que están descontentos con la Junta, pero también están preocupados porque la falta de tramitación del mencionado Reglamento afecta a la estructura y organización interna de los servicios jurídicos e impide el desempeño eficiente de las funciones de los letrados.

«Pero además, también impacta directamente en el correcto funcionamiento de la sanidad y en la adecuada prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos porque pone en riesgo la viabilidad de las licitaciones públicas, de la gestión de los fondos europeos y de los procedimientos en los que es preceptiva la intervención de estos profesionales», aseguran.

La Junta Directiva de ALAS afirma que el quebrantamiento de la Administración supone un desprecio hacía «el papel crucial» que desempeñan estos letrados, ya que tienen atribuido por ley, y de forma exclusiva, el asesoramiento en derecho y la representación y la defensa de los intereses del Servicio Andaluz de Salud, agencia pública que gestiona más del 25% del presupuesto total de la Junta y que, además, emplea a más de 120.000 profesionales.

Desde la Junta Directiva de ALAS reconocen que no saben cuál es realmente el problema de por qué no modifica el Decreto de los Letrados, aún más cuando este año el presupuesto es de trece mil millones de euros: “Es increíble que no se vaya a dedicar ni un euro a los servicios jurídicas del Servicio Andaluz de Salud cuando al final por nuestras manos pasan cosas muy importantes”.

Afirman que la asistencia jurídica que brindan al SAS abarca aspectos cruciales en la toma de decisiones en materias tan importantes como la contratación administrativa (en la que nuestro informe es preceptivo), en el asesoramiento y defensa en juicio de los múltiples procesos selectivos y de movilidad (especialmente en el marco de la estabilización de personal temporal), así como en la defensa del personal sanitario frente a las agresiones físicas y verbales que, en ocasiones, sufren en el ejercicio de sus funciones, entre otras muchas. Funciones que, desde el año 2022, se extienden a las cinco Agencias Públicas Empresariales Sanitarias de Andalucía que han sido integradas en el Servicio Andaluz de Salud».

«La deficiente y obsoleta estructura organizativa de la actual Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud y de sus recursos humanos, que no ha sido actualizada desde hace más de dos décadas, limita nuestra capacidad para atender al elevado volumen de peticiones de asesoramiento y asistencia requeridas por el Servicio Andaluz de Salud para la adecuada gestión de la prestación de la asistencia sanitaria».

Asimismo, los letrados de la Administración Sanitaria aseguran que esta situación, «acrecentada por la inexistencia de una carrera administrativa y de un nivel dentro de la función pública acorde con el nivel de cualificación exigido para acceder al Cuerpo, ha generado una preocupante fuga de talento y en la dificultad de atraer personal de nuevo ingreso«.