Villegas, Ruiz de Lara, Bal y Sanz llaman a acudir al TJUE contra la amnistía

La Fundación Ortega y Gasset acogió anoche un debate organizado por Ateneo Judicial, que se puede resumir con la frase que lanzó al final del evento el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma por la Independencia Judicial: “No van a poder con nosotros. España es un gran país vinculado al orden constitucional”.

Cuatro juristas y magistrados como Villegas; Manuel Ruiz de Lara, juez de lo Mercantil; Luis Sanz, titular de la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid; o Edmundo Bal, abogado del Estado, debatieron sobre la futura ley de amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere tramitar. Un debate que estuvo moderado por el abogado Daniel Gómez de Arriba, socio de Selier Abogados.

Para estos expertos no será fácil frenar los efectos de la amnistía, pues la proposición de ley deja claro que los recursos de inconstitucionalidad no frenarán su aplicación, por lo que la interposición de cuestiones prejudiciales sería la única manera de frenar su impacto.

Habría también otra opción: que el juez español, amparado por el derecho comunitario, no aplique esta norma si es contraria al ordenamiento de la Unión Europea.

Desde esa perspectiva, la vía de la cuestión prejudicial parece la mejor utilizable. Luis Sanz cree que “la proposición de ley tiene dos lagunas en los delitos de terrorismo y de malversación, con lo que se vulneraría el derecho comunitario. Al mismo tiempo la justificación de la amnistía es clara, no es tanto la convivencia que se señala en su preámbulo como el deseo de Sánchez de seguir gobernando a toda costa”.

Villegas subrayó que “la norma deja claro que los recursos de inconstitucionalidad no frenan la aplicación de esta ley, sin embargo, ese precepto podría ser inconstitucional y, por tanto, ser recurrirlo en el Tribunal Constitucional, con lo cual se suspendería. Al mismo tiempo hay que recordar que el Código Civil señala que aquellos contratos con fondo ilícito no tienen efecto, un acuerdo de este tipo que pretende desmontar el Estado de Derecho, lo sería”.

Para estos juristas la cuestión prejudicial al TJUE se plantea como la mejor alternativa para frenar esta futura normativa (Imagen: Adrián Herrero Porto/ Ateneo Judicial)

El TJUE puede parar la amnistía

Para este magistrado, es evidente que lo más efectivo sería dicha cuestión prejudicial frente al TJUE, que supondría la paralización de la norma hasta que la resolviera el tribunal de Estrasburgo. “Los políticos quieren controlar al Poder Judicial pero no se lo vamos a poder fácil, desde luego”.

En el caso de Edmundo Bal, que conoce bien al comisario de justicia Reynders, este abogado del Estado cree que Bruselas aún no ha dicho su última palabra sobre la amnistía, porque ya tumbó una ley similar en Rumania y también afrontó con sanciones graves en otros casos como los de Polonia y Hungría. “Creo que está preocupado porque no podemos olvidar que tanto la separación de poderes como el principio de igualdad entre los ciudadanos, que son claves en el derecho europeo, quedan socavados con esta futura ley de amnistía”, afirmó Bal.

Manuel Ruiz de Lara por su parte ve en Europa también la solución y muestra su preocupación por el lawfare que aparecía en el documento que suscribieron Junts y el PSOE y del que ahora se empieza a hablar bastante. “Es fundamental frenar su aplicación porque supondría anular el dique de contención que somos los jueces frente al Poder Ejecutivo. Sin independencia judicial no habrá Estado de Derecho”, aseguró Ruiz.

Una ley de amnistía que ha generado una reacción unánime en contra, tanto de la sociedad civil española en general, con manifestaciones periódicas en distintas ciudades españolas; como de la comunidad jurídica, donde la respuesta de los jueces fue la primera y la más contundente, a través de sus asociaciones judiciales. “La amnistía es convertir en justo el delito y borrar lo ilícito de la actividad de los independentistas catalanes”, apuntó Villegas.

Para Sanz “la amnistía, ni a nivel abstracto ni en esta Constitución tiene cabida; porque no se permiten los indultos generales. Además es una amenaza contra el Estado de Derecho, vulnera la interdicción de la arbitrariedad y los principios de igualdad y de separación de poderes, porque pretende usurpar la labor jurisdiccional del juez” comentó.

Por su parte, Edmundo Bal, recordó que “aceptar la amnistía va a provocar que se olviden los delitos de los independentistas como atentado contra el orden constitucional, dejando sin efecto la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el Procés y mi escrito de acusación que interpuse en aquel momento como área penal de la Abogacía del Estado”.

Ruiz de Lara, Bal, Sanz y Villegas creen que el objetivo de la amnistía es controlar el Poder Judicial para tener resoluciones favorables y destruir el Estado de Derecho (Imagen: Adrián Herrero Porto/ Ateneo Judicial)

Se ha comprado el relato independentista

Para este jurista, diputado en las dos últimas legislaturas en el Congreso de los Diputados, “lo peor de esta situación es que como dice el expresidente Felipe González, compramos el relato a los independentistas y la amnistía supone que los ciudadanos españoles les pidamos perdón a ellos por los hechos producidos. Se habla de que se hace para mejorar la convivencia, pero la realidad es que Sánchez necesita los siete votos de Junts para seguir en la Moncloa, a cualquier precio”.

También hizo suyas las tesis del exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, elegido en aquel momento por el PSOE, “quien deja claro que la amnistía va contra la separación de poderes, el principio de igualdad entre todos los españoles y vulnera la independencia del Poder Judicial. El problema es que dicha proposición ya avisa que una cuestión de inconstitucionalidad no frena la aplicación de la ley, con lo cual los jueces tendrán que plantear la cuestión prejudicial al TJUE”.

Por su parte, Manuel Ruiz de Lara indicó que “la situación es clara, se trata de demoler el Estado de Derecho, de tal forma que se mantenga una estructura cartón piedra como decorado falso. En ese escenario la obsesión de Pedro Sánchez es la de controlar la actividad de los jueces. Es ahí donde intervendrá el lawfare que permitirá que algunas comisiones parlamentarias enjuicien el trabajo de jueces y fiscales durante el Procés”.

Para este magistrado, “lo peor son las últimas declaraciones, tanto del propio Sánchez como las del ministro Bolaños, que señalan de forma clara que hay jueces politizados que han actuado de forma irregular. Se trata de convertir a los jueces en enemigos del Ejecutivo y cuestionar cualquier decisión judicial que vaya contra sus intereses”.

Desde su punto de vista “es previsible que este Gobierno cambie las mayorías para la renovación del CGPJ y así controlarlo y establecer un nuevo sistema de acceso a la Carrera Judicial con la incorporación de 3.000 jueces nuevos a medio plazo. Al final hay una casta privilegiada por esas resoluciones judiciales, porque se consigue el control de los jueces. No podemos estar callados. Hay que alzar la voz, cueste lo que cueste”, indicó.

Los cuatro ponentes analizaron la exposición de motivos de la citada proposición de ley, más larga de lo habitual en su contenido: “Se intenta justificar la norma y que no es anticonstitucional, con sentencias que cita pero de forma sesgada. Compara la amnistía de 1977 con esta que se quiere hacer, cuando son completamente diferentes” dijo Luis Sanz.

Para Edmundo Bal “ya es llamativo que se haya hecho proposición de ley para evitar informes del CGPJ y del Consejo de Estado. Además, si hubiera sido tramitado como proyecto de ley se hubiera abierto un expediente en el que los ciudadanos o cualquier interesado hubiera planteado distintas alegaciones”.

Ruiz de Lara recordó que “poco antes de publicarse el texto que conocemos de esta amnistía ya conocíamos el porqué de la misma, el propio Sánchez lo aclaró en varias declaraciones suyas de que era necesaria para que fuera elegido, de nuevo, presidente del Gobierno”.

Los cuatro ponentes son conscientes de la gravedad de la situación, como cada vez más las manifestaciones del presidente del Gobierno y de algunos de sus ministros están normalizando dentro del relato la justificación de la amnistía como algo necesario para el país y, en este contexto, tienen claro que el problema para su aplicación son los jueces: “Van a ir a por ellos como ya hiciera en Argentina Cristina Kircher, que acabó querellándose con algunos magistrados”, recuerda Bal.