Condenado a 21 años de cárcel un cobrador del Frac por su implicación directa en varios robos armados

El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de 21 años de prisión impuesta a un empleado de la empresa ‘el Cobrador del Frac’ por estar directamente implicado en los robos y asaltos a varias viviendas y establecimientos en Cataluña acometidos a lo largo del año 2017.

Integrado en un grupo criminal, tanto él como el resto se hicieron con la información de los lugares más aptos para ser atracados; se armaron de instrumentos para poder ejercer una intimidación adecuada a los propietarios de las diversas viviendas, «tales como destornilladores, cuchillos y lo que parecía ser una pistola»; y procedieron a iniciar diferentes robos tapándose el rostro y las manos para evitar ser reconocidos.

Ahora, los jueces han rechazado la alegación del individuo, quien afirmó haber actuado como mero «chofer de taxi», concluyendo que «su implicación fue directa». Este individuo recibió y transmitió información directamente a los perpetradores de los asaltos, fungiendo como «intermediario» y participando de forma directa en uno de los robos.

Los robos se cometieron en días separados

Un hombre intenta entrar ilegalmente en un domicilio. (Imagen: E&J)

La Audiencia Provincial de Girona condenó al cobrador del Frac a 21 años de prisión por diversos delitos, incluyendo robo con violencia en casa habitada con armas y detención ilegal. Disconforme con el fallo, el acusado apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero su recurso fue desestimado, confirmándose la condena de 21 años. Inconforme, llevó el caso al Supremo, alegando ser solo un «taxista», pero este ha rechazado recientemente sus argumentos, recordando que no era un simple transportista y destacando su participación directa en los hechos.

No sólo actuó como un mero transportista

La Audiencia Provincial de Girona sentenció al cobrador del Frac a 21 años de prisión por diversos delitos, entre ellos, robo con violencia en casa habitada con uso de armas, detención ilegal, allanamiento de morada con violencia e integración en grupo criminal. Además, se le impusieron multas por 4.000 euros, pero fue absuelto de tres cargos de robo con violencia en casa habitada con uso de armas y siete de detención ilegal.

Inconforme con el fallo, el acusado apeló ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, donde los magistrados desestimaron su recurso, confirmando la condena de 21 años. Persistente, llevó el caso hasta el Supremo. En su recurso, argumentó que deberían absolverlo de detención ilegal, allanamiento de morada, lesiones leves, daños y pertenencia a grupo criminal, alegando que solo actuó como chofer y no entró en la casa asaltada.

Afirmó ser solo un «taxista», pero el Supremo recordó que el TSJ ya lo había identificado como «mucho más que un mero transportista». En 50 folios de sentencia, los magistrados subrayaron que no era ajeno a las acciones perpetradas por quienes viajaban con él, enfatizando que su participación fue directa al recibir y transmitir información a los asaltantes, sirviendo como intermediario y participando directamente en uno de los robos.

Además, el hombre argumentó la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, alegando la falta de pruebas de su presencia en el lugar de los hechos. La resolución del Supremo desestimó este argumento, señalando que no corresponde a su competencia revisar las pruebas evaluadas por la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia, rechazando así la afirmación del hombre de que «no existe prueba de cargo» en su contra.