Sorpresa entre los sindicatos al ser convocados por separado por Justicia

La sorpresa llegaba al filo de las ocho de este martes cuando los representantes de las cuatro organizaciones sindicales principales de los funcionarios de justicia empezaron a recibir comunicaciones suscritas por el nuevo secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para convocarles a distintas reuniones bilaterales sobre cuestiones de interés.

La medida, según comentan desde estos sindicatos es bastante inusual y la última vez que se produjo fue con la anterior ministra de Justicia Pilar Llop,  nada mas llegar, estando Pablo Zapatero de secretario de Estado de Justicia.

En aquel momento, noviembre del 2021, durante más de siete meses, los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia), estuvieron  negociando con el ministerio del ramo un complemento salarial para los funcionarios del ámbito no transferido de Justicia con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021.

Los agentes sociales dieron por cerrado el acuerdo el pasado 14 de septiembre, con un texto definitivo que se selló con «un apretón de manos y un compromiso verbal» de establecer una fecha próxima para la firma oficial del mismo, según asegura Victoria Carrero, responsable de Justicia de UGT Servicios Públicos.

Ese compromiso dio un vuelco inesperado el 4 de noviembre, día en el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) superaron el primer trámite parlamentario. Los representantes sindicales fueron convocados de urgencia por el ministerio de Justicia y allí recibieron la noticia de que el departamento que dirige María Jesús Montero había decidido bloquear el pago relativo al año 2021.

Este miércoles, delegados de Comisiones Obreras se concentrarán ante el Ministerio de Justicia porque siguen sin tener propuesta de negociación (Imagen: E&J)

Los sindicatos expresan su «malestar» ante la convocatoria de reunión por parte de Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia desde el pasado 29 de noviembre, pero conocedor del conflicto en los últimos meses al estar en las negociaciones con LAJS y funcionarios de justicia en este 2023,  es más que evidente, “porque de nuevo nos convocan a una reunión, ahora por separado pero no hay propuesta alguna”, indican los sindicatos

En esta tesitura, Luis Calero, secretario general del sector Administración de Justicia de FSC-CCOO, confirma a Economist & Jurist que se mantiene la concentración frente al Ministerio de Justicia de este miércoles 13. Al mismo tiempo, como el resto de organizaciones sindicales, no entiende a qué obedece estas reuniones bilaterales.

Con anterioridad a dicha reunión bilateral, CCOO hacia un resumen en un comunicado de los hechos hasta este mismo día invitando al resto de organizaciones sindicales a unirse a esta concentración. En esa cronología, reconocen que tras felicitar al nuevo Ministro de Justicia por su nombramiento, le pidieron una solución rápida a este conflicto que preocupa a los 45.000 funcionarios de Justicia. Aunque el pasado 5 de diciembre, Manuel Olmedo, pidió que se suspendieran las movilizaciones, estas se mantienen “pero se han mantenido porque a día de hoy no tenemos una propuesta de negociación por parte del Ministerio de Justicia”, indica Calero

Tambien mostraron su sorpresa cuando dos días después de que  la nueva  secretaria general del Ministerio de Justicia, Sofia Puente, se puso en contacto con CCOO pero más “de forma protocolaria que para abordar el conflicto  que sigue abierto con los funcionarios de justicia y que se detuvo ante las elecciones del 23J pasado”, aclaran desde esta organización sindical.

Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Nacional , cree que Justicia está obligada a un acuerdo para cerrar este conflicto (Imagen: CSIF Justicia)

En este contexto, se mantiene la movilización para este miércoles a las 12.30h a la que acudirán delegados y delegadas sindicales de CCOO ante el Ministerio de Justicia, solo por el momento aunque las reivindicaciones son las mismas a las que unen a los cuatro sindicatos CSIF, UGT, STAJ Y CCOO.

Un acuerdo como el de los lajs

Dichas reivindicaciones se resumen en un incremento del complemento general del puesto en cantidades equiparables a las pactadas con las asociaciones profesionales de lajs que rondan los 400 euros aproximadamente.

Junto a ello, el inicio de las negociaciones de las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital que quedaron sin aprobarse en la anterior legislativa ante el adelanto electoral. Textos legales en los que los sindicatos se han mostrado sobre todo en la organizativa beligerantes porque cree que deberían incluir el reconocimiento profesional y retributivo de sus funciones.

Por su parte, Javier Jordán de Urries, presidente de CSIF Justicia explicaba a Economist & Jurist que “vamos a acudir a  la cita «con ánimo constructivo, pero firme en sus planteamientos» y trasladará al Ministerio de Félix Bolaños que la prioridad para los 45.000 funcionarios de Justicia es «la apertura de una negociación para alcanzar un acuerdo que pueda poner fin al conflicto en la Administración de Justicia».

En su opinión, “por los contactos que hemos tenido con el Ministerio hay un compromiso para negociar, estamos en las fechas clave. Con la convocatoria que hemos recibido del nuevo secretario de Estado esperamos se abra el escenario a una nueva negociación para alcanzar un acuerdo similar al que llegó Justicia con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales”.

Al mismo tiempo, aclara que a respuesta de un escrito de CSIF del pasado mes de julio Comisarios europeos de Empleo y Derechos sociales y de Justicia e Interior, además, dejan clara la obligación y la responsabilidad de los Estados miembros (como España) de respetar y garantizar una negociación colectiva efectiva reconocida en el artículo 28 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Salarios y mejoras en la justicia

En el citado escrito, los comisarios europeos recuerdan que el pasado mes de junio, Consejo de la Unión Europea en su composición de Ministros de empleo, política social, sanidad y consumo (EPSCO), aprobó, en línea con el artículo 153 TFUE, una Recomendación a los Estados miembros de la UE para reforzar el diálogo social y la negociación colectiva estableciendo una serie de guías en la aplicación del artículo 8 del Pilar Europeo de Derechos Sociales. “Como se recuerda en esta respuesta de la UE, en el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2023 se destaca que un salario adecuado junto con la formación y cualificación del personal entre otras cuestiones, es un elemento básico para garantizar el buen funcionamiento de la Justicia”.

Por su parte, Alberto Garcia portavoz del sindicato STAJ en Madrid, también convocado, a esa reunión bilateral que no esperaban, aclara que “escucharemos lo que tenga que decir el secretario de Estado, pero lo que tiene que hacer es convocar la Mesa Sectorial y abrir a la negociación que llevamos buscando con ellos desde el pasado mes de abril sin resultado alguno ni con propuesta para llegar a un acuerdo”.

En un comunicado posterior  al filo de la medianoche señalaban que “desde STAJ, tal como expresamos al secretario de Estado en la carta remitida hace unos días,  apostamos por el diálogo y la negociación de nuestras reivindicaciones y de todas aquellas que  afectan a las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, pero si el Ministerio no se sienta a negociar, el conflicto se reabrirá”.

Tanto CSIF como STAJ piden al Ministerio de Justicia que regule el teletrabajo que fue suprimido recientemente “de forma segura y con garantías en toda la Administración de Justicia que fue suprimida el pasado mes de noviembre, pese a que fue efectiva y que responda a las condiciones establecidas al articulo 47 bis del TREBEP”.

Antonio Lozano, portavoz nacional de UGT Justicia, confía que el Ministerio haya aprendido de sus errores y cierre este conflicto con los funcionarios (Imagen: UGT)

Desde UGT, Antonio Lozano, su portavoz nacional de Justicia, reconoce, como hicieron las otras organizaciones sindicales, que había la petición de reunirse con Justicia para resolver este asunto pendiente. “No sabemos la hoja de ruta del Ministerio ni sabemos lo que van a hacer. Esta reunión viene por sorpresa y creemos que lo que hay que hacer es convocar la mesa sectorial de negociación antes de que acabe el año  para que les podamos exponer nuestras prioridades que con las cuestiones que quedaron pendientes antes del verano”. Dicen que “confía que el nuevo secretario de Estado haya aprendido de las situaciones  anteriores y no vuelva a caer en los errores de los últimos meses para así evitar de nuevo la conflictividad laboral. Hay que encauzar esta negociación por la via del diálogo y no de la confrontación porque sino sale perdiendo todo el mundo”.

Un conflicto detenido por el 23-J

Hay que recordar que el comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia -formado por estos cuatro sindicatos- suspendió en julio la huelga que iniciaron en abril por el adelanto electoral al 23J y a la espera de un nuevo Gobierno, entre quejas a la exministra Pilar Llop por «ineptitud» y haber adoptado una aptitud «enrocada y a la defensiva, porque nunca nos presentó propuesta alguna”, señalan.

En este contexto, tal y como fue informando Economist & Jurist al detalle de estos conflictos laborales y su resolución, los funcionarios reclaman un incremento de hasta 430 euros mensuales después de que el 28 de marzo los ministerios de Justicia y Hacienda firmarán un acuerdo -tras dos meses de huelga- con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que recogía un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales.

Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea, sin necesidad de que éstos acudieran a la huelga porque desde Moncloa se le pidió al que fuera en aquel entonces, secretario de Estado de Justicia, Tonxtu Rodriguez que impidiera por encima de todo cualquier huelga de jueces, como así logró.

A nivel económico,  el acuerdo con los LAJ representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros. Ambas cifras quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.