El abogado madrileño gana 45.700 euros al año, aunque no consigue conciliar

Los abogados madrileños ganan, en promedio, 45.700 euros anuales. Un 52% supera los 40.000 euros anuales. Evidentemente, existen diferencias significativas entre abogados, concentrándose en áreas acomodadas en el centro y norte de la capital aquellos con mayor nivel de ingresos. Esa cifra, la del 52% es también los abogados que encuentran problemas para conciliar la vida personal y profesional. Los datos forman parte de un estudio realizado conjuntamente por el Colegio de la Abogacía de Madrid y GAD3 en el que se analiza el estado de la profesión en la Comunidad de Madrid.

Las diferencias en el nivel de ingresos no varían solo según la ubicación, también hay diferencias en función de cómo y en qué destino profesional se ejerce la abogacía. Los colegiados de empresa son quienes más ganan de media (53.000 euros brutos anuales), seguidos por aquellos que trabajan en un organismo público (46.000 euros brutos anuales) y, en tercera posición, los que trabajan en despachos (43.600 euros/año).

Ingresos de la abogacía por zonas. (Imagen: ICAM)

También perciben ingresos superiores de media los no ejercientes (50.600 euros/año) respecto a los ejercientes (42.400 euros/año); y los asalariados cobran de media más (48.400 euros/año) que los autónomos (43.900 euros/año). Al final del ranking de ingresos se encuentran aquellos que se definen como ‘falsos autónomos’, que cuentan con 36.295 euros brutos al año de media. Respecto a franjas de edad, entre los ejercientes los mayores ingresos se encuentran en la franja de 45-55 años, seguida de los mayores de 65 años. También hay saltos significativos según la dimensión del despacho en el que se trabaje: los abogados ejercientes de despachos grandes son quienes más cobran de media, 57.000 euros brutos al año.

Un 52% de los abogados no puede conciliar

Un 52% de los abogados/as del ICAM declara tener algún tipo de dificultad a la hora de conciliar. Este porcentaje se incrementa al 58% en el caso de las mujeres y en los profesionales ejercientes. Por edad, a medida que esta aumenta los abogados declaran tener menos dificultades para conciliar. Por otro lado, los abogados que acuden a los tribunales muestran más problemas de conciliación que los que no lo hacen.

 En cuanto al tamaño del despacho, es en los despachos grandes donde se presentan las mayores dificultades de conciliación. Por nivel de ingresos, los colegiados en el ICAM comprendidos en el segundo decil (10K-20K) muestran más dificultades.

Respecto a las principales razones que dificultan la conciliación entre la vida personal y laboral, las personas encuestadas señalan la excesiva carga de trabajo, la duración de la jornada laboral y la dificultad para establecer límites y desconectar.

El 52% de los abogados tiene problemas para conciliar. (Imagen: ICAM)

Los hombres destacan la extensión de la jornada laboral en mayor medida que las mujeres. Estas últimas, en cambio, señalan la falta de apoyo de políticas públicas que ayuden a la conciliación.

Las mayores distancias respecto del resto de grupos entre los abogados jóvenes se dan en relación con la extensión de la jornada laboral y la falta de medidas de flexibilidad relativas al lugar de trabajo. El grupo de edad de 36 a 45 señala la falta de apoyo en políticas públicas y los mayores de 45 mencionan la sobrecarga de responsabilidades personales.

En los despachos más grandes destacan la carga de trabajo, la extensión de la jornada laboral, la falta de medidas de flexibilidad y la excesiva presión laboral como las razones principales que impiden conciliar. Por otro lado, en los despachos unipersonales señalan las dificultades para desconectar, las expectativas de los clientes y la sobrecarga de responsabilidades personales.

 En este sentido, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, señala que “el informe revela que una proporción considerable de abogados lucha por equilibrar el trabajo y la vida personal. Esto sugiere la necesidad de políticas y prácticas que promuevan un mejor equilibrio, como horarios más flexibles, soporte para el cuidado de los niños y ancianos, una cultura laboral más comprensiva y, sobre todo, normas que garanticen que los profesionales de la abogacía no estén sujetos a plazos improrrogables independientemente de su situación”.

Foto de familia tras la presentación del I Estudio sobre la situación de la abogacía madrileña. En la imagen se encuentran, entre otros, el decano del ICAM, Eugenio Ribón; el presidente de GAD3, Narciso Michavila y el magistrado del Supremo Manuel Marchena. (Imagen: ICAM)

El 68% de los abogados ejercientes son autónomos

El estudio del ICAM y GAD3 refleja que, dentro de la gran variedad que existe en la profesión, existe un denominador común: la mayoría de los colegiados en el ICAM ejercen la abogacía en un despacho (el 65%), mientras 2 de cada 10 (19%) son abogados de empresa, un 8% trabaja en la función pública y el 4 % se dedica a la docencia o a la investigación.El pluriempleo está presente en la profesión, con un 6% trabajando en más de una posición al mismo tiempo.

Respecto a las dimensiones de los despachos, una significativa proporción de abogados ejercientes, el 73%, trabaja en despachos pequeños (38%) o unipersonales (35%), en particular los abogados mayores de 45 años. Atendiendo a la edad, los jóvenes menores de 35 años tienden a trabajar en mayor medida en despachos más grandes (19%). En la abogacía de oficio, a la que están inscritos un 7% de los colegiados, priman los despachos pequeños (entre 2 y 10 personas) y, sobre todo, unipersonales:

El 68% de los abogados ejercites son autónomos. (Imagen: ICAM)

En cuanto al régimen laboral, más de la mitad de los abogados/as madrileños (el 52%) trabajan como autónomos. Entre los ejercientes, esta cifra crece hasta el 68%, mientras que en los no ejercientes se invierte la tendencia: siete de cada diez trabajan como empleado por cuenta ajena (72%). Un 5% se define como autónomo trabajando para un empleador, lo que conocemos como ‘falso autónomo’, siendo una situación más frecuente (hasta el 9%) en el caso de colegiados jóvenes ejercientes.  Contrariamente a la media, los abogados juniors, especialmente los menores de 35 años, tienden a inclinarse hacia el empleo asalariado, lo que sugiere un cambio en la tendencia laboral.

Siete de cada diez abogados jóvenes son asalariados

Entre la abogacía joven (menores de 35 años), predomina la presencia de mujeres colegiadas que suponen el 56% de los entrevistados. Por norma general, el abogado joven, en la mitad de los casos (54%), es ejerciente y en siete de cada diez casos trabaja en un despacho (71%).  En el caso de las mujeres, hay mayor proporción de ejercientes (56%) y que trabajan como abogado de empresa (24%). Siete de cada diez abogados jóvenes trabajan como asalariado (72%). Esta proporción es mayor entre las mujeres (75%) y entre los no ejercientes (84%).

Principales dificultades para la abogacía joven. (Imagen: ICAM)

Aunque el salario medio del abogado joven es de unos 35.000 euros brutos anuales, hay una notable diferencia según dónde ejerza la profesión: así, los abogados jóvenes que trabajan como abogados de empresa o en despachos grandes consiguen unos ingresos casi un 40% superiores, alcanzando los 43.300 euros de media. En el otro extremo se encuentran los jóvenes profesionales que ejercen en despachos medianos o pequeños, con unos ingresos medios de 27.900 euros/año, o en despachos unipersonales, con 23.900 euros brutos al año.

Los abogados/as jóvenes, en general, destacan la precariedad laboral y la falta de experiencia como las dificultades principales que se encuentran al iniciar su carrera profesional. Entre los jóvenes que son ejercientes destaca también una mayor dificultad en la captación de clientes que los no ejercientes. Los abogados/as jóvenes de despachos unipersonales muestran una mayor preocupación por la captación de clientes.  Sin embargo, en los despachos grandes destaca la alta competitividad como una inquietud relevante.

La mayor parte de los abogados jóvenes son asalariados. (Imagen: ICAM)

Vulneración del derecho de defensa

Un 71% de los abogados encuestados afirma haber experimentado algún tipo de maltrato, descortesía o restricción en el ejercicio del derecho de defensa. Los casos más frecuentes se dan en las áreas de Derecho Constitucional, Penal y Procesal.

Cómo ya observó en Economist & Jurist el delegado responsable de este área en el ICAM, Javier Mata, al analizar la relación entre la vulneración del derecho de defensa y el género, se observa que las mujeres superan la media en términos de casos de este tipo. En cuanto a la edad, el grupo más afectado por este tipo de situaciones se encuentra entre los 36 y 45 años.

Los abogados/as presentes en despachos han sufrido en un mayor porcentaje maltrato por parte de los tribunales (un 75% de media), no habiendo diferencias apenas según la dimensión del despacho: de los de mayor tamaño a los unipersonales, más de 7 de cada 10 profesionales denuncia haber pasado por algún tipo de estas situaciones. Sin embargo, la abogacía de empresa es quien menos han experimentado estas situaciones, descendiendo el porcentaje en este caso al 57%.

Entre aquellos abogados que afirman haber experimentado una vulneración del derecho de defensa, una mayoría significativa destaca las dilaciones en la tramitación de los procedimientos, los retrasos injustificados en la celebración de actuaciones judiciales y el trato desconsiderado verbal y escrito como las vulneraciones más frecuentes. De los abogados que han sufrido alguna clase de vulneración, un 96% declara haber experimentado 2 o más situaciones de este tipo.

Vulneración del derecho de defensa. (Imagen: ICAM)

Mientras los hombres declaran sufrir una limitación indebida de los informes orales en juicio, las mujeres señalan en mayor medida haber experimentado trato desconsiderado verbal o escrito.

 Llama la atención que más de la mitad de los abogados que han sufrido vulneración del derecho de defensa (61%) han optado por no hacer nada al respecto, un 29% lo denunciado en redes sociales o en su entorno profesional, un 19% ha presentado una queja en organismos de la Administración de Justicia y solo un 13% ha presentado una queja en el ICAM.

En esta encuesta realizada por GAD3 han participado 2.762 encuestados.